Moreno compromete su discurso ‘verde’ con el plan para legalizar regadíos en Doñana

El Parlamento andaluz tiene previsto aprobar este miércoles, con los votos de PP, Cs y Vox, partidos firmantes de la iniciativa, una proposición de ley que en la práctica supone dar carnet de regadío a 1.500 hectáreas del entorno del Parque Nacional de Doñana. La propuesta ha metido al Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno, que promete la “revolución verde” y ha enarbolado la bandera medioambiental, en un auténtico brete, tras años de sólido discurso proteccionista y en la antesala de las elecciones andaluzas.

El mismo pleno en el que el Parlamento prevé votar esta polémica iniciativa se abordará la ley de economía circular, una norma con la que el Gobierno dice querer situar Andalucía como punta de lanza de la sostenibilidad en España. Vox se desmarca de un proyecto que aborrece y el PSOE aún no ha definido su posición. La norma está ahora mismo en el alambre.

PP, Cs y Vox siguen adelante en la Cámara autonómica desoyendo el aviso de sanciones de la UE, un anuncio de querella de la Comisión Europea y un serio tirón de orejas de la Unesco, que protege un parque que es Patrimonio de la Humanidad. La fresa, que compra en su mayoría los países europeos, está en primera línea de la polémica. Hay agricultores onubenses que reniegan de un plan que avisan puede frenar las exportaciones por el rechazo al daño medioambiental de este cultivo y que podría obligar a compartir la poca agua que hay disponible en la zona.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

Doñana, la política y la fresa ilegal

Juan Carlos del Olmo

La proposición de ley, de poco más de diez páginas, se aprobará además por la vía de urgencia. Esto significa que una vez admitida, si los promotores no cambian de postura, se tramitará como proyecto de ley con los plazos acortados. Podría ver la luz antes de verano. Si hay andaluzas y el Parlamento se disuelve, la iniciativa decaerá por completo. Los ecologistas creen que detrás de la medida hay "un claro interés electoralista", un guiño a los agricultores del Condado de Huelva. El Gobierno central ha advertido de que aunque se les dé derecho a regar a estos freseros, no hay agua. El presidente andaluz desveló este lunes que se han dirigido por carta a la Comisión Europea y al Ministerio de Transición Ecológica, a la vicepresidenta Teresa Ribera, pidiendo reuniones para “poder dialogar” y tener “un debate sereno”.

Avisos serios desde Bruselas

La Unesco fue la primera en lanzar una advertencia seria a PP, Cs y Vox sobre la ampliación de regadío en el entorno de Doñana. El organismo internacional exige el cierre de estas fincas a las que ahora se les permitiría regar y alertó de las consecuencias de que ese plan salga adelante. Fue una carta de la organización ecologista WWF la que puso en aviso. La Unesco exigió frenar este plan y no tomar “decisiones difícilmente reversibles”. Los ecologistas interpretan que el Gobierno regional firma “un cheque a los agricultores que no va a poder pagar con fines electoralistas, para conseguir unos miles de votos en el Condado de Huelva”, señaló Juanjo Carmona, de WWF. Después, avisan, “dirán que lo han frenado los malos de Europa”. Pero generar esas expectativas creen que puede tener efectos muy negativos.”Que recuerden que la fresa no nos la comemos aquí sino en Europa y cuando lean que la fresa española está acabando con Doñana habrá consecuencias”.

No es el único organismo que ha puesto el grito en el cielo. La Comisión Europea ha avisado de que volverá a acudir al Tribunal Superior de Justicia de la UE para solicitar una multa que castigue al Gobierno andaluz si se aprueba el plan de regadío que este miércoles verá el Parlamento. Ya en junio de 2021 sentenció que España estaba incumpliendo la directiva de aguas de la UE por no frenar la proliferación de pozos ilegales que esquilman el acuífero principal del Parque Nacional.

TE PUEDE INTERESAR

El PP jalea a los dueños de pozos ilegales contra los ecologistas: "Son unos caraduras"

Isabel Morillo. Sevilla

La carta firmada por la directora general de Medio Ambiente, Florika Fink-Hooiker, expresa su "honda preocupación" por el impacto que pueda tener en Doñana el retraso del cumplimiento de esa sentencia y considera "cuando menos desconcertante" que el gobierno de Moreno contemple medidas que "agravarían la situación y pondrían en grave riesgo" el cumplimiento de lo dictado por Luxemburgo.

