Doñana, coto de caza política: el PP propone ampliar los regadíos y el PSOE lo obvia

En las 188 páginas que tiene el programa del PSOE andaluz para las elecciones del 19 de junio no se cita ni una sola vez al Parque Nacional de Doñana. El espacio natural más señero de Andalucía se ha convertido en un tabú para los socialistas en su plan de gobierno si llegan a San Telmo. La brecha que se abrió entre el socialismo andaluz y el Gobierno de Pedro Sánchez hace unos meses a raíz de la propuesta de PP, Cs y Vox de abrir la mano a los regadíos en el entorno del parque ha dejado huella, pero el silencio al respecto en el programa no es garantía de que la polémica se haya acabado para el PSOE andaluz. El PP, en su documento de 426 páginas para el próximo mandato, anuncia su voluntad de devolver la norma al Parlamento. Es decir, recuperar el debate que ya abrió a los socialistas en canal en la pugna por el apoyo del sector primario y el equilibrio conservacionista.

A principios de febrero, el PSOE se abstuvo en la toma en consideración de la ley para la mejora de la ordenación de las zonas de regadío del Condado de Huelva, en los términos de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, nombre oficial del texto. La denominación no hace referencia a Doñana y el propio Juanma Moreno ha dicho en más de una ocasión que las fincas a las que afecta esta norma están "a 30 kilómetros" de la zona protegida. Pero lo cierto es que esta ley abre la puerta a una recalificación del terreno para convertir en tierras de regadío una comarca anexa a Doñana. Por ese motivo, la Comisión Europea encendió todas las alarmas cuando comenzó la tramitación del texto. A juicio de Bruselas, la sola posibilidad de ampliar los derechos de regadíos junto al humedal onubense puede ser un incumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la conservación de los hábitats y las masas de agua que dan vida a Doñana.

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¿Cómo se explica la posición tibia de los socialistas? Según repitió Espadas una y otra vez en aquellas semanas, su abstención era una forma de abrir un diálogo entre dos intereses que, 'a priori', son incompatibles. De un lado, los agricultores del Condado de Huelva, que quieren más agua para poder seguir cultivando los frutos rojos que aportan gran parte de la riqueza de la zona. Del otro, los conservacionistas, que cuentan con el aval de Bruselas, pero también del Gobierno central. En el Ministerio de Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera, no se entendió bien el gesto de Espadas. Sobre todo si se tiene en cuenta que la abstención del PSOE no era necesaria para que la norma se aprobase. En el seno del partido en Huelva insistían reiteradamente en la dificultad de abordar el problema y Mario Jiménez, que ejerció como portavoz durante el debate en el Parlamento, fue muy duro con el Gobierno de PP y Cs al acusarlo de "mentir" a los agricultores con una norma que no podría aplicarse por el rechazo europeo y del Gobierno central.

Con el adelanto electoral, a pesar de que la Cámara tramitó el texto por la vía de urgencia, la proposición de ley decayó. Pero en el PP no parecen dispuestos a soltar una bandera que ha adquirido relevancia en los últimos tiempos. El debate sobre la proposición de ley de regadíos del entorno de Doñana coincidió en el tiempo con el tramo final de las elecciones autonómicas de Castilla y León, marcadas por el debate sobre la situación del sector primario. No es casualidad que PP, Ciudadanos y Vox impulsasen este texto poco después de que Macarena Olona, ahora candidata a la presidencia de la Junta, diese un mitin en Lepe a finales del año pasado. El CIS preelectoral ha detectado un posible cambio sociológico en el campo andaluz, plagado de agrociudades como Lepe y Almonte, que abandona paulatinamente el voto al PSOE camino de PP y Vox. En esa pugna entre las fuerzas de derecha se enmarca el impulso de esta polémica ley.

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En el programa del PP hay cuatro menciones a Doñana, pero ninguna en relación con la norma sobre los regadíos. Los populares se comprometen a seguir invirtiendo en la restauración del área afectada por el incendio de las Peñuelas, que en 2017 arrasó más de 8.000 hectáreas del entorno del parque, y a "seguir trabajando en los proyectos de mejora de hábitats en el Espacio Natural de Doñana que están en marcha", sin mencionar ninguno en concreto. Llama la atención que la Directiva de Hábitats sea una de las que la Comisión Europea considera que esta norma puede afectar si vuelve a tramitarse.

El PP también garantiza en su programa que seguirá exigiendo al Gobierno central la ejecución de las infraestructuras hidráulicas que permitirían llevar agua en superficie a la zona del Condado de Huelva. Este es el argumento que esgrimieron los populares para justificar la proposición de ley, que, aseguran, en ningún caso permite a los agricultores seguir extrayendo agua de los acuíferos que nutren Doñana. También defendían que la norma no otorga derechos de agua, competencia estatal, ni legaliza cultivos vetados en el Plan de la Corona Norte Forestal de 2014, que es el documento que establece ahora el reparto de agua en la zona.

Solo los populares reivindican claramente el texto, a pesar de que fue impulsado de la mano de Ciudadanos y Vox, aunque en dos proposiciones gemelas. Esta rareza respondió a un nuevo intento de los naranjas de separarse de la formación de Santiago Abascal que ya practicaron con la reforma fiscal aprobada el pasado año a partir de dos propuestas idénticas. Pero llama la atención que ni unos ni otros hayan recuperado la norma en sus programas. La formación que dirige Juan Marín no cita a Doñana ni a los regadíos en su documento con 365 compromisos. Vox, en su escueto decálogo, alude a "las infraestructuras necesarias para llevar agua a nuestros productores", pero sin referirse de forma específica al Condado de Huelva.

La paradoja en el asunto de los regadíos de Doñana es que son los partidos contrarios a la medida quienes más espacio le dedican en sus programas electorales. En Por Andalucía, la coalición que forman IU, Podemos, Más País, Equo, Alianza Verde e Iniciativa, plantean una moratoria a los regadíos para "evitar la sobreexplotación de los acuíferos", sin aludir a Doñana. Pero sí solicitan la dotación al parque natural de una naturaleza jurídica similar a la que tiene el Mar Menor en Murcia, así como un plan para la restauración hídrica del humedal. Sobre los regadíos, Por Andalucía defiende el seguimiento del citado Plan de la Corona Norte para garantizar su cumplimiento y avanzar en el cierre de pozos ilegales que siguen captando agua del acuífero de Doñana. Adelante Andalucía es menos específico y reclama una ley para "blindar" la zona protegida, aunque sí pide paralizar o impedir los proyectos de almacén de gas bajo el parque o desechar definitivamente el dragado de profundización del Guadalquivir por los posibles efectos en Doñana.