El juez rechaza el último intento de Rubiralta para impedir la expropiación de Celsa

El último intento de los Rubiralta para evitar que las acciones de Celsa acaben en manos de sus acreedores en las próximas semanas ha caído en saco roto. El titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona ha rechazado los dos últimos recursos presentados por la familia fundadora contra el plan de reestructuración de la deuda del grupo siderúrgico, que supondrá que el 100% del capital pase a manos de una serie de fondos de inversión liderados por Deutsche Bank, HSBC y SPV.

Según aseguran fuentes próximas a la batalla que enfrenta a los Rubiralta con los fondos especulativos tenedores de la mayoría de su pasivo, que supera los 3.500 millones de euros, el magistrado Álvaro Lobato ha decidido "desestimar el recurso de reposición interpuesto ante la providencia de fecha 27 de abril de 2023 que se confirma en su integridad". Además, ha ordenado "desestimar la pretensión del Grupo Celsa de archivar el presente procedimiento de homologación o acordar la suspensión de este".

El auto se refiere a la petición cursada por los Rubiralta hace un mes en la que esgrimían la posible inconstitucionalidad de la homologación del plan de reestructuración presentada por los fondos acreedores el pasado mes de septiembre, el mismo día que entraba en vigor la nueva ley concursal. Una hoja de ruta rubricada a finales de marzo y que el juez daba por buena tras analizar los informes de los expertos independientes contratados por las partes.

La familia se opone totalmente a esta reestructuración, ya que perdería la totalidad de las acciones del grupo catalán fundado hace cerca de 50 años. Por ello, pidió al juez que elevara una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ubicado en Luxemburgo, para que se pronunciara sobre si es posible aprobar un plan de reestructuración sin el consentimiento del deudor y sin que pueda recurrir la resolución que se dicte.

Los Rubiralta también solicitaron al juez Lobato que planteara dos cuestiones de inconstitucionalidad. La primera, en relación con el artículo 640.2 del Texto Refundido de la Ley Concursal (que permite homologar los planes sin la aprobación de los socios si la empresa está en situación de insolvencia actual o inminente), por violar supuestamente la libertad de empresa recogida en el artículo 38 de la Constitución. La segunda cuestión se refiere a la violación de la tutela judicial efectiva por no permitir la impugnación del auto de homologación.

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El juez añade en su auto que "contra esta resolución no cabe recurso alguno", por lo que rechaza el intento de los Rubiralta de paralizar la reestructuración del capital con el objetivo de seguir ganando tiempo. La batalla con los fondos se inició hace justo tres años, cuando Celsa no pudo atender el vencimiento de uno de los pagos de sus bonos. Situación que se repitió en noviembre de 2020 y que ha provocado que la deuda vencida e impagada supere los 1.000 millones de euros.

El Gobierno, neutral

Aunque los hedge funds propusieron a la familia un acuerdo por el que mantendría el 51% del capital, los empresarios catalanes rechazaron de pleno ceder ni una sola acción a estos fondos. De hecho, los tildaron de usureros, al querer quedarse con la compañía pagando solo el 20% del valor de la deuda que los bancos españoles vendieron en el mercado secundario. Santander, Sabadell y CaixaBank, entre otros, se desprendieron de ese pasivo por el riesgo de no cobrar nunca sus préstamos y dado que, al ser de alto riesgo, los tenían que provisionar en sus cuentas.

Santander, Sabadell y CaixaBank, entre otros, se desprendieron de ese pasivo por el riesgo de no cobrar nunca sus préstamos

Tras meses de negociaciones y un intento de rescate por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que le concedió un préstamo de 550 millones, pero sujeto al acuerdo con los acreedores, el futuro de Celsa ya solo depende del auto final del juez y de la aprobación por parte del Gobierno de la toma del capital por parte de los acreedores. La Moncloa, que junto con la Generalitat se había posicionado a favor de los Rubiralta en esta guerra, ya no está, tras la intermediación de la firma de asuntos públicos asesorada por José Luis Rodríguez Zapatero, en contra de la postura de los fondos, que le garantizan la españolidad de la compañía y el mantenimiento de los puestos de trabajo.

El Ejecutivo, que se reunió con Deutsche Bank y el resto de fondos a finales de abril, tiene la potestad de autorizar o rechazar la operación de reestructuración en aplicación de la conocida como ley antiopas. Una norma aprobada tras la aparición del covid-19 y extendida la pasada Navidad hasta finales de 2024 por la que supervisa la toma de control de empresas estratégicas por parte de inversores extranjeros de la Unión Europea.