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El ICO se cubre de posibles conflictos con los bancos ante futuros casos Celsa
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El ICO se cubre de posibles conflictos con los bancos ante futuros casos Celsa

El instituto público podrá pedir a la Abogacía del Estado que lo represente en caso de que haya riesgo de que las entidades no defiendan correctamente sus intereses

Foto: El presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo. (EFE/Mariscal)
El presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo. (EFE/Mariscal)
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El Instituto de Crédito Oficial (ICO) le ve las orejas al lobo y se pone a resguardo. El organismo, que avaló 92.000 millones en liquidez recibida por grandes empresas, pymes y autónomos durante el covid, podrá a partir de ahora solicitar la ayuda de la Abogacía del Estado en determinados concursos y reestructuraciones. Será en los que crea que los bancos no van a defender adecuadamente sus intereses.

Fuentes legales consultadas por este medio señalan que este cambio legal, introducido en un real decreto de final de 2022, ha llegado tras lo observado en el plan de reestructuración de Celsa, todavía en marcha. Aunque el grueso de la deuda está en manos de fondos, el Gobierno ha visto el riesgo económico y reputacional a que se expone en este tipo de procesos y ha decidido blindarse, según estas fuentes.

Foto: Celsa Group.

Desde el ICO, niegan que el cambio se deba a ningún caso concreto y remarcan que no ha habido ningún choque con los bancos que tienen créditos con avales concedidos a la compañía de la familia Rubiralta.

Aun así, los posibles conflictos de interés de las entidades son una amenaza latente desde que el ICO decidió delegar la reclamación de las deudas impagadas a los bancos. Junto a los créditos con avales, los grupos financieros tienen préstamos corrientes con la mayoría de compañías, en los que se juegan más dinero. Por ello, en caso de colisión de intereses, lo normal es que defiendan los suyos frente a los del Estado. Las entidades distribuyeron 122.377 millones en créditos de la Línea Liquidez Aval Covid-19, de los que su riesgo es de menos de 30.000 millones de euros, un 25%. El resto de las potenciales pérdidas tendría que ser asumido por el ICO.

Nuevo actor

Las fuentes consultadas creen que la entrada de la Abogacía del Estado en defensa del ICO se va a ceñir a casos de gran envergadura y relevancia mediática. Temen, eso sí, el foco con el que entrará el Estado en concursos y planes de reestructuración, "a los que no están acostumbrados".

Foto: Foto: iStock.

La Abogacía del Estado podrá entrar en escena por petición del ICO o por decisión del juez: "Asumirán la representación y defensa de los créditos derivados de los avales públicos regulados en esta disposición cuando el juez aprecie la existencia de conflicto de intereses o cuando por dicho motivo la Abogacía General del Estado, previa propuesta del Instituto de Crédito Oficial, entienda que la representación y defensa debe asumirse separadamente de la de los créditos de la entidad financiera", expone el real decreto.

Al margen de esta novedad legal, el real decreto aprobado a finales de 2022 por el Gobierno está permitiendo flexibilizar los rescates de empresas con créditos ICO, como publicó este medio.

Uno de los cambios para ello es la posibilidad de bifurcar los votos de los créditos ICO. Así, en el caso de una empresa con el plan de reestructuración bloqueado por la falta de respuesta de la Agencia Tributaria (paso necesario en muchos casos), la entidad podrá votar con su 20-30% no avalado.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) le ve las orejas al lobo y se pone a resguardo. El organismo, que avaló 92.000 millones en liquidez recibida por grandes empresas, pymes y autónomos durante el covid, podrá a partir de ahora solicitar la ayuda de la Abogacía del Estado en determinados concursos y reestructuraciones. Será en los que crea que los bancos no van a defender adecuadamente sus intereses.

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