Los fondos piden al Gobierno la toma de control de Celsa y el despido de los Rubiralta

Los acreedores de Celsa, liderados por Deutsche Bank, cantaron este lunes victoria tras la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona. Un auto firme que les otorga la propiedad del primer grupo siderúrgico español, propiedad hasta hoy de la familia Rubiralta. Para ejecutar el dictamen del juez, los prestamistas van a pedir de forma inminente al Gobierno en funciones el permiso para canjear unos 2.500 millones de euros de deuda ya impagada por casi el 100% de la compañía catalana, cuyos administradores, en caso de obtener el nihil obstat gubernamental, serán despedidos sin dilación.

Según confirman fuentes financieras, Houlihan Lokey, asesor de Deutsche Bank, SPV, Cross Ocean, Sculptor, Golden Tree, Capital Group y Attestor, los principales acreedores de Celsa, van a cursar al Ministerio de Economía la petición de que les autorice la toma de control del grupo catalán. Una obligación que se deriva de la conocida como ley del escudo antiopas, aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en 2020 con motivo de la pandemia.

El objetivo inicial era proteger a las empresas cotizadas afectadas por el covid de acercamientos hostiles de inversores extranjeros. En la Navidad de 2022, a pesar de que la pandemia y sus efectos sobre la economía no eran ni una sombra de lo que fueron, el Ejecutivo no solamente no retiró la medida, sino que la amplió para compañías no cotizadas.

La ley establece el requisito de la aprobación gubernamental para comprar más de un 10% de una sociedad listada en bolsa o activos de una compañía por más de 500 millones. Como, además, Celsa había sido calificada como una empresa estratégica para garantizar la producción siderúrgica de España en caso de una emergencia nacional, la Moncloa tiene la última palabra para autorizar que la propiedad del grupo fundado hace 50 años por la familia Rubiralta pase ahora a manos de una serie de fondos que habitualmente toman sus decisiones en Londres y tienen las sedes de sus filiales en Luxemburgo y Países Bajos.

Como publicó El Confidencial en diciembre de 2022 y el pasado mes de mayo, Deutsche Bank y el resto de fondos ya han mantenido varias reuniones con Manuel de la Rocha, el hombre de confianza de Pedro Sánchez para asuntos económicos. Si bien en una primera instancia el Gobierno se decantó por apoyar la versión de los fundadores, quienes pidieron al líder socialista expresamente que hablara con el presidente mundial del banco alemán, en los últimos encuentros, el Ejecutivo se ha mostrado más equidistante ante la más que previsible sentencia del juez y el impacto internacional de una sentencia que usa por primera vez la ley concursal aprobada precisamente por el Gobierno en septiembre de 2022.

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Curiosamente, los Rubiralta habían solicitado al juez el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad en relación con el artículo 640.2 del texto refundido de la ley concursal (que permite homologar los planes sin la aprobación de los socios si la empresa está en situación de insolvencia actual o inminente), por violar supuestamente la libertad de empresa recogida en el artículo 38 de la Constitución. En otras palabras, los fundadores de Celsa ponen en tela de juicio la norma que entró en vigor en septiembre de 2022 y con la que el Gobierno de Sánchez pretendía facilitar la supervivencia de empresas en problemas de insolvencia con procesos rápidos, con independencia de quién se quedara como dueño de los activos.

Nuevo equipo gestor

Una decisión que fue mal recibida en el Ministerio de Economía y en el de Hacienda, que el verano pasado aprobaron la concesión de un rescate a Celsa por 550 millones de euros con cargo a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la mayor ayuda —pendiente de ejecución, por la falta de acuerdo con los fondos— otorgada a una empresa afectada por la pandemia.

Los fondos ya tienen apalabrado un nuevo consejo de administración y cúpula directiva, pendientes solo de la ejecución de la sentencia

A la espera de la decisión de la Moncloa, los fondos ya tienen apalabrado un nuevo consejo de administración y cúpula directiva, pendientes solo de la ejecución de la sentencia. Tal y como reconocieron en el juicio celebrado a principios de julio, Deutsche Bank y el resto de acreedores ya "estaban llevando a cabo gestiones con la finalidad de incorporar un nuevo equipo gestor", que se encargaría de diseñar la política industrial de Celsa.

Por tanto, según otras fuentes, los fondos propondrán la destitución inmediata del órgano de gobierno del grupo siderúrgico, en el que está la familia Rubiralta, acompañada de Jorge Sendagorta Gomendio (Sener), Javier Pujol Arigas (Ficosa) y Javier Cortés, abogado de los fundadores, secretario del consejo y artífice de la batalla jurídica.