Deutsche Bank exige la dimisión de Francesc Rubiralta como presidente de Celsa

La hora de la verdad ha llegado para Celsa. Mientras el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona revisa las dispares valoraciones presentadas por el experto independiente y la familia Rubiralta, las negociaciones entre los acreedores y los fundadores del grupo siderúrgico se han intensificado en los últimos días. Según fuentes próximas a las conversaciones, Deutsche Bank y SPV, dos de los mayores tenedores de deuda de la compañía, exigen la salida de Francesc Rubiralta como presidente y consejero delegado.

Según estas fuentes, miembros de Lazard, banco asesor de la familia fundadora, viajaron la semana pasada a Londres para reunirse con los ocho hedge funds que acumulan unos 2.500 de los 3.200 millones de deuda neta que arrastra Celsa. La intención del banco de inversiones era tratar de acercar posturas para alcanzar un acuerdo aceptable por Deutsche Bank, SPV, Cross Ocean, Sculptor, Golden Tree, Capital Group y Attestor, los ocho fondos que en septiembre del pasado año solicitaron la aplicación de la antigua ley concursal ante el impago de obligaciones financieras por más de 1.000 millones por parte de la sociedad.

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Marcos Lamelas. Barcelona

Pedro Pasquín, presidente de Lazard España, fue quien lideró las conversaciones, en las que puso dos líneas rojas. La primera es que los Rubiralta mantendrán en cualquier caso el 51% del capital. La segunda, que seguirán al frente de la gestión, por lo que retendrían el puesto de presidente y consejero delegado. Según otras fuentes, la respuesta de los fondos fue que estaban dispuestos a negociar cambios en la propuesta de reestructuración planteada por la familia, que incluye la ayuda del Gobierno por 550 millones de euros, pero que en ningún escenario aceptarían que los fundadores tuviesen la mayoría del capital y continuasen al frente del consejo de administración.

Pese a que algunos de los acreedores han contemplado dejar las riendas del grupo siderúrgico en manos de Francesc Rubiralta, la desconfianza de Deutsche Bank del actual presidente es muy profunda, porque se han sentido engañados por las continuas maniobras legales, demandas incluidas, emprendidas por la familia para bloquear cualquier acuerdo.

De hecho, agregan que la propuesta actual de repartir el capital en la proporción de un 51-49% la pusieron los fondos en mayo de 2020 y fue rechazada con desprecio por el primer ejecutivo de Celsa. La postura de SPV, que compró el paquete de deuda que estaba en manos de Goldman Sachs, que ha salido de la operación, también es muy explícita respecto a Rubiralta

Goldman Sachs se ha salido de la operación al vender la deuda de Celsa, que ha pasado a manos de SPV, muy crítico con la familia

Los fondos quieren nombrar un nuevo consejero delegado y un consejo de administración profesional, en el que la familia tan solo tendría la representación proporcional a la participación que determine el juez de Barcelona. Su planteamiento, en realidad, no deja prácticamente nada a los Rubiralta, ya que su tesis es que las acciones de Celsa valen cero. Una conclusión que ha sido respaldada por el informe de Lexaudit, experto independiente nombrado por el magistrado, que calcula en entre 2.400 y 2.775 millones la tasación del grupo. Al tener una deuda bruta próxima a los 3.800 millones, en realidad los títulos tendrían una valoración negativa.

El cálculo de Deloitte

Por el contrario, como adelantó El Confidencial el pasado 9 de febrero, los fundadores del grupo catalán han presentado un informe realizado por AZ Capital en el que se sostiene que Celsa alcanzaría una capitalización de 6.000 millones, por lo que la participación de la familia sería superior a los 2.000 millones. Un cálculo realizado sobre la base de las cifras de cierre de 2022, en el que la sociedad logró una facturación próxima a los 6.000 millones y un beneficio operativo de cerca de 857 millones. Pese a estas cifras tan positivas, la compañía mantiene en su hoja de ruta usar los 550 millones concedidos por la SEPI el pasado verano y cuya aplicación estaba condicionada a un acuerdo con los fondos.

Sin embargo, los acreedores han encargado a Deloitte su propia valoración para defender su postura ante el juzgado. Según fuentes cercanas a la transacción, para la consultora, Celsa tendría una tasación de mercado próxima a los 2.200 millones, casi un tercio de lo que estima el banco de los Rubiralta y ligeramente inferior a lo estimado por Lexaudit.

Con esta horquilla de valor tan dispar, el juez va a convocar a las partes en los próximos días para escuchar su argumentación y tomar una decisión sobre quién se queda con el control de Celsa. En octubre, cuando la familia pidió la paralización del proceso judicial, el magistrado aseguró que la compañía "dista de tener un aspecto saneado".