El juez reprueba los informes sobre Celsa de PwC, Lazard y BDO: "Es cirugía contable"

La sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona sobre la propiedad de Celsa marcará un antes y un después en España en lo relativo a las disputas entre accionistas y acreedores, batalla que hasta la entrada en vigor de la nueva normativa concursal aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez inclinaba la balanza a favor de los primeros. El auto del juez Álvaro Lobato es muy explícito contra la familia Rubiralta, fundadora del grupo siderúrgico, a la que acusa de dificultar por todos los medios posibles la toma de control por parte de los prestamistas. Pero también contra su nutrido batallón de asesores, a los que cuestiona sus números y conclusiones.

"En el escenario concreto de aquí y ahora, la única alternativa viable del Grupo Celsa es el plan de reestructuración propuesto por sus acreedores. Comprendo perfectamente que a los socios [los Rubiralta] no les gusten, pero, como ya he dicho antes, no son ellos sino los acreedores quienes reparten las cartas", sentencia Lobato, que asevera que la compañía "se encuentra en una situación de insolvencia actual en la medida en que no puede atender el pago de los créditos financieros vencidos (cerca de 2.400 millones), líquidos y exigibles que adeuda a sus acreedores".

Desde estas conclusiones tan contundentes, el juez retrata el papel de PwC, DBO, AZ Capital, Lazard y el profesor Lainez, que han actuado de asesores de los Rubiralta, como peritos y bancos de inversión tasadores. El magistrado enumera lo que considera errores de bulto en los informes, como omitir la deuda impagada por parte de PwC y Lainez para afirmar que Celsa era viable. "Los excluyen de la valoración de la insolvencia de un modo injustificado y completamente arbitrario, teniendo en cuenta que Celsa no abona una cuota de la ingente cantidad adeudada desde el año 2019", expone el titular del Juzgado de lo Mercantil 2 de Barcelona. Lo llama "cirugía contable", por amputar esa deuda con la que se defiende la solvencia del grupo.

"Para utilizar un símil sanitario, es como si un diagnóstico médico concluyera afirmando que el enfermo goza de muy buena salud porque presenta unos excelentes resultados analíticos, pero su corazón ha dejado de funcionar", subraya para criticar el papel de los peritos. "Siempre he sostenido, y particularmente en este procedimiento, que la fortaleza o debilidad de un informe pericial no puede evaluarse exclusiva o principalmente atendiendo al vehículo contractual del encargo, sino a la calidad intrínseca de su contenido. Un informe pericial no se debe descartar ni devaluar en función de quién lo haya encargado o en función de quién satisfaga los honorarios profesionales del experto".

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Pedro del Rosal

El juez entiende que los sesgos forman parte del ser humano y que son inevitables. Pero agrega que “una cosa es una inclinación natural e inconsciente y otra muy distinta una voluntad deliberadamente consciente de favorecer una determinada interpretación. Un informe pericial debe observar los estándares de objetividad acuñados por la disciplina científica”.

Lobato también tira de las orejas a Lazard y a BDO, cuyos informes elevaban el valor de Celsa, en entre 5.797 y 6.688 millones en caso del banco, muy lejos de la horquilla de entre 2.400 y 2.800 millones del experto independiente (Lexaudit y Grant Thornton) nombrado por el juzgado. El directivo de Lazard se lleva un rapapolvo por parte del juez ("no valora compañías de modo objetivo e independiente"), así como la consultora, a los que crítica por basar sus conclusiones en las proyecciones realizadas por PwC por indicación de los Rubiralta.

El magistrado indica que el plan de negocio aprobado en enero de 2023 tiene "escasa consistencia" porque el equipo directivo había elaborado otras estimaciones "sustancialmente distintas" en octubre y junio de 2022. "Tal volatilidad o variabilidad, que por su propia naturaleza no pueden experimentar alternaciones temporales tan bruscas, debería de haber alertado a los equipos de Lazard y BDO respecto a su fiabilidad", expone la sentencia, que anima al banco y a la consultora a contrastar tales cifras por un "ejercicio de elemental prudencia".

El magistrado indica que el plan de negocio aprobado en enero tiene "escasa consistencia"

Especialmente porque, según su versión, "no es posible obviar el escasísimo acierto de las previsiones y las expectativas elaboradas por el equipo directivo de Celsa en el pasado", en relación con el incumplimiento de las cifras de ventas y ebitda del plan estratégico 2017-2022 con el que se validó la anterior refinanciación. Los Rubiralta, con la ayuda de PwC, estiman un crecimiento sostenido hasta 2030 con unos márgenes y rentabilidades que "se sitúan un 70% por encima de la media histórica del grupo", lo que para el juez "no se corresponde con las previsiones del mercado sobre el sector siderúrgico".

"La debilidad de ambos informes se residencia en su más que cuestionable base empírica. Los datos que se introducen en la batidora de la fórmula de descuentos de flujos de caja adolecen de una insuperable falta de precisión", apunta Lobato, que apostilla que Lazard y BDO sobrestiman muy acusadamente el valor del Grupo Celsa. Su conclusión es que, si la compañía fue viable, como explican sus asesores, no hubiera pedido una ayuda al Estado de 550 millones.