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El Gobierno no dará agua a los agricultores de Doñana que la Junta quiere legalizar
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Batalla política por el parque nacional

El Gobierno no dará agua a los agricultores de Doñana que la Junta quiere legalizar

El Ejecutivo central rechaza la proposición de ley de PP, Cs y Vox en el Parlamento Andaluz para regularizar 1.460 hectáreas de cultivos y advierte que denunciará el caso ante la UE

Foto: El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, junto al presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Paez, y ante el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. (J. L. Losa)
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, junto al presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Paez, y ante el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. (J. L. Losa)

Gobierno y Junta de Andalucía abren una “guerra del agua” en año electoral y con Doñana como escenario. La pasada semana, PP, Ciudadanos y Vox presentaron una proposición de ley en el Parlamento andaluz para legalizar más de 1.460 hectáreas de la corona norte del parque nacional que se dedican al cultivo de frutos rojos (fresas, frambuesas, arándanos, etc.) y que quedaron fuera de la regularización llevada a cabo en 2014. Aquel año, y ante la presión de las autoridades europeas, la Junta aprobó un Plan Especial de regadío que regularizó unas 9.000 hectáreas de uso para la producción de estos cultivos, que suponen uno de los motores económicos de la provincia de Huelva (el pasado año facturó más de 800 millones de euros).

Tras aquella iniciativa, buena parte de las 1.490 hectáreas que quedaron fuera del plan han mantenido su actividad, dando pie a una situación que ha sido denunciada en numerosas ocasiones por los colectivos ecologistas, tanto por el uso de pozos ilegales como por la permisividad de las administraciones públicas e, incluso, de los agricultores legalizados.

Foto: Varias personas se asoman para ver a Rishi Dev Yadav, un nepalí de 28 años, trabajar en un pozo a más de 10 metros bajo tierra, excavado por él mismo en Katmandú. (EFE)

PP, Cs y Vox justificaron la pasada semana su propuesta en la necesidad de normalizar la situación de unos agricultores con “derechos históricos que llevan décadas dedicados a este cultivo”. El tema es de tal complejidad y tan sensible en la provincia onubense que el propio PSOE andaluz se ha mantenido unos días en la ambigüedad y dispuesto a estudiar la propuesta.

Sin embargo, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, acudió este martes a Sevilla para dar una rueda de prensa en la que dejó claro que el Gobierno central no concederá licencia de agua a esos agricultores incluso aunque sean legalizados por el Parlamento andaluz. El representante de la Administración central consideró la proposición de ley presentada como un “engaño, al generar expectativas de nuevos usos que están abocados al fracaso”.

Morán, acompañado del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y del presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez, aseguró que los “derechos históricos” argumentados “no existen y, en cualquier caso, no conceden derecho al agua”.

Foto: Fotografía de archivo del  vicepresidente del PP de Huelva, Alberto Fernández, y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. (EFE)

Además, ha denunciado la falta de lealtad institucional de los partidos que sustentan a la Junta con esta iniciativa parlamentaria “sorprendente”, ya que el pasado 22 de diciembre finalizó el proceso de alegaciones para los Planes de Cuenca 2022-27 y no se presentó esta propuesta. Tampoco se abrió este debate en el Consejo de Participación de Doñana que se celebró el 15 de diciembre.

El secretario de Estado de Medio Ambiente pidió al presidente andaluz, Juanma Moreno, que la Junta vete la proposición de ley presentada en el Parlamento autonómico. Este martes se publicó en el BOPA y el Gobierno andaluz tiene ahora ocho días para emitir un informe voluntario sobre esta iniciativa.

Junto a ello, Hugo Morán advirtió que esta misma semana se reunirá con el comisario europeo del ramo, Virginijus Sinkevičius, y le explicará la situación que se ha producido con esta propuesta que afecta a todo Doñana, aunque la actual iniciativa es para los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado.

El pasado mes de junio, el Tribunal de Justicia de la UE aprobó una condena histórica al Gobierno español por no proteger este parque nacional y no impedir el uso de los pozos ilegales que hace años que esquilman el agua de esta área protegida.

Foto: Foto: EFE.

El representante del Gobierno no es el único que va a amplificar esta “guerra del agua” en las instancias europeas. Unidas Podemos ha registrado este martes en el Parlamento Europeo un escrito para que la Comisión Europea se pronuncie sobre esa posible regularización de 1.460 hectáreas de regadío.

El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, eludió ayer pronunciarse sobre la petición del Gobierno central, pero, ante las reiteradas preguntas de los periodistas, insistió en que "garantizamos que en absoluto Doñana no se verá afectado" y explicó que “la regularización de regadíos no va a suponer ninguna ampliación, sino que busca soluciones a unos derechos históricos que se ejercen desde hace años”.

El representante del Ejecutivo regional ha abogado por “equilibrar los intereses con Doñana” y ha asegurado que “queremos escuchar a todos los sectores, a todos los agentes implicados, queremos hablar con todos” para buscar soluciones a la que ha denominado “la joya de la corona”.

Gobierno y Junta de Andalucía abren una “guerra del agua” en año electoral y con Doñana como escenario. La pasada semana, PP, Ciudadanos y Vox presentaron una proposición de ley en el Parlamento andaluz para legalizar más de 1.460 hectáreas de la corona norte del parque nacional que se dedican al cultivo de frutos rojos (fresas, frambuesas, arándanos, etc.) y que quedaron fuera de la regularización llevada a cabo en 2014. Aquel año, y ante la presión de las autoridades europeas, la Junta aprobó un Plan Especial de regadío que regularizó unas 9.000 hectáreas de uso para la producción de estos cultivos, que suponen uno de los motores económicos de la provincia de Huelva (el pasado año facturó más de 800 millones de euros).

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