Moncloa recibe a los fondos de Celsa en una primera reunión urgente para acelerar el traspaso de poder

Los fondos acreedores de Celsa mantuvieron este martes la primera reunión con el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez. El objetivo es ejecutar la reciente sentencia judicial que les da el control del capital de Celsa, inmediatamente después de que la Moncloa lo autorice. Según aseguran fuentes financieras, Manuel Martínez Fidalgo, representante de Deutsche Bank, Attestor y el resto de hedge funds, se vio ayer con Manuel de la Rocha, la mano derecha del Ejecutivo socialista, para solicitar formalmente la aprobación gubernamental.

Según estas fuentes, De la Rocha ha insistido a los fondos acreedores que, en aplicación de la ley antiopas, el visto bueno se les concederá si cumplen una serie de condiciones esenciales para garantizar el futuro de Celsa. Entre otras, que se mantenga la sede social en España, aunque la cabecera se traslade a Luxemburgo, hecho que ya aceptaba la familia fundadora (los Rubiralta); que la toma de decisiones operativas continúe en Barcelona, y que se mantengan los puestos de trabajo para evitar cualquier conflicto laboral. Otro de los requisitos es que Celsa tenga un presidente español y con conocimiento del mundo industrial catalán.

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La reunión ha sido calificada de cordial por las partes, que entienden la trascendencia de una decisión judicial que creará jurisprudencia y de la que estaban pendientes numerosas empresas nacionales y los principales fondos de inversión del mundo. Por ello, desde la Moncloa comprenden que Deutsche Bank, Attestor, Sculptor, SPV, Cross Ocean, Golden Tree y Capital Group tienen derecho a quedarse con la mayoría del capital de Celsa. Los nuevos dueños, por su parte, empatizan con la especial sensibilidad del Gobierno ante una operación inédita y que tiene en vilo a los cerca de 9.000 empleados del grupo siderúrgico.

Pero, además, la decisión judicial se ha mezclado inesperadamente con las negociaciones de investidura. Dada la importancia de Celsa en Cataluña y las muestras de apoyo público y reiterado del Ejecutivo de la Generalitat a la familia Rubiralta, la Moncloa no quiere que la toma de control de la compañía siderúrgica fundada hace 50 años en Catellbisbal suponga un escollo en las negociaciones con ERC y Junts para la investidura de Pedro Sánchez.

Además, desde el Gobierno central se quiere poner una línea roja para que, en futuros casos, este tipo de inversores sepan que, respetando la ley, deberán cumplir una serie de condiciones para hacerse con compañías nacionales que no hayan podido superar una situación de crisis de deuda, como le ha ocurrido a Celsa.

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La de ayer fue la tercera reunión que Deutsche Bank y el resto de acreedores mantienen con De la Rocha. La anterior, ya con el proceso judicial en marcha, fue en mayo, como publicó El Confidencial, una vez que el banco alemán había contratado los servicios de José Luis Rodríguez Zapatero. La anterior fue en diciembre de 2022, cuando la Moncloa se decantaba por proteger a los Rubiralta. Hasta el punto de que Pedro Sánchez intermedió por ellos ante el presidente mundial del grupo financiero germano.

Ahora, una vez comunicada ya formalmente la petición de autorización, el Gobierno cuenta con un máximo de tres meses para aprobar o no el traspaso de la propiedad de Celsa. No obstante, los fondos esperan que la operación pueda certificarse antes.