Moreno impulsará "la legislatura del agua" con proyectos por más de 1.500 millones

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quiere que su nuevo ciclo político hasta 2026 sea el de "la legislatura del agua". Así se lo ha hecho saber a su círculo más cercano, con el que prepara las líneas maestras de su nuevo Gobierno, cuya composición definitiva decidirá próximamente "tras una intensa conversación conmigo mismo", según ironizaba esta semana.

El máximo responsable de la Junta ya había comentado esta idea sobre los recursos hídricos en los últimos meses y también lo apuntó en alguno de sus mítines de campaña, pero ha sido en las últimas fechas cuando ha madurado la idea de que Andalucía debe convertir uno de los principales problemas a los que se enfrenta —la falta de agua en un contexto de cambio climático y calentamiento global— en toda una oportunidad para crear riqueza y empleo en la región.

La política hídrica será una de las que marcarán el mensaje de la Junta de Andalucía los próximos cuatro años, en los que se van a invertir cientos de millones de euros en proyectos que llevan años de retraso y que en la anterior legislatura se han empezado a desbloquear.

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En 2010, la Junta aprobó el denominado 'canon del agua', un impuesto que grava la utilización del agua de uso urbano con el fin de posibilitar la financiación de las infraestructuras hidráulicas de cualquier naturaleza correspondientes al ciclo integral del agua en pueblos y ciudades.

Con ese impuesto, que permite recaudar unos 140 millones anuales, se debían acometer unas 300 obras hidráulicas declaradas entonces de interés por la comunidad autónoma y cumplir así con la normativa europea, que obligaba a la depuración de aguas residuales de municipios de más de 2.000 habitantes.

Sin embargo, el anterior Gobierno socialista dejó de invertir gran parte de ese dinero para construir esas infraestructuras, lo que ha llegado a provocar sanciones millonarias de la UE.

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Agencias

En noviembre de 2018, el Tribunal de Justicia de la UE impuso a España una multa de 32,7 millones de euros por incumplir la correcta depuración de sus aguas residuales en 17 grandes aglomeraciones urbanas. En el momento de la sanción, ocho aglomeraciones ya estaban en situación de cumplimiento, pero otras nueve seguían vertiendo sus aguas residuales al mar o a los ríos de forma inadecuada, la mayoría de ellas en Andalucía: Nerja (Málaga), Matalascañas (Huelva), Barbate (Cádiz), Alhaurín el Grande (Málaga), Coín (Málaga), Isla Cristina (Huelva) y Tarifa (Cádiz), a las que se suman las de Gijón Este (Asturias) y Valle de Güimar (Tenerife).

La sentencia condenó al Gobierno de España a abonar a la Comisión Europea una multa coercitiva de 10,9 millones de euros por cada semestre de retraso y otra de 12 millones de euros por el retraso en atender las obligaciones de tratamiento de las aguas residuales de esas nueve aglomeraciones urbanas.

Hasta 2023 no se prevé que estén acabados esos proyectos, por lo que la multa seguirá creciendo cada semestre. El Gobierno ya ha hecho pagar su parte a las comunidades incumplidoras y una sentencia de Tribunal Supremo de 2020 obligó a la Junta a pagar 5,5 millones a la Administración central.

El canon del agua reporta 140 millones de euros anuales, con los que se deberían haber llevado a cabo unos 300 proyectos hídricos en Andalucía

Al margen de estas grandes aglomeraciones, son numerosos los proyectos hídricos en pequeños municipios que han estado paralizados durante muchos años en toda Andalucía. A la llegada de Juanma Moreno a la presidencia de la Junta, de las 300 obras aprobadas en 2010 que debían financiarse con el canon del agua, 173 estaban sin empezar los proyectos. En estos tres años y medio, el nuevo Gobierno ha desbloqueado esas infraestructuras y ha empezado a licitar la mayor parte de ellas, con desaladoras de última generación, donde no hay otra opción, con depuración de aguas para un segundo y tercer ciclo, o con microtrasvases como el de la Axarquía malagueña.

Será en los próximos cuatro años cuando se terminen de materializar todas esas inversiones públicas, que permitirán crear miles de empleos, y cuando se ponga en marcha una estrategia de aprovechamiento del agua en Andalucía —a nivel ciudadano, industrial, agrícola o de conservación de los espacios naturales de la región— que dará a conocer Juanma Moreno en su discurso de investidura el próximo 22 de julio en el Parlamento.

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El presidente hará todas esas inversiones a la vez que en 2023 la Junta de Andalucía dejará de cobrar precisamente ese canon. Lo anunció en el último debate del estado de la comunidad y ya se incluirá en el nuevo presupuesto de 2023. En la misma línea, el Gobierno de la Comunidad Valenciana, en manos del socialista Ximo Puig, ha anunciado hace dos semanas la supresión del canon de abastecimiento durante seis meses para paliar la inflación en las familias.

En Andalucía, una familia media podrá ahorrar entre 40 y 50 euros con la supresión de este impuesto, el único propio directo al consumo que tiene la Junta de Andalucía.

En cambio, la Junta sí espera contar con fondos europeos del programa Next Generation, a través de los Perte (planes de recuperación) que ha aprobado el Gobierno y que afectan a la digitalización del ciclo del agua, así como otros referentes a energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento (ERHA) y a economía circular.

Además, la Junta reclamará al Gobierno central que acometa las infraestructuras hídricas pendientes en Andalucía, entre las que se encuentra el trasvase de los ríos Tinto, Odiel y Piedras de 19,9 hectómetros cúbicos a la cuenca del Guadalquivir para que les llegue agua superficial a los agricultores del entorno del Parque Nacional de Doñana, tal y como aprobó el Congreso de los Diputados en el año 2018.

Otro de los grandes proyectos pendientes es la construcción de las canalizaciones en la presa granadina de Rules, que cumple más de 15 años como una 'enorme piscina' sin uso por falta de infraestructuras para aprovechar el mayor pantano inaugurado en España en este siglo.

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Por otra parte, Moreno tiene previsto impulsar las medidas del Pacto Andaluz por el Agua aprobado en el año 2020 y aprobar en la nueva legislatura una Ley de Gestión Sostenible del Agua en Andalucía que conlleve la modernización de la legislación en esta materia y mejore la gestión del ciclo urbano del agua y los sistemas de explotación. También tiene pendiente la aprobación de tres planes hidrológicos de las cuencas intracomunitarias para el ciclo 2022-2027.

Para llevar a cabo todo este impulso político, el presidente andaluz ya ha tomado la decisión de dividir la actual Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, cuya última titular ha sido la almeriense Carmen Crespo.

Juanma Moreno ha tomado la decisión de dividir la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en esta nueva legislatura

Así, la Consejería de Medio Ambiente —con el nombre que le den finalmente— tendrá un importante peso en el nuevo Gobierno y en esta "revolución verde" que Juanma Moreno lleva tres años preconizando. Sin embargo, el mayor problema al que se enfrenta con esta decisión es al rechazo de las organizaciones agrarias a que las políticas de agua no estén bajo la competencia de la Consejería de Agricultura.

En cualquier caso, el presidente andaluz tiene ya clara su hoja de ruta y no duda en afirmar a todo el que le quiere escuchar que "vamos a hacer la revolución hídrica más grande que ha hecho nunca una región en toda Europa".