Celsa consigue seis meses más de prórroga para repagar 525 millones a la banca

Celsa negocia a contrarreloj para hacer frente a sus obligaciones financieras después de que la mayoría de sus prestamistas en septiembre del pasado año presentase un plan de reestructuración. Mientras las posiciones con los fondos oportunistas, a los que adeuda 2.400 millones de euros, siguen distantes, a la espera de la decisión judicial, la familia Rubiralta ha conseguido que la banca española le conceda un periodo de gracia de seis meses para devolver la línea de crédito por importe de 525 millones.

Esta cantidad es la que Celsa utiliza de circulante. Sin ese dinero, el grupo siderúrgico español no dispondría de efectivo para acometer los pagos más urgentes, pese a que la compañía pasa por un gran momento de ventas. Ante esta coyuntura y tras la petición del Gobierno central y de la Generalitat de Catalunya de cuidar a esta compañía estratégica, Caixabank, Santander, BBVA y Sabadell han decidido prolongar el vencimiento de esos 525 millones hasta finales de abril.

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La banca no quiere aparecer ante la administración central y catalana como los malos de la película. Prefiere que sea el juzgado que administra la petición de reestructuración de los fondos el que dicte sentencia, salvo acuerdo previo entre los fundadores y los hedge funds, entre los que se encuentran Goldman Sachs y Deutsche Bank. Con el auto del juez y el administrador concursal sobre la mesa, las entidades financieras nacionales se sumarán a lo que dicte la autoridad competente.

Según fuentes cercanas al caso, el juzgado de lo mercantil de Barcelona que supervisa la situación de Celsa se pronunciará previsiblemente en febrero sobre la propuesta de los fondos oportunistas, que exigen la totalidad de las acciones del grupo industrial a cambio de una quita parcial de la deuda y un canje del pasivo por capital. Una solicitud a la que los Rubiralta, que fundaron la compañía hace cerca de cincuenta años, se niegan en rotundo por considerar que actúan con prácticas próximas a la usura.

Opinión

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El caso ha llegado a las puertas de Moncloa, que en diciembre modificó el real decreto que impide a inversores extranjeros comprar más del 10% del capital de una empresa considerada estratégica o activos valorados en más de 500 millones sin la autorización pública. Un veto que se ha extendido hasta diciembre de 2024. Celsa entra dentro de esa clasificación, por lo que el Gobierno tiene la última palabra sobre la intención de los fondos a expensas de la decisión judicial.

Espaldarazo de Sánchez

El mismísimo Pedro Sánchez, en una actuación inédita, solicitó al presidente de Deutsche Bank que colaborase de forma proactiva en alcanzar un acuerdo con los fundadores. Una petición que cayó en saco roto en el departamento de riesgos de la entidad alemana y de Goldman Sachs, que ven un gran riesgo en someterse a la exigencia de un Gobierno ante los impagos que se avecinan en el corto plazo, como demuestran los defaults de Telepizza, Pronovias, Ezentis y antes Mediapro, entre otras.

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En diciembre, Manuel de la Rocha, secretario general de Asuntos Económicos en Presidencia de Gobierno, reunió a los acreedores para conocer de primera mano el estado de la situación, además de deslizar a las partes el interés del Gobierno en que se llegara a un acuerdo que no fuera nocivo para los Rubiralta. No obstante, desde aquel momento, no ha habido avance en las negociaciones, mientras el juzgado ha reclamado a Celsa que entregue toda la documentación necesaria sobre los estados contables y financieros del grupo.

La situación de Celsa tienen en vilo a la banca y a los fondos de deuda que han prestado dinero en los últimos años ante la avalancha de concursos de acreedores provocados por la crisis económica. La atención está en cuál será la reacción del gobierno a la decisión del administrador concursal y del magistrado, si aplicará o no la norma conocida como decreto antiopas.