Una Hacienda catalana "perjudicaría" la lucha contra el fraude, según los inspectores

Las negociaciones entre el PSOE y Puigdemont preocupan a los inspectores de Hacienda. La Asociación de Inspectores de Hacienda (IHE) ha defendido la creación de un estatuto para la Agencia Tributaria que sirva para blindarla y alerta del riesgo de fragmentación en caso de que se desgaje la Hacienda catalana como ya ocurre con las comunidades forales, con una administración tributaria independiente y sin presencia de la española en la región.

La asociación, que celebra esta semana en Burgos su XXXIII Congreso, y que representa al grueso de los 1.800 inspectores de Hacienda, ha advertido del riesgo derivado de que en las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez se acepte una reivindicación del nacionalismo catalán que ya estuvo en el Estatuto de 2005 que es la separación de la Administración Tributaria estatal de Cataluña, con una Hacienda propia en la región, además de que se ha pedido desde los nacionalistas catalanes una “cuota de solidaridad” con el argumento de una deuda histórica con la región por infrafinanciación.

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“Desde IHE advertimos que el fraccionamiento de la AEAT supondría un paso atrás de gigante en su función principal de aplicar el sistema tributario y la conculcación de los principios tributarios fundamentales sobre los cuales se asienta el actual sistema tributario español, fundamentalmente la generalidad, la capacidad económica, la igualdad, la justicia y la eficiencia tributarias”, señala la asociación presidida por Ana de la Herrán.

“Es un peligro que observamos desde hace muchos años. En el Estatuto de Cataluña en 2005 ya se preveía la constitución de una agencia tributaria catalana. Ahora nos tememos que trocear la Agencia Tributaria y la Seguridad Social sea una moneda de cambio para la investidura. Habría efectos devastadores en la función diaria de la AEAT en la aplicación de los tributos, en la lucha contra el fraude”, han señalado desde la asociación.

Más allá de las dudas sobre el encaje jurídico de una fragmentación de la administración tributaria con una Hacienda catalana independiente, los inspectores temen que esto se produzca y que, además, haya un efecto expansivo posterior a otras comunidades autónomas. Ya hay dos situaciones así con las comunidades forales, donde hay “enormes dificultades de contrastar información”, dicen los inspectores.

“Los Inspectores de Hacienda somos plenamente conscientes de las consecuencias que implicarían para nuestra sociedad la fragmentación de la AEAT en la gestión y recaudación de los impuestos, en la lucha contra el fraude fiscal, y en su función de órgano vertebrador de determinadas ayudas sociales del Estado”, insiste un documento de reivindicaciones de la asociación, que alerta de que se traspasarían “líneas rojas”, con riesgo además en la gestión de retenciones al contribuyente.

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En la actualidad ya hay Haciendas autonómicas para gestionar los impuestos cedidos, pero lo que se teme es que haya una fragmentación total con la Agencia Tributaria española saliendo de Cataluña y con la región teniendo una propia independiente. De hecho, lo que defienden los inspectores es que se debe caminar hacia una mayor integración y coordinación de todas las administraciones tributarias: "El camino contrario -fraccionar la gestión tributaria-supondría graves perjuicios en la lucha contra el fraude fiscal, quebrando principios básicos en la gestión de los impuestos".

La fragmentación de la Administración Tributaria es uno de los tres grandes riesgos que ven los inspectores de Hacienda, junto al debilitamiento de los recursos humanos de Hacienda por la facilidad de la promoción interna y la llegada de interinos, propuestas que ya recogía el proyecto de Ley de Función Pública que se paralizó con la convocatoria de elecciones del 23J y que tiene previsto retomarse. Los inspectores aseguran que se está haciendo "una falsa modernización" de la Agencia Tributaria.

Asimismo, el otro riesgo tiene que ver con la ausencia de cambios organizativos en la Agencia. Los inspectores siguen reivindicando la creación de un Estatuto para la Agencia Tributaria que eleve su independencia respecto del poder político, como ocurre con otros organismos como el Banco de España, la CNMV o la CNMC. Lo que solicitan es que el director general sea nombrado por el Parlamento por un periodo de cinco años, y que la Agencia tenga una gestión de recursos humanos y presupuestaria propia, así como una policía fiscal. Según los inspectores, el estatuto serviría, además, para blindar la Agencia y evitar los riesgos anteriores de fragmentación o de empeoramiento en la preparación e independencia de los funcionarios con la nueva gestión de recursos humanos.