Naturgy hace caja en Doñana mientras la justicia decide sobre su almacén de gas

Naturgy sigue haciendo caja en el Parque Nacional de Doñana en plena cruzada legal de Gas Natural contra la administración española por su proyecto de gas. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 28 de diciembre una nueva retribución anual de 6,5 millones de euros a favor de Naturgy Almacenamientos Andalucía. La propia orden reconoce que el valor de la inversión superará los 53 millones de euros. Hay otros 19,4 millones en las últimas tres anualidades.

La empresa Naturgy, consultada por este periódico, asegura que la retribución se corresponde con el almacenamiento de gas en Doñana que existe desde hace ya muchos años. Se trata de "un activo regulado por un proyecto que ya está en funcionamiento desde finales de los 90", insisten desde la compañía. Hay un almacén de gas bajo suelo de Doñana que está en funcionamiento y otros nuevos proyectos que se frenaron por la Junta de Andalucía y el Gobierno de la nación. En un contencioso por daño patrimonial, pendiente de resolverse en los tribunales de justicia, Gas Natural reclama 358 millones de euros por daño patrimonial por frenarse sus proyectos, que contaron con una primera autorización.

La organización ecologista WWF ha dado la voz de alarma. Recuerdan que hubo un compromiso firme del Gobierno de la nación con los europarlamentarios que acudieron en misión especial a Doñana para cesar en el uso del suelo del parque nacional como almacén de gas. Juanjo Carmona, portavoz de WWF, admite que esta anualidad para las infraestructuras por cuestiones energéticas no es nueva pero sí alerta de los "incumplimientos" y de la "inmoralidad" de que el Ministerio siga pagando por albergar gas en un suelo de ese valor ecológico.

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Carmona recuerda el compromiso firme adquirido con la Unión Europea y pide la retirada inmediata de la figura de interés estratégico. "Doñana es ahora mismo un espacio amenazado por el cambio climático, que es una evidencia que acaba arrollándonos. El Gobierno debería respaldar las energías renovables", insiste el portavoz de WWF. El ascenso a vicepresidencia del Ministerio de Transición Ecológica, advierten los ecologistas, no debe ser compatible con que se siga financiando el uso de Doñana como almacén de gas. Hay además iniciativas aprobadas en el Parlamento andaluz y el Congreso de los Diputados que exigen acabar ya con estas prácticas que han sido también descalificadas por la Unión Europea.

Desde 2008

El futuro del proyecto de Naturgy en el Parque Natural está en manos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La empresa presentó un proyecto para abrir nuevos pozos de almacenamiento de gas en Doñana en 2008. Obtuvo autorización en 2013 y, desde entonces, estuvo varado hasta 2016, cuando Naturgy realizó nuevas actuaciones. Desde entonces, las obras están en la práctica frenadas.

El proyecto prevé una red de gasoductos de 72 kilómetros. De esta cifra, 13 kilómetros corresponden a gasoductos que ya existen y que se mantendrían sin cambios. De los 59 restantes, 37 son renovación de la infraestructura actual y solo 22 kilómetros son trazado nuevo. Naturgy lo dividió en cuatro subproyectos: Marismas Occidental, que está fuera del parque y cuenta con todos los permisos aunque quedó paralizado; Saladillo, que tiene evaluación de impacto medioambiental aprobada por el Ministerio pero que requiere de más permisos, no autorizados, por estar dentro del Parque Natural; Aznalcázar, también fuera del Parque y con Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable; y Marismas Oriental, descartado totalmente por estar dentro del Espacio Natural.

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En septiembre de 2018, un grupo de eurodiputados acudió a Doñana en una misión especial para comprobar de primera mano las amenazas que sufre esta joya ecológica. El informe aprobado en el Parlamento europeo, que es una recomendación y no es vinculante, solicitaba "que se detengan inmediatamente los pasos en el proyecto de gas para garantizar el respeto de los principios de prevención y precaución de la Unión Europea". Por ello, sugirieron que se tomen las medidas legales necesarias para "poner fin a todo el Proyecto Marismas", que cuenta con cuatro ramas (Saladillo, Marismas Occidental, Marismas Oriental y Aznalcázar) y en el que está detrás la empresa Naturgy (anteriormente Gas Natural).

Pozos ilegales

Bruselas subrayó en ese informe final su "profunda preocupación ya que se aprobó una autorización parcial para desarrollar un proyecto privado para almacenar gas en el subsuelo de Doñana sin solicitar una evaluación de impacto ambiental completa y holística que incluyera una evaluación sísmica y una evaluación de impacto combinada". Avalaron las tesis del Gobierno andaluz de que el proyecto no podía dividirse en cuatro subproyectos.

El Parlamento europeo también alertó sobre el uso ilegal del agua en el Parque Nacional y reclamó el cierre de pozos ilegales. Además alertó de que los proyectos de gas corresponden a una "visión energética del pasado" y se suscribió la apuesta por energías limpias y renovables. Situó la pelota en el tejado de las instituciones españolas. En el BOE queda la orden, de 20 de diciembre, que establece los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas para 2019, con su correspondiente pago a Naturgy.