La jueza frena el rescate a Plus Ultra y suspende de forma cautelar un pago de 34M

La jueza Esperanza Collazos ha suspendido la entrega de 34 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra como parte del rescate aprobado por el Gobierno. "La existencia de este procedimiento penal justifica la suspensión de la entrega prevista para el día 28 de julio, sin perjuicio de que, si queda acreditada su pertinencia, se proceda a su entrega", argumenta en un auto del 21 de julio al que ha tenido acceso El Confidencial. La aerolínea tiene ahora cinco días para justificar la pertinencia de este desembolso, que se sumaría a los 19 millones ya recibidos.

La titular del juzgado de instrucción número 15 de Madrid indaga en el rescate a Plus Ultra desde el pasado abril, cuando acordó investigar tanto al vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora Toro, como al "resto de miembros del consejo de administración". En total, más de una decena de cargos del Gobierno entre los que figuran secretarias de Estado que ahora se ven salpicados por un posible delito de malversación de caudales públicos.

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En el marco de esta investigación, la SEPI le informó el 14 de julio de que iba a "cumplir con la obligación de desembolso del préstamo participativo" de 34 millones de euros "salvo que con anterioridad se haya recibido orden en contrario”. Según explican desde el organismo, presentaron también un informe de Deloitte en el que se consideraba correcta la entrega y la Abogacía del Estado apuntó a su vez a que no hacerlo podría suponer violentar la obligación contractual, pero la jueza ha optado por anularlo cautelarmente tras analizar también las alegaciones de la Fiscalía, del PP y de Vox.

El Consejo de Ministros aprobó el rescate en marzo por el carácter "estratégico" de Plus Ultra

"Pues bien, entendiendo que el desembolso de la cantidad de 34.000.000 de euros como préstamo participativo prevista para el día 28 de julio del presente dentro de un plan de viabilidad para la empresa Plus Ultra, debe ser justificada, habida cuenta la existencia de este procedimiento, las partes deberán acreditar la necesidad de la entrega para dicha viabilidad de forma que una entrega no justificada supondría un menoscabo patrimonial importante sin posibilidad de restauración", sostiene en el auto.

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El Consejo de Ministros aprobó el rescate en marzo por el carácter "estratégico" de Plus Ultra, una empresa con una cuota de mercado en el sector aeronáutico nacional que no llega al 0,1% y que, en la práctica, tiene el grueso de sus acciones en manos extranjeras. En concreto, de empresarios venezolanos a los que se vincula con el régimen de Nicolás Maduro.

Después de que 'VozPópuli' informara sobre los lazos de la aerolínea con el chavismo, la SEPI trató de justificar la concesión a la misma con tres informes previos que ofrecieron un resultado favorable. Estos análisis sostenían que la compañía cumple los requisitos para acceder al Fondo de Solvencia y que debe ser considerada estratégica tanto por su relevancia para la economía como por su papel en la conectividad aérea del país, un razonamiento que ahora está siendo investigado por la jueza.

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Pero las diligencias de Collazos no son las primeras que ponen el foco en Plus Ultra. Como destapó El Confidencial, Estados Unidos está investigando a dos accionistas venezolanos de la aerolínea: Héctor Antonio Tobía Roye y Flavio Pedro Antonio Bórquez Tarff. Ambos entraron en el capital de la compañía en junio de 2018 y ocupan un asiento en su consejo de administración, una maniobra que las autoridades estadounidenses consideran que puede estar relacionada con una trama de blanqueo de dinero a gran escala procedente de la corrupción chavista.

En cuanto a los principales accionistas, se trata de otros empresarios igualmente venezolanos: Rodolfo José Reyes Rojas, Raif El Arigie Harbie y Roberto Roselli, a los que se ubica en el entorno de la actual vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, con la que Ábalos se reunió en el aeropuerto de Barajas en secreto en enero de 2020. A Reyes Rojas también se le vincula con el empresario colombiano-libanés Alex Saab, que fue detenido en Cabo Verde en junio de 2020 y está pendiente de extradición a Estados Unidos, que le acusa de liderar una red de blanqueo de dinero del régimen chavista y actuar como testaferro del propio Nicolás Maduro.