No son solo los ecologistas, en pie de guerra desde que en diciembre se filtró esa iniciativa parlamentaria, o los grupos de la oposición en el Parlamento, con Unidas Podemos y Adelante Andalucía en contra. Al rechazo del arco parlamentario, al que también se sumó el PSOE tras unas semanas de dudas y silencios, se une el de la UE, la Unesco y el propio Gobierno central o la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, responsable del regadío en esa zona. Los alcaldes socialistas del Condado, afectados por la iniciativa, han votado a favor textos similares en sus ayuntamientos, aseguró el PP.

El Parlamento, en primera fila

Con todo, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, que compareció en Linares (Jaén), donde se celebró este lunes la reunión del Consejo de Gobierno, dio a entender que la iniciativa parlamentaria sigue adelante. El vericueto usado para registrar esta iniciativa deja al Gobierno de PP y Cs en un segundo plano. Son los grupos parlamentarios, también Vox, los que promueven la proposición de ley y el Ejecutivo, en contra de lo que ocurre en otras ocasiones, ni siquiera ha emitido un informe posicionándose sobre este plan de regadío. Se parapetan en segunda fila por si hay denuncias y multas, denuncian los ecologistas.

Moreno no quiso oír hablar de multas e ignoró el aviso de Bruselas. “No hagamos ciencia ficción”, pidió, asegurando que hablar de sanciones es “hacer futurología”. El presidente defendió que su Gobierno ha invertido más que ningún otro en Doñana y reivindicó su “fuerte conciencia medioambiental”. Sin embargo, asumió que han heredado “un problema enconado” al que hay que hacer frente y acusó a la oposición de hacer “demagogia” con la propuesta. “Lo que proponen los grupos parlamentarios no habla de ampliación de regadíos en ningún momento. Son explotaciones que llevan lustros funcionando, que están a más de 30 kilómetros del parque y se actuará atendiendo a la legislación vigente”, concluyó. Es Moreno el que está asumiendo en primera persona el desgaste por esta polémica pese a la maniobra de que sea una iniciativa parlamentaria de los grupos políticos.

En la antesala de la aprobación del plan de regadío, Unidas Podemos congregó en el Parlamento andaluz a las principales asociaciones ecologistas para abordar el futuro de Doñana. La Mesa de la Cámara impidió el uso de una sala para celebrar estas jornadas. Algo que la portavoz de Unidas Podemos, Inmaculada Nieto, calificó de “cacicada”. No fue impedimento para que Greenpeace, WWF, Ecologistas en Acción, Salvemos Doñana, SEO Bird Life, CCOO, COAG o Equo asistieran a estas jornadas a 48 horas de aprobarse el plan.

Un plan de 2014

Juanjo Carmona, de WWF, avisó de que el nuevo plan de regadío es “un sinsentido” porque ya existe una norma en vigor donde esas hectáreas están contempladas como no regables. El plan de la fresa, de 2014, después de muchos estudios, de cálculos sobre el agua disponible y de años de diálogo hasta llegar al consenso, ya delimitaba que esas fincas no eran de regadío. El documento ha sido respaldado por los tribunales tras su aprobación y se han tumbado varios recursos de los agricultores. “Tanto la Comisión Europea, como el Parlamento o la Unesco asumieron ese documento como un plan de mínimos que le dijimos que iba a servir para salvar Doñana y de repente se legalizan 1.500 hectáreas más”, denunció el portavoz de WWF. A su juicio es grave, pese a que no hay agua, generar unas expectativas. “Tendrían derecho a pedir permisos para regar esas hectáreas. Agua no hay. O se reparte lo que hay entre todo el mundo, con lo que nadie va a quedar contento, o se tiene que excluir a alguien”, advirtió Carmona. Los ecologistas denuncian además que no se están cerrando pozos ilegales que están esquilmando el acuífero. “Estas 1.500 hectáreas posiblemente ya estén regando sin permisos con pozos ilegales y lo que hay que hacer es cerrarlos”, avisó. “El acuífero ya está declarado sobreexplotado y nos bebemos todo lo que llueve. Estamos al límite”, denuncian desde WWF.

Desde CCOO también piden preservar el documento de 2014 que costó muchos años de discusión, casi ocho, y que ponía orden en el sector con el visto bueno de todas las partes. “Ese plan sigue siendo igual de válido. Si quieren cambiarlo que negocien, dialoguen, que haya una tramitación ordinaria del proyecto de ley para que se debata. El movimiento de PP, Cs y Vox ponen a Doñana en el disparadero de la Unión Europea y habrá sanciones contra España y Andalucía. Es improcedente”, advierte Emilio Fernández.