Hacienda reniega del cálculo de Sumar con sociedades que desató alarma empresarial

La reforma del impuesto de sociedades de PSOE y Sumar, en el pacto de gobierno firmado hace dos semanas, no será tan dramática para las cuentas de resultados de las grandes empresas como estas habían temido. Hacienda no cree en la estimación de 10.000 millones que aireó la vicepresidenta en funciones Yolanda Díaz. Además, no habrá ningún cambio radical de la estructura de sociedades, sino que el acuerdo consiste en modificar la figura en el marco de las conversaciones internacionales sobre tributación mínima de multinacionales.

El pacto de PSOE y Sumar para formar Gobierno, a la espera de conseguir los votos de los nacionalistas vascos y catalanes para la investidura de Pedro Sánchez, provocó una alarma en las grandes empresas y multitud de llamadas a los despachos de sus asesores. El acuerdo recoge una tributación mínima del 15% sobre el resultado contable, y no la base imponible, en las grandes empresas, sin especificar nada más.

El problema fue que Yolanda Díaz dijo en rueda de prensa que esto supondría una recaudación extra de 10.000 millones, casi un tercio más que los 32.000 millones recaudados el año pasado sobre un impuesto que ha perdido peso en los ingresos públicos. Esto hizo temer que la idea sea, efectivamente, que se tribute un 15% efectivo, al menos, sobre el resultado contable.

La estimación de Díaz hizo pensar a las empresas que podría dispararse la tributación, afectando a deducciones y exenciones, o incluso afectar al uso de las bases imponibles negativas o tributar dos veces, sin tener en cuenta los impuestos pagados en el extranjero. De hecho, ha habido advertencias de un desincentivo para invertir en España, el riesgo de deslocalizaciones, y la amenaza de litigios. "Hay que pagar impuestos, pero si pagas demasiado la gente se marcha", advirtió esta semana Ana Botín, presidenta de Banco Santander, mensaje que se sumó al de Repsol, que aseguró que iba a paralizar inversiones. Por su parte, muchos fiscalistas amenazaron con que las empresas pleitearían ante una reforma radical del impuesto.

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Este jueves, en unas jornadas organizadas por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, rechazó hablar de números. Dicho de otra manera. Hacienda reniega de la estimación de Sumar, lo que devuelve tranquilidad a los despachos de las multinacionales españolas ante el inminente intento de investidura de Sánchez. Fuentes jurídicas apuntan a que desde Hacienda se ha rebajado la alerta empresarial que había surgido a través de conversaciones privadas informales, que han culminado en las palabras públicas del secretario de Estado este jueves, terminando por desactivar la alarma en las multinacionales y sus asesores.

"Hacer números es imposible", señaló este jueves Gascón. "Mientras los temas están abiertos, hay que ser prudentes con las estimaciones", añadió. El secretario de Estado explicó que la idea, en realidad, pasa por transponer una directiva europea que está pendiente, en torno a lo que se conoce como segundo pilar de fiscalidad internacional bajo los acuerdos en la OCDE.

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Cuando haya Gobierno, Hacienda lanzará a consulta pública un anteproyecto de Ley para transponer la norma, que impone un 15% mínimo de tributación. Sin embargo, hay muchos matices que alejan el incremento de la recaudación de los 10.000 millones a los que hizo referencia Díaz, y también evitan el riesgo de litigios.

Aunque es cierto que los propios expertos designados por el Gobierno para una reforma tributaria señalaron en su Libro Blanco de 2022 que el resultado contable "no puede considerarse una medida válida de la presión fiscal", este es el punto de partida de la futura reforma en sociedades, ya que no en todos los países se calcula de la misma forma la base imponible. Sin embargo, Gascón recordó que sería "un resultado contable ajustado".

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Los ajustes sobre dicho resultado contable son la tributación en el extranjero y otras deducciones o exenciones que recoge ahora el impuesto. La idea es que las multinacionales paguen un mínimo del 15% en cada país donde operan. Y si un Estado decide imponer un tipo inferior, el Estado donde está la matriz podrá obligar a la empresa a tributar por la diferencia. Es decir, Hacienda puede obligar a una multinacional a tributar por lo que ha ganado en un tercer país si dicha compañía no ha tributado por su beneficio en este Estado, pero no que la empresa tribute dos veces por sus ganancias.

De esta forma, es de esperar que pueda haber ligeros aumentos en la recaudación global de sociedades, incentivando que no haya competencia fiscal en el impuesto entre países o deslocalizaciones de empresas por motivos impositivos. Pero no se espera que haya un aumento significativo de los ingresos, y menos aún hasta acercarse a 10.000 millones.

Sobre los gravámenes temporales a la banca y a las energéticas, el secretario de Estado se limitó a recordar que deberán revisarse conforme se estableció en la ley que los desarrolló: "Lo que está previsto es que haya una evaluación sobre los resultados obtenidos con la aplicación de los gravámenes. Nos podemos plantear ajustes, pero la primera conclusión es que la previsión que se utilizó para la hipótesis se ha cumplido", dijo haciendo referencia al aumento de márgenes en la banca y de ingresos en las energéticas.