El Tribunal de Cuentas investigará las ayudas de 53 millones de la SEPI a Plus Ultra

El Tribunal de Cuentas ha admitido a trámite la denuncia de Ciudadanos e investigará el rescate de la aerolínea Plus Ultra por 53 millones de euros por parte del fondo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para decidir si hubo un "presunto menoscabo de fondos públicos".

Así lo ha comunicado el órgano fiscalizador a la formación naranja, tras la denuncia presentada por la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, su portavoz adjunto en el Congreso Edmundo Bal y su eurodiputado Luis Garicano el pasado 7 de junio, según han informado desde esta formación.

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Europa Press

Ciudadanos había reclamado al órgano fiscalizador investigar la responsabilidad de todas las autoridades por esta operación para dirimir si existan infracciones contables, depurar cuánto dinero se ha desviado y asegurar el retorno del dinero a las arcas públicas.

Con la admisión a trámite, el Tribunal de Cuentas inicia la investigación sobre el escándalo, con la apertura de la "correspondiente pieza de Acción Pública" y designará a un instructor en su Sección de Enjuiciamiento, según han confirmado a Europa Press fuentes de la institución

Desde la formación naranja han celebrado que la denuncia "siga adelante" y esperan que el Tribunal determine la presunta existencia de infracciones contables, así como a los responsables, para esclarecer qué cuantía de dinero se ha desviado con este escándalo y quienes son los responsables, así como que ese dinero sea devuelto a las arcas públicas.

El TS archiva la querella de Vox

De forma paralela, el Tribunal Supremo ha archivado este mismo martes la querella presentada por Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la de Industria, Reyes Maroto, en relación a la concesión de fondos a Plus Ultra Líneas Aéreas S.A.. Según explica en un auto, los hechos no presentan indicios de la comisión por dichos aforados de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos objeto de la querella.

Con Andrés Martínez Arrieta como ponente, el Alto Tribunal recuerda la reiterada jurisprudencia de la Sala por la cual la mera publicación de informaciones en los medios de comunicación no puede justificar sin más la apertura de un procedimiento penal para investigar unos hechos si la querella que los incorpora, como es el caso, “no aporta u ofrece algún indicio de su comisión que pueda ser calificado como accesible y racional”.

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P. G.

“En esas condiciones, no cabe hablar de un verdadero ejercicio de la acción penal, sino de mera remisión al tribunal de una serie de informaciones difundidas públicamente por los medios de comunicación”, añaden los magistrados, que destacan que esa “mera remisión al contenido de las informaciones supone que quien interpone la querella no asume como propia la imputación de tales hechos ni, por ello, las responsabilidades que podrían derivarse de una eventual falsedad”.

El auto subraya que en este caso “los hechos relacionados por distintos medios de comunicación social son relevantes, en el sentido penal del término, y podrían ser investigados por los órganos encargados de ello, pero la imputación indiciaria a una persona, aforada ante esta Sala, requiere que existan indicios sólidos de la existencia de un delito y de la intervención del aforado”.