El juez rechaza parar la reestructuración de Celsa: "Dista de tener un aspecto saneado"

La pugna por el control de Celsa tiene un nuevo capítulo. El juzgado de lo mercantil número 2 de Barcelona ha desestimado la petición de la familia Rubiralta, los fundadores, de paralizar el plan de restructuración propuesto por los fondos tenedores de la deuda de la compañía siderúrgica, así como la suspensión de la designación del experto en restructuraciones. Una decisión que allana el camino para el cambio de propiedad, al considerar el magistrado que “la situación financiera del Grupo Celsa dista mucho de presentar un aspecto saneado”. El plan de restructuración y la designación del experto son dos de las herramientas preconcursales de la nueva ley concursal española.

Según han confirmado fuentes próximas al caso, el pasado martes, el juez echó abajo la reclamación presentada por el Grupo Celsa de suspender el plan de restructuración hasta que la Justicia no dirima las distintas demandas interpuestas por los Rubiralta contra Goldman Sachs y Deutsche Bank y el resto de ‘hedge funds’ que atesoran 2.400 millones de deuda del grupo. La familia solicitó medidas cautelares para detener la admisión del plan de reestructuración expuesto por los fondos, que, de aplicarse en su integridad, supondría 'de facto' que el 100% de las acciones en manos de los fundadores pasaría a ser de los acreedores, a cambio de condonar 1.100 millones de pasivo.

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Los Rubiralta también demandaron en su escrito, cursado el mismo día que el juzgado de lo mercantil número 9 de Barcelona recibió la presentación del preconcurso, que se anulara la designación de Lexaudit como experto en restructuraciones, primer paso para que el proceso de recapitalización echara a andar. Los abogados de la familia, representados por Cortes Abogados, uno de los bufetes más conocidos de Madrid, aseguraron que la elección de este árbitro era “irregular”, al no haber realizado el magistrado un análisis de la solvencia del deudor.

En otras palabras, para Celsa, el juez debería haber comprobado antes si la compañía estaba o no incursa en una de las situaciones de insolvencia actual, inminente o probable, valoración fundamental que los Rubiralta han defendido en sus diversas demandas contra los fondos. Por ello, en su opinión, se imponía la suspensión del procedimiento del juzgado número 9 de Barcelona hasta que una instancia superior determinase quién de las dos partes tenía razón.

Sin embargo, Rodrigo López González, el magistrado del juzgado de lo mercantil número 2, ha concluido que la prejudicialidad civil reclamada por Celsa “se construye a martillazos y en flagrante contradicción con la argumentación que le sirve de hilo conductor”, puesto que se pregunta que si el deudor es solvente y la resolución judicial lo ha ignorado debiendo contemplarlo, “¿para qué sirve la prejudicialidad?”.

Mala fe

En su escrito, los Rubiralta acusan a los acreedores de actuar de mala fe al presentar el plan de restructuración, que sustituye en cierto modo lo que en la anterior ley concursal se conocía como preconcurso. En concreto, de una utilización espuria del procedimiento por parte de los fondos para perjudicar a Celsa, al trasmitir una confusa e interesada señal al mercado de la delicada situación financiera del grupo siderúrgico catalán. Al difundir una imagen que para los actuales gestores es dañina, la empresa puede sufrir presión por parte de los proveedores y de las aseguradoras.

Pero el juez ha dictaminado que “habrá de convenirse que la situación financiera del Grupo Celsa dista mucho de presentar un aspecto saneado”. Según el auto, desde noviembre de 2019 la compañía no ha abonado las cuotas de amortización del préstamo Jumbo, por lo que la deuda líquida, vencida y exigible asciende a un importe total de 221,73 millones. Además, agrega que a esta cantidad ha de añadirse el inminente vencimiento de ese crédito Jumbo el próximo 31 de octubre, que incrementará la deuda en 1.000 millones. Por último, apunta que ese mismo día vencen otros 500 millones concedidos por Banco Santander, CaixaBank, Sabadell y BBVA.

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En su opinión, más de 1.700 millones de deuda vencida o a punto de vencer que “evidencian unas extraordinarias contingencias financieras difíciles de afrontar, teniendo en cuenta que la matriz operativa del grupo, la sociedad Barna Steel SA, cuantifica su saldo de caja a fecha junio de 2022 en algo más de 85 millones euros”.

Celsa, que ha sido condenada a abonar las costas, puede apelar esta decisión en la Audiencia Provincial de Barcelona.