El atasco en SEPI tras Plus Ultra deja empresas al borde de la quiebra y a merced de los buitres

Pasto para los buitres. Así califican diversas fuentes del mercado la situación de muchas empresas con graves problemas financieros que están a la espera del rescate del Gobierno.

Según vaticinan, la judicialización del caso Plus Ultra ha provocado que los procesos de concesión de ayudas a empresas estratégicas en problemas por la crisis del coronavirus se ralenticen y todos los implicados sean más cautelosos a la hora de asignar las ayudas.

Prueba de lo anterior es que la propia SEPI ha decidido acudir ante la jueza por voluntad propia para pedir su beneplácito para entregar el segundo tramo del rescate a la aerolínea: 34 millones de euros como préstamo participativo que la magistrada, que ha imputado a toda la cúpula de la entidad gubernamental, ha decidido suspender cautelarmente a la espera de que Plus Ultra justifique la necesidad de estos fondos.

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En el mercado, no todos entendían por qué la SEPI acude al juzgado. Deloitte, que validó legalmente que el rescate a Plus Ultra reunía las condiciones exigidas en el BOE, ha aportado unos comentarios adicionales al caso en los que señala que las querellas no afectan al contrato firmado entre SEPI y Plus Ultra y debe proceder al desembolso previsto para el 28 de julio.

No es la única cautela que ha tomado la SEPI desde que se cuestiona el carácter estratégico de la aerolínea, cuyos detractores acusan al Ejecutivo de trato de favor para una aerolínea no estratégica, según su parecer, y con accionistas venezolanos conectados con el chavismo. Ahora, además, la sociedad de participadas dependiente de Hacienda solicita a los asesores de los rescates que sean más explícitos a la hora de apoyar la concesión de los mismos, según publicó 'Vozpópuli'. Una manera de trasladar la responsabilidad a los mismos y que, de nuevo, puede retrasar el desembolso de fondos, vital para las empresas solicitantes.

En este contexto, decenas de compañías se agolpan a las puertas del organismo presidido ahora por Belén Gualda para tratar de salir del apuro financiero en que viven después de un año y cuatro meses de pandemia y restricciones. En este caso, destacan especialmente todas las firmas vinculadas al turismo: Wamos, Air Nostrum, Hesperia, Room Mate, Hotusa, Soho, Serhs, Juliá, Transmediterránea, Naviera Armas, Mediterránea de Catering, Abades, Senator, Pangea, Albastar, Abba, etc.

Su situación es, si cabe, más delicada en este momento en que la quinta ola está frenando todas las expectativas de recuperación económica durante el verano. Por eso, muchas de estas compañías se están viendo abocadas a solicitar financiación a fondos de 'private lending' o capital 'distress', lo que en la jerga más popular se conoce como fondos buitre, que ofrecen oxígeno financiero, pero con altísimas rentabilidades, dado el nivel de riesgo que asumen.

Las fuentes consultadas aseguran que se están haciendo estructuras diversas, algunas de las cuales contemplan créditos convertibles, cuyo fin es quedarse las compañías a precio de coste si la situación es irrecuperable. Un panorama que afecta a las firmas vinculadas al turismo, hostelería y transporte, pero también a otros sectores. Grandes empresas como Abengoa, Grupo Villar Mir, Mediapro, Celsa o Reinosa Forgings & Castings (antigua Sidenor) también están a la espera de respuesta del Gobierno. De hecho, la solución para Abengoa pasa no solo por que la SEPI le otorgue 249 millones de euros, sino además que el capital lo tome un fondo de capital riesgo como Terramar.

Algunas de estas empresas en crisis ya han tenido que buscarse la vida en los mercados alternativos a la espera del rescate público. Este es el caso de Room Mate. La cadena de Quique Sarasola ha tenido que recurrir a Atitlan, fundado por Roberto Centeno, el yerno de Juan Roig (Mercadona). Sarasola solicitó este capital para aguantar hasta el verano, pero por ahora el rescate de SEPI no llega.

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Desde que se levantó el fondo de 10.000 millones de euros hace un año, cinco empresas han logrado ayudas de la SEPI. La primera fue Air Europa en noviembre, que se llevó 475 millones de euros. Posteriormente, en marzo, el Ejecutivo aprobó el rescate de Duro Felguera (120 millones), Plus Ultra (53 millones) y Avoris (320 millones). El siguiente no ha llegado hasta esta misma semana. Tubos Reunidos ha obtenido 113 millones de euros.

En total, el Ejecutivo ha otorgado 1.081 millones de los 10.000 que componen el fondo (casi un 11%). El diario 'La Información' apuntaba que SEPI quería acelerar la concesión de rescates en julio, pero por ahora los expedientes no acaban de desencallar. Paralelamente, Cofides, otra firma pública, quiere actuar sobre empresas de menor tamaño, pero de nuevo fuentes financieras ven que el retraso en ponerse en marcha aboca a las pymes y firmas más pequeñas a recurrir al capital alternativo para sobrevivir. Según comentan, la banca tradicional apenas participa en empresas cuya solvencia está tan en duda como son estos casos.

Y el problema más grande llegará tras el verano, detallan fuentes financieras. Si desde el ámbito público no se responde con celeridad, con el fin de los ERTE y cuando terminen los aplazamientos concedidos por el ICO, aflorarán con toda su fuerza los naufragios derivados de muchos meses de pandemia.