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El sabor amargo de la fresa: Huelva no es Alabama, pero faltan inspectores

Las denuncias de abusos laborales y sexuales en el campo ha puesto la mirada en los contratos en origen: qué falla y qué puede mejorar para que las trabajadoras estén seguras

Foto: Una trabajadora de la campaña de la fresa en Huelva, en una imagen de archivo. (EFE)
Una trabajadora de la campaña de la fresa en Huelva, en una imagen de archivo. (EFE)

"Fresas sí, pero con derechos". Este domingo, los sindicatos SAT, CNT y CGT, junto a Mujeres24H, Café Feminista y otros colectivos, han marchado en una manifestación en Huelva capital para denunciar la "situación de impunidad" tras las denuncias interpuestas por abusos laborales y sexuales en el campo onubense. La marcha se produce después de que tres varones hayan sido detenidos como autores de esos presuntos abusos sexuales en varias plantaciones. Dos de los arrestos se produjeron por denuncias de mujeres extranjeras, y en el caso del tercer capataz, fueron braceras españolas las que acudieron al juzgado.

Todas las miradas se han vuelto hacia el campo onubense después de que la publicación alemana 'Corrective.org' publicara un duro reportaje que daba cuenta de la indefensión de las temporeras de la fresa. Otros medios españoles ahondaron en estas investigaciones y un total de ocho mujeres acudieron a la Fiscalía, tras un reportaje de 'El Español', a presentar una denuncia. Hay diligencias abiertas. La Junta de Andalucía se reunió con asociaciones agrarias y colectivos, y decidió poner toda la documentación en manos del juzgado. Según este periódico alemán, de 100 mujeres entrevistadas, 28 dijeron haber sido víctima de violaciones.

Las organizaciones agrarias tienen la sensación de que hay una campaña "muy injusta" que puede dañar gravemente los intereses del campo andaluz

Las denuncias han obligado a tomar medidas, pero existe entre las organizaciones agrarias la sensación de que hay una campaña "muy injusta" que puede dañar gravemente los intereses comerciales del campo andaluz. Hablan de casos aislados y piden no extender una mancha que no se corresponde con la realidad. Se quejan de que se ha tratado de dar una imagen de "Huelva como si fuera Alabama", con reportajes que hablan de "esclavos y látigos". Las grandes empresas piden que se denuncien los casos que existan y caigan sobre ellos todo el peso de la ley.

Mujeres jóvenes y con cargas familiares

En Huelva, durante la temporada de la fresa y otros frutos rojos, trabajan en el campo hasta 80.000 personas. De estas, más de 17.000 son temporeras contratadas en origen en Marruecos. Unos 10.400 son nuevos contratos y el resto repetidores que llevan años viniendo. Todas estas contrataciones están reguladas y sujetas a un estricto marco legal. Ya los trabajadores de otros países del Este (Rumanía, Ucrania, Polonia...) no entran en los contingentes porque son comunitarios y se contratan exactamente igual que los españoles.

La sorpresa llegó este año cuando solo 840 personas se apuntaron a la oferta publicada por el Servicio Andaluz de Empleo que pedía 11.900 empleos. La oferta se cerró el 18 de diciembre. Aunque la noticia fue destacada en muchos medios de comunicación y vinculada al fin de la crisis económica o el acomodo a los subsidios, la realidad es que, según las organizaciones agrarias consultadas