Dimite una diputada del Colegio de Abogados de Barcelona por el silencio ante el 'lawfare'

La letrada Mireia Ramon ha presentado su dimisión como diputada de la junta de gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), según confirma la institución a El Confidencial. La renuncia, comunicada internamente este domingo, se debe a la falta de posicionamiento de la entidad que dirige Jesús Sánchez ante los aspectos más controvertidos del acuerdo entre PSOE y Juntos; a saber, la existencia en España de lawfare y las comisiones de investigación contra jueces. Ramon era la diputada responsable de la Comisión de Intermediación y Responsabilidad y Seguro Colegial, de la Comisión de Abogados Séniors y la Comisión de Derechos de la Gente Mayor.

La dimisión se produce después de que el ICAB publicara una nota el pasado viernes afirmando que entre las funciones del colegio "no se incluye el emitir posiciones públicas sobre hechos o actualidad de naturaleza política". La entidad colegial se amparaba en una sentencia del Tribunal Supremo del año 2019 que estableció, según argumentaba, que "una corporación de Derecho Público, representativa de una profesión y a la que es obligatorio afiliarse para ejercerla, no puede abandonar la posición de neutralidad que le es propia en ese campo para asumir posiciones ideológicas y políticas de parte, desconectadas, además, de los intereses profesionales a los que debe servir".

Este fallo, según interpretaba la institución, les niega la posibilidad de emitir opiniones en este tipo de situaciones y "la junta de gobierno actúa de conformidad con esta resolución". Unas palabras, sin embargo, que han suscitado las críticas de algunos sectores de la abogacía, que interpretan que reaccionar al acuerdo PSOE-Junts no supone adoptar un posicionamiento ideológico o político, sino defender el Estado de Derecho y la separación de poderes, dos principios esenciales de la función colegial y la actividad de los letrados.

La posición técnica emitida por el ICAB, no obstante, esconde otros dos condicionantes que afectan a la institución de la capital catalana. La primera es que, como ya se demostró en las anteriores elecciones, existe un porcentaje significativo de los colegiados que apoyan posiciones independentistas. De hecho, la principal candidatura que plantó cara a la que encabezaba Maria Eugènia Gay, ganadora de las elecciones, pero que renunció al poco de iniciar su mandato al ser designada como delegada del Gobierno en Cataluña, era de signo netamente soberanista.

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En este sentido, fuentes jurídicas señalan que las posiciones cercanas a Junts también están representados en la junta del ICAB en la figura de Frederic Munné. La estabilidad del mandato de Sánchez, aseveran algunos letrados de la Ciudad Condal, depende de que se mantenga siempre en una posición equidistante, aunque ello implique no defender principios esenciales de la profesión y el Estado de Derecho. El actual decano sabe hasta qué punto Gay sufrió el pressing independentista durante los años difíciles del procés por mantenerse cercana al constitucionalismo y no quiere alterar la paz que actualmente reina en su equipo, según interpretan.

La segunda circunstancia es la propia Maria Eugènia Gay, en la actualidad segunda teniente de alcalde de Barcelona, tras concurrir como número dos al ayuntamiento de la Ciudad Condal en la lista del PSC que encabezaba Jaume Collboni. No resultaría fácil de asimilar para nadie una declaración de la actual junta de gobierno del ICAB en contra de la posición política defendida de los socialistas, teniendo en cuenta que es un equipo conformado por Gay y heredado por Sánchez.

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La posición del ICAB contrasta con la mostrada por el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), encabezado por Eugenio Ribón, y muchos otros colegios, como los de la Región de Murcia, los de Andalucía, el de las Islas Baleares o el de Cantabria, que han mostrado su rechazo al acuerdo PSOE-Junts y han apoyado la separación de poderes, la independencia judicial y el Estado de Derecho. Quien permanece callado es el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), presidido por Victoria Ortega, que, como desveló El Confidencial, no fue capaz de lograr que los 83 decanos acordaran una declaración de mínimos en respaldo al Estado de Derecho y tampoco quiso emitir un comunicado sin la unanimidad del pleno.