El PSOE ignora a la ministra Ribera y se abstiene en la ampliación del regadío en Doñana

Mientras el portavoz socialista intervenía en el pleno del Parlamento andaluz marcando la postura de su grupo respecto a la polémica iniciativa de PP, Cs y Vox que amplía 1.500 hectáreas de regadío en el entorno del Parque Nacional de Doñana, los diputados del PSOE se miraban nerviosos porque aún no sabían qué botón había que pulsar. Por la mañana habían celebrado una intensa reunión con siete intervenciones en contra y una, la del único que defendía la iniciativa, el onubense Mario Jiménez, a favor. La incertidumbre y confusión llegaron hasta el último momento, cuando se optó por la abstención en una proposición absolutamente controvertida. Doñana, la reserva ecológica más importante de Europa, vuelve al foco por la agricultura intensiva y por un puñado de votos en una carrera electoral por los apoyos de los propietarios de las fincas amnistiadas.

Llamativo cuando el mismo día se había desvelado que la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, había remitido una carta al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, subrayando “la necesidad de desistir” de una iniciativa que dijo "causa enormes perjuicios, tanto económicos como medioambientales, y también para la imagen de España en el exterior". Una iniciativa que la ministra alertó puede que "culmine en cuantiosas multas" si se regularizan "nuevos regadíos" y se incurre en una "mayor sobreexplotación de las aguas subterráneas" de Doñana.

La “honda preocupación” del Gobierno no ha hecho mella ni siquiera en los socialistas. PP, Cs y Vox unieron sus votos para aprobar dos proposiciones de ley idénticas, en el ya habitual juego de espejos para que los naranjas puedan decir que ellos no pactan con la ultraderecha. Con el aplauso de los agricultores allí presentes, el voto en contra de Unidas Podemos y los no adscritos de Adelante Andalucía más la abstención socialista, el Parlamento andaluz consumó una iniciativa que supone un desafío a la Comisión Europea, la Unesco, los ecologistas e incluso a una parte de los agricultores de Huelva, que ya tienen licencia de riego y que temen el daño reputacional a la fresa en los mercados europeos y que la escasa agua existente tenga que repartirse entre más hectáreas.

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En 2014, tras casi ocho años de debates, tirones, tensiones y peleas con los organismos internacionales preocupados por la amenaza de la agricultura de la fresa y otros frutos rojos sobre Doñana, motor económico de la provincia y de la agroindustria andaluza, la Junta sacó un plan para regularizar los miles de hectáreas que alrededor del parque cultivan 'berries'. Ese documento ordenó lo que había. Un puñado de fincas de la Corona Norte del parque, de la comarca del Condado, que engloba pueblos como Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, fueron declaradas no agrícolas. Había que reducir la presión sobre el parque, que es Patrimonio de la Humanidad, y que tiene ya su acuífero principal “sobreexplotado”.

Aquel momento fue complicado. La mayoría de esas fincas se habían dedicado a plantar eucaliptos para venderlo a la fábrica de celulosa de Huelva. Sus propietarios recurrieron a los tribunales y perdieron. El malestar ha ido a más desde entonces en unos agricultores que apelan a sus derechos históricos y que creen que fue injusto aquel reparto. Este diciembre, por un aviso de la organización ecologista WWF, se supo que el PP llevaba meses trabajando para dar carné de regadío a esos dueños. Detrás está el interés electoral, defienden con claridad las organizaciones ecologistas o Unidas Podemos. Hay una pelea a cara de perro por el voto entre PP y Vox en Huelva, donde los socialistas hasta hace poco eran hegemónicos. El partido de Santiago Abascal se alineó desde el primer momento con los agricultores ignorando las estrictas normas de preservación del parque y la vigilante mirada de Bruselas. Vox comenzó a crecer y el PP decidió pasar a la acción, con sus socios de Gobierno de Cs, de la mano.

En un principio, el PSOE coqueteó con la abstención. En los ayuntamientos de la zona los grupos socialistas han pedido salidas para esos agricultores y en la Diputación de Huelva el partido votó a favor de una iniciativa similar. Sin embargo, el asunto llegó a Bruselas y allí no se anduvieron con rodeos. El intento de legalizar esas hectáreas a las bravas motivó el aviso de la Comisión Europea, que dejó claro que volverá a acudir al Tribunal Superior de Justicia de la UE para solicitar una multa que castigue al Gobierno andaluz.

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Ya en junio de 2021 sentenció que España estaba incumpliendo la directiva de aguas de la UE por no frenar la proliferación de pozos ilegales que esquilman el acuífero principal del parque nacional. En la misma línea, la Unesco alertó que lo que había que hacer era cerrar las fincas ilegales en el entorno de Doñana y no dar una amnistía a más hectáreas. Hasta ahora la lucha ha sido el cierre de pozos ilegales que se nutren de agua del subsuelo que chupa del acuífero del parque. La gran tragedia es que no hay agua. Hay obras de infraestructuras pendientes desde hace décadas para mejorar la situación y mientras, en mitad de una grave sequía, el acuífero, el corazón que bombea la vida del entorno, se va secando. Lo alertó la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y lo avisó el secretario de Estado, que dejó claro que aunque la iniciativa saliera adelante no había agua para regar.

"El cuento de la lechera"

Las posiciones de PP, Cs y Vox, coincidieron al advertir de que había que dar una salida a los agricultores. Desde Cs, Julio Díaz, defendió que Doñana “lo componen las personas y ustedes se olvidan de ellas”. Acusó al anterior Gobierno socialista de que “la convivencia armónica” en esa comarca se rompió con el plan de 2014 y denunció al Ejecutivo por no hacer las obras pertinentes para traer agua. “Agua para Huelva no, pero toneladas de basura radiactiva, sí”, reprochó al Ministerio de Transición Ecológica aludiendo al permiso para la llegada de basura al vertedero de Nerva. Por el PP defendió la proposición Manuel Andrés González, diputado andaluz y a la sazón presidente de los populares onubenses. “Eso es un sí a la riqueza y a la prosperidad en Huelva”, concluyó. Desde Vox, el diputado Rafael Segovia no dudó en atacar “la cobardía” del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, al que acusó de haberse puesto de perfil en una iniciativa que efectivamente el Gobierno ha eludido, echando por delante a los grupos parlamentarios e incluso inhibiéndose en la emisión de un informe que posicione al Ejecutivo sobre la proposición parlamentaria, como es habitual. Si hay recursos judiciales, multas o sanciones, los organismos internacionales tendrán que ir contra el Parlamento y no contra el Gobierno regional.

Opinión

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Desde Unidas Podemos, Inmaculada Nieto apeló a los agricultores presentes en la sala asegurando que se generaban “unas expectativas imposibles” porque no hay agua para regar esas hectáreas y porque la Comisión Europea no va a permitir más desmanes en Doñana. “Esto es un trío de dobles parejas, en el que el PP sabe que todo esto no va a pasar, pero cree que va a hacer el mortal hacia delante y salir indemne. Se equivoca”, alertó Nieto. "Es un cuento de la lechera inviable que hace mucho daño", sentenció.

Por el PSOE, el socialista Mario Jiménez, natural de Moguer, dijo que el partido apoyaba la revisión del plan de la corona norte para “resolver las injusticias que se hayan podido cometer”, pero consideró que la iniciativa de las derechas es “propaganda barata y un engaño masivo a los agricultores del condado”. Alertó que perjudica la imagen de la fresa y echa a pelear a unos trabajadores con otros. Después, el PSOE se abstuvo. Jiménez y María Márquez, otra diputada onubense, la miembro más joven de la ejecutiva federal de Pedro Sánchez y portavoz adjunta en el Parlamento, posaron en la foto conjunta a las puertas del hemiciclo con los agricultores. Todo por un puñado de votos, avisan los ecologistas.