Rubiralta valora Celsa en 6.000 M y suscita cuestiones incómodas sobre el rescate público

La batalla por la propiedad de Celsa entra en su fase definitiva después de casi tres años de disputas entre los Rubiralta y los acreedores. Según fuentes próximas a las negociaciones, la familia fundadora defiende que el primer grupo siderúrgico español tiene un valor de 6.000 millones de euros, tasación que usa para atacar a los fondos oportunistas, a los que acusa de querer quedarse con la compañía tras comprar deuda por apenas 250 millones. Pero, a la vez, pone en apuros al Gobierno, que ha aprobado un rescate de 550 millones a una empresa que tiene semejante capitalización.

Los Rubiralta sostienen que Celsa vale esos citados 6.000 millones, según dos informes elaborados hace unos días por Lazard y AZ Capital, los dos asesores contratados para la pugna con los acreedores. Los dos bancos de inversión de la familia que fundó la multinacional catalana hace ahora 50 años han utilizado su actual beneficio bruto de explotación (ebitda) para argumentar que, en el caso de que cotizara en bolsa, el grupo siderúrgico tendría ese valor de mercado, lo que lo situaría por tamaño en el puesto 20 del Ibex 35.

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Un ebitda que, a falta del cierre oficial de las cuentas de 2022, alcanzará una cota histórica, por encima de los 700 millones, por el impacto positivo de la guerra en Ucrania y el cierre hasta hace poco del mercado chino. Sin embargo, pese a estos excelentes resultados, Celsa no puede atender el pago de su deuda, que asciende a cerca de 3.500 millones, teniendo en cuenta el pasivo de sus filiales en el exterior. De esta cantidad, más de 1.000 millones están ya en situación formal de impago.

Por ello, la familia y los acreedores llevan tiempo buscando una solución que para los Rubiralta pasa por aceptar los 550 millones de préstamos públicos aprobados por la SEPI y exigir una quita de 1.000 millones a los acreedores. Para los fondos, entre los que se encuentran Deutsche Bank y Goldman Sachs, la salida es la conversión de una buena parte de la deuda en capital y quedarse con el 100% de las acciones, tal y como han reclamado ante un juez, al aplicar por primera vez la nueva ley concursal aprobada por el Gobierno el pasado verano.

Teniendo en cuenta que Celsa tiene una deuda total de 3.500 millones, las acciones del grupo tendrían un valor de 2.500 millones, al restar el pasivo a la valoración de 6.000 millones realizada por Lazard y AZ Capital. Un patrimonio que, según otras fuentes, contrasta con la solicitud de una quita a los acreedores y, sobre todo, con la petición de una ayuda al Estado de 550 millones, la mayor de las aprobadas por el Gobierno para una empresa afectada por la pandemia. Un dinero que está bloqueado porque requería de un acuerdo entre las partes que sigue sin llegar.

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Esa tasación es la referencia utilizada por los Rubiralta para enfatizar que los fondos quieren aprovecharse de una empresa que, una vez superado el covid, es rentable. Con los 250 millones invertidos en comprar la deuda vendida a descuento por la banca española en 2019, tendrían una empresa de 2.500 millones. Pero, especialmente, como punto de partida para unas negociaciones que se han reanudado ante la inminente decisión del juez que supervisa la reestructuración societaria de Celsa.

La palabra de la Moncloa

Los Rubiralta, que hasta la fecha se negaban a que Deutsche Bank, Goldman y los otros seis acreedores se quedaran con una sola acción de la compañía, están dispuestos a ceder el 49% del capital, opción que los fondos propusieron en mayo de 2020 y que la familia rechazó de pleno. Los fondos sostienen que esta valoración es un brindis al sol, porque el negocio del acero ha sido históricamente cíclico y competidores de la compañía catalana cotizan ahora a cerca de dos veces el ebitda y no a seis, como sostienen Lazard y AZ Capital en nombre de la familia.

La última palabra la tiene la Moncloa, que en diciembre renovó por dos años el real decreto antiopas que impide que accionistas o acreedores compren más del 10% de una compañía calificada como estratégica. La situación es insólita, porque se desconoce qué tendrá más fuerza de ley, si la decisión del juez o la posición del Gobierno, que hasta la fecha se ha posicionado a favor de los Rubiralta. Sin embargo, la valoración de los 6.000 millones pone en aprietos al Ejecutivo del PSOE y de Unidas Podemos, que tendrá que justificar una ayuda pública a una empresa que, según sus dueños, vale tanto.