EiDF remite a la CNMV un informe de KPMG que rechaza las irregularidades detectadas por Deloitte

EiDF, la compañía de energías renovables presidida por Fernando Romero, ha remitido este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores un informe de KPMG que niega las presuntas irregularidades detectadas por Deloitte en la contabilidad de la compañía. El documento concluye que no hay indicios de que se haya producido ninguna infracción civil, mercantil o penal en la gestión de EiDF y que tampoco se aprecian perjuicios a terceros.

El informe marca otro hito en el conflicto que mantiene EiDF con la CNMV. El supervisor suspendió su cotización el pasado abril por no presentar las cuentas en plazo, tras negarse a firmarlas su auditor, PwC. La CNMV no levantó el veto hasta el pasado 28 de agosto, después de que se difundieran las conclusiones del forensic elaborado por Deloitte (a petición de PwC) en el que denunció que los directivos de EiDF serían responsables de "situaciones en las que se habían creado, modificado o falseado documentos" en operaciones con terceros y había "evidencias de posible falsificación de contratos y documentos elaborados por parte de los responsables de la sociedad".

Después de la información publicada ayer, las acciones de EiDF se dispararon este lunes más de un 60%, respecto al cierre del viernes, hasta 6,70 euros. Aún así, desde la reapertura de la negociación la semana pasada, siguen acumulando una caída del 77,5%.

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Como resultado de esas afirmaciones, EiDF volvió al parqué cuatro meses después con caídas superiores al 80%, dejándose casi 1.400 millones de euros de los 1.721 que llegó a capitalizar en abril (su acción pasó de 29,76 euros a menos de 5). Sin embargo, el contrainforme de la división jurídica de KPMG remitido este lunes al BME Growth y al que ha tenido acceso El Confidencial rechaza las conclusiones de Deloitte, desmiente que haya irregularidades en la actividad de la energética y atribuye a su cúpula una "correcta toma de decisiones".

Primero, los abogados de KPMG sostienen que "no existen elementos suficientes para hacer encaje en tipo penal alguno vigente en ninguna de las conductas descritas en el informe de Deloitte, bien sea por falta de elemento objetivo del tipo (los hechos descritos no encajan en tipo penal alguno o adolecen de algún elemento típico), bien sea por la ausencia total de simulación, bien por inexistencia de vulneración del bien jurídico protegido".

Asimismo, según KPMG, "desde el punto de vista contractual y mercantil, a la vista de la descripción de los hechos del informe de Deloitte, no entendemos que existan negocios jurídicos simulados, ni de otra forma anómalos (fraudulentos, fiduciarios o indirectos)". Además, a juicio de la auditora, "en lo tocante a los aspectos corporativos no se detectan disfunciones en el giro ordinario de los órganos de la compañía que puedan suponer conculcación de los derechos o intereses de los socios minoritarios, ni de terceros identificados como tales".

"Desde el punto de vista contractual y mercantil (...), no entendemos que existan negocios jurídicos simulados, ni de otra forma anómalos"

"En suma", concluye KPMG, "de un primer análisis del informe de Deloitte exclusivamente, resulta que las circunstancias apuntadas por Deloitte en dicho informe carecen de relevancia jurídica que permita el ejercicio de acciones civiles, mercantiles o penales contra los miembros del Consejo de Administración y resto de directivos de la sociedad.

Uno de los asuntos que aborda el contrainforme es la supuesta "falta de derecho de uso" sobre algunos terrenos afectos a proyectos fotovoltaicos de EiDF. Según KPMG, no se ha encontrado ningún caso "en el que, con una instalación construida, exista ausencia de título de uso u ocupación, cuando dicho título es necesario".

El documento también se detiene en los supuestos "incumplimientos contractuales" en ejecución de obras que expone Deloitte. "La existencia —de ser aceptada la tesis interpretativa de contratos que aún no han podido analizarse— de incumplimientos contractuales daría lugar a posibles reclamaciones judiciales o arbitrales entre las partes firmantes del contrato. En modo alguno parece que exista una trascendencia jurídica real derivada de acciones que, en todo caso, parecen no haberse ejercitado", apunta KPMG.

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Sobre la teórica falsificación de facturas, KPMG tampoco encuentra motivos para las objeciones planteadas por Deloitte. "El informe [de Deloitte] incluye un apartado titulado 'Comentarios relativos a la falsificación de los documentos' que, lejos de abordar la supuesta falsedad de dichos documentos, se refiere únicamente a la discrepancia entre PWC e EiDF sobre el criterio contable a emplear a la hora de formular las cuentas anuales de 2022 respecto de la desconsolidación de las SPV, discrepancia que fue resuelta en tanto que EiDF acordó finalmente aplicar el criterio sugerido por PWC", recuerda KPMG. "En vista de lo anterior, entendemos razonable concluir que las afirmaciones contenidas en el informe de Deloitte carecen de relevancia civil y penal".

En cuanto a la supuesta simulación de operaciones con socios, KPMG tampoco halla razones para sostener que "no existe realidad en los servicios prestados". "Desde nuestro punto de vista (...), entendemos que no se encuentran en el informe [de Deloitte] indicios —no ya suficientes, sino ninguno— que apunten a que la intención de las partes fuera ocultar una realidad consistente, bien en la ausencia de negocio jurídico —simulación absoluta—, bien en la existencia de un negocio jurídico distinto. Por otra parte, no alcanza a exponer el informe [de Deloitte] qué tercero resultaría perjudicado por semejante simulación".

El informe de los letrados de KPMG concluye que se aprecia un "constante robustecimiento en las estructuras corporativas" de EiDF y que se da una "correcta toma de decisiones, en términos de protección de la discrecionalidad empresarial".