El juez valida que los fondos tomen el control de Celsa y diluyan a los Rubiralta

La batalla entre los acreedores y la familia Rubiralta por el control del Grupo Celsa ha llegado a su fin. Al menos por la vía judicial. El Juzgado de lo Mercantil Número 2 de Barcelona ha acordado homologar el plan de reestructuración del grupo siderúrgico presentado por los fondos liderados por Deutsche Bank, que, de facto, supone la toma de control de casi el 100% de las acciones de la empresa catalana. La sentencia, contra la que no cabe recurso, rechaza la posición de los fundadores, que se habían opuesto con numerosos escritos y presiones políticas a entregar la propiedad del holding.

El juez Álvaro Lobato del Juzgado de lo Mercantil Número 2 de Barcelona ha validado la propuesta de Deutsche Bank, SPV, Cross Ocean, Sculptor, Goldent Tree, Capital Group y Attestor, que consideraban que la única forma de sacar a Celsa del impago de cerca de 1.500 millones de euros era convertir 1.290 millones de deuda en acciones. En otras palabras, quedarse con la propiedad del grupo fundado hace 50 años en Cataluña ante el incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de los Rubiralta desde mayo de 2020.

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La familia, que se había apoyado en la Generalitat e incluso en Pedro Sánchez para presionar a los acreedores, había calificado el plan de los fondos como “fraude procesal” para quedarse con las acciones de Celsa por una “vía expeditiva y blindada”, con el fin de “materializar las plusvalías que tanto llevan esperando”. Unas aseveraciones con las que ponían de manifiesto que los acreedores se hicieron con la deuda en el mercado secundario, a apenas un 15% de su valor, cuando los principales bancos de España, como Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell, la vendieron a descuento para no asumir el riesgo de impago.

Los Rubiralta podrán ahora comprobar si el ejercicio de lobby hecho con el poder ejecutivo rinde sus frutos. La sentencia deja a la familia fundadora en manos de la Moncloa, con poderes para vetar la entrada de accionistas extranjeros en el accionariado, gracias al escudo antiopas vigente hasta finales de 2024.

Valoraciones dispares

En el juicio celebrado antes de las vacaciones, los Rubiralta defendieron a través de sus abogados, entre los que destaca el equipo de Cortes, que Celsa tenía un valor real de 6.000 millones y que podía acometer el pago de sus deudas. Una tasación, validada por Lazard, que estaba muy lejos del informe de Lexaudit, firma designada por el juez para calcular el valor del grupo y que oscilaba entre los 2.400 millones y 2.775 millones.

En su fallo, el juez defiende que el plan propuesto por los acreedores "es la única alternativa viable a medio plazo para la totalidad del Grupo Celsa" y añade que, "en una moderna economía competitiva, el mercado es y debe ser el único árbitro de la supervivencia económica". No obstante, la sentencia también advierte a los acreedores de que "deben cumplir estrictamente sus compromisos, preservando e incrementando el valor de la compañía, manteniendo su integridad, conservando los puestos de trabajo, y ello sin alterar los centros estratégicos de decisión que tanta relevancia tienen para la economía en su conjunto".

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Además de por la propia relevancia de la empresa y de sus dueños, esta sentencia era esperada con mucha expectación por sus implicaciones para la interpretación de la nueva Ley Concursal, algo que también pone de relieve el juez en su escrito. Así, entre otras cuestiones, la sentencia plantea que el "que esta nueva situación, en sintonía con lo que sucede en las economías más competitivas del mundo, sea una buena noticia para todos dependerá del uso responsable de las extraordinarias facultades de decisión que se conceden a los acreedores, del cuidado y protección de todos los intereses en juego y de la preservación del valor empresarial y la continuidad de las compañías".