Hacienda reclama 300 M a Renault por impuestos pagados en Francia que pide devuelva a España

Hacienda eleva la presión sobre Renault. La Agencia Tributaria ha notificado el pasado mes de junio a la multinacional gala otra reclamación de 84 millones de euros. De esta manera, el fisco solicita ya casi 300 millones de euros por discrepancias tributarias con la automovilística francesa. Las actas consideran que paga impuestos sobre beneficios en Francia que debería liquidar en España.

La Dependencia de Control Tributario y Aduanero de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la AEAT lleva desde el año 2020 investigando las operaciones intragrupo entre Renault España SA (RESA) y su matriz con sede en París. La problemática parte de los precios a los que la filial española vendió sus productos al holding francés entre los años 2013 y 2019, bajo la presidencia de José Vicente de los Mozos, actual CEO de Indra, quien llegó a ser director general adjunto de Renault a nivel mundial.

Ya el 30 de noviembre de 2020, la Oficina Técnica notificó a esta sociedad un acuerdo de liquidación correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015 en referencia al acta de precios de transferencia por importe de 135 millones de euros. Posteriormente, el 12 de marzo de 2021, de nuevo se notificó un acta de precios de transferencia por el ejercicio 2016 de más de 77 millones de euros. Y a lo anterior se suma ahora la notificación del mes pasado, que suma otros 84 millones de euros por los ejercicios 2017, 2018 y 2019.

Hacienda investiga cuando los precios de transferencia se desvían de lo que se entiende que son valores razonables de mercado. Simplificando mucho, Renault España podría supuestamente vender coches o componentes a Renault Francia a un precio por debajo de lo que el fisco entiende como razonable. Eso provocaría que los beneficios de la filial española se reduzcan a favor de los de la francesa, con lo que crecería artificialmente su base imponible y, por tanto, el impuesto de sociedades pagado al otro lado de los Pirineos. En este sentido, existen grandes multinacionales que tratan de llevar el máximo posible de beneficios a países de tributación más laxa, y así rebajar la factura. Sin embargo, Hacienda también investiga por razones de índole política estas operaciones de ingeniería fiscal.

Según fuentes conocedoras de la problemática, la Agencia Tributaria ha puesto la lupa sobre este caso, dado que Renault, cuyo principal accionista es el Estado francés (15% del capital social), podría intentar tributar la mayor parte de sus beneficios en Francia para engrosar así las arcas públicas que controla Emmanuel Macron, en detrimento de las de otros países donde opera, como en este caso España, donde cuenta con tres grandes fábricas de coches en Valladolid, Palencia y Sevilla y una extensa red de concesionarios.

Renault no provisiona

Pese al millonario montante, la multinacional francesa cree que Hacienda no tiene razón en su reclamación, por lo que ha decidido no provisionar cantidad alguna por este caso. "El grupo considera que tiene buenas posibilidades de ganar el caso", según consta en documentación presentada este jueves al regulador bursátil de París. Fuentes de la compañía han rechazado hacer comentarios para este artículo.

Antes de la última apertura de acta de liquidación, la filial española ya había asegurado que llevaba razón en este caso. "El consejo de administración de Renault España SA considera que existen fundadas expectativas de éxito de las impugnaciones planteadas, habiendo solicitado a un gabinete externo independiente una opinión legal en relación con el riesgo fiscal derivado de estas inspecciones, que se ha considerado como posible, no registrándose, por tanto, una provisión por riesgos fiscales en relación con estas contingencias o deterioro del activo frente a la Hacienda Pública", señalaba Renault España en las cuentas de 2021, las últimas presentadas al Registro Mercantil.

Renault considera que existen fundadas expectativas de éxito tras pedir a un gabinete externo independiente una opinión legal

Renault SA ya contabilizaba esta contingencia en los resultados globales de 2022. La firma expone que ya se han realizado los depósitos pertinentes exigidos por el fisco. Además, en vista de la situación, "en 2021 se inició un procedimiento de solución amistosa entre Francia y España", señala Renault, para que si finalmente se ve obligada a pagar más impuestos en España, eso sea reconocido con un aligeramiento de la carga tributaria que se habría liquidado en territorio galo.

En 2021, Renault España ganó 17,3 millones de euros tras facturar 5.100 millones de euros. Ahora, la firma trata de optar a los fondos europeos de la segunda ronda del Perte VEC que coordina el Ministerio de Industria con proyectos sobre baterías.

Cerco a las automovilísticas

Como ya publicó El Confidencial en 2019, Hacienda estaba incrementando el control sobre los beneficios declarados por las grandes multinacionales, con la idea de evitar que se eluda el pago de impuestos. Concretamente, empresas y abogados especializados ya advertían de la mayor presión también sobre el sector automovilístico, de gran peso industrial en España, pero donde todos los centros de decisión y sedes están en otros países.

En 2019, Hacienda estaba incrementando el control sobre los beneficios declarados por las grandes multinacionales

En 2015 y 2016, la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria apenas hacía una mención al control de los precios de transferencia en lo que a la planificación fiscal internacional respecta. En 2017, el tono de la Agencia Tributaria subió varios enteros. Y el cambio más significativo con respecto a esta cuestión partió de la puesta en marcha del Proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting, por sus siglas en inglés), impulsado por la OCDE, preocupada por la elusión de impuestos de las empresas en los territorios donde operan y logran sus beneficios.

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En la última memoria publicada por la Agencia Tributaria, correspondiente al ejercicio 2020, ya se señalaba que "en relación con los APA [acuerdos previos de valoración de operaciones vinculadas], la actuación de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI) persigue, a través de estos acuerdos previos en materia de precios de transferencia, reducir la litigiosidad y mejorar la seguridad jurídica del contribuyente, garantizando una recaudación acorde con lo exigido por la ley".

"En 2020, la ONFI participó en la gestión de 203 expedientes. De ese total, se finalizaron 71, frente a los 66 del año 2019, siendo estimados 54, frente a los 25 del año 2019, desestimados ocho, en siete casos se produjo el desistimiento de los solicitantes y en dos su inadmisión. Los APA estimados en 2020 han permitido garantizar bases imponibles (en general, en los cuatro ejercicios siguientes) por un valor estimado superior a los 3.477 millones de euros, frente a los aproximadamente 2.100 millones garantizados en los APA estimados en 2019", detalla la Agencia Tributaria.

"A su vez, el pasado año 2020, la ONFI participó en 427 procedimientos amistosos en materia de imposición directa, cifra que se ha incrementado notablemente en los últimos años: 251 en 2017, 307 en el año 2018 y 371 en 2019".