Sánchez cede al PNV el control de la subida de impuestos a Iberdrola y BBVA pactada con Sumar

El PNV estrecha el cerco fiscal sobre Iberdrola y BBVA. El acuerdo entre PSOE y la formación jeltzale para el apoyo a la investidura de Pedro Sánchez contempla la cesión a las haciendas forales del control del nuevo alza de impuestos a grandes empresas anunciado por Sumar el pasado 24 de octubre. Se trata de meter dentro del concierto económico vasco la transposición de una directiva europea relativa a la tributación mínima global de compañías multinacionales.

El documento presentado por el actual presidente del Gobierno aún en funciones y el presidente del Euskadi Buru Batzar, Andoni Ortuzar, acuerda en el apartado económico y fiscal la "concertación del impuesto que se cree mediante la transposición de la directiva (UE) 2022/2523 del consejo de 15 de diciembre de 2022 relativa a la garantía de un nivel mínimo global de imposición para los grupos de empresas multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud en la unión".

Para ello, el grupo socialista y los nacionalistas vascos señalan que "se procederá a su concertación de acuerdo a lo establecido en el apartado Dos de la Disposición Adicional 2ª del Concierto Económico, atribuyendo a las haciendas forales la capacidad de gestión, inspección y recaudación respecto de los contribuyentes que deban tributar en ellas".

La medida afecta, sobre todo, a Iberdrola y BBVA, las dos mayores multinacionales cuya residencia fiscal está ubicada en territorio vasco. Fuentes oficiales de ambas compañías han rechazado hacer comentarios sobre cómo puede impactarles este acuerdo de legislatura. Otras fuentes expertas en fiscalidad señalan que se trataría de una salvaguarda solicitada por el PNV para evitar perder competencias recaudatorias en la transposición de la norma europea que debe abordar el Gobierno. Según explican, el concierto económico vasco ya goza de las competencias de gestión, inspección y recaudación del impuesto de sociedades del que se vería afectado esta modificación.

"En los próximos años se va a establecer un mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades, siguiendo los acuerdos alcanzados por la UE y la OCDE", señala el PSOE. En línea con lo anterior, el acuerdo firmado con Sumar asegura que "esta reforma asegurará que se alcanza el 15% efectivo de tributación sobre el resultado contable de las grandes empresas en el impuesto de sociedades en los términos acordados a nivel global y en la UE".

Lo que genera más dudas entre los fiscalistas es el alcance recaudatorio que vaticinó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, en la presentación de su acuerdo para la nueva legislatura. Según sus cálculos, esta medida supondría una recaudación extra de 10.000 millones, lo que generó un fuerte revuelo entre las grandes multinacionales.

Sin embargo, la pasada semana, tras las palabras de su socia en el Ejecutivo, el secretario de Estado de Hacienda en funciones, Jesús Gascón, matizó esta previsión. En primer lugar, aseguró que no habrá ningún cambio radical de la estructura de sociedades, sino que el acuerdo consiste en modificar la figura en el marco de las conversaciones internacionales sobre tributación mínima de multinacionales. El responsable adscrito al ministerio dirigido por María Jesús Montero afirmó que la reforma no será tan dramática. Y es que 10.000 es casi un tercio de los 32.000 millones recaudados el año pasado por esta figura tributaria, lo que supondría disparar la carga fiscal sobre las empresas.

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Gascón indicó que no se pueden realizar estimaciones fiables sobre la recaudación extra que supondrá la medida, ya que esto dependerá de lo que hagan terceros países donde hay filiales de multinacionales españolas. Lo que sí confirmó es que la tributación de Sociedades pasará a centrarse en el resultado contable, en vez de sobre la base imponible, aunque habrá ajustes en función de los impuestos pagados en el extranjero, bases imponibles negativas, y otras deducciones o exenciones.

La medida provocó reacciones contrarias de la patronal CEOE o de grandes compañías afectadas como el Banco Santander, que al igual que BBVA e Iberdrola, también soportan el gravamen temporal sobre banca y energéticas, respectivamente, que ahora el Gobierno quiere hacer permanente. "Hay que pagar impuestos, pero si pagas demasiado la gente se marcha", advirtió hace pocos días Ana Botín, presidenta de la entidad financiera cántabra.

Sus palabras se suman a la advertencia de parar inversiones en España que hizo Repsol, que se quejó de la falta de estabilidad regulatoria. El consejero delegado de la petrolera, Josu Jon Imaz, cargó contra los planes del Ejecutivo. De hecho, ya se han parado las inversiones en combustibles renovables de su filial en País Vasco, Petronor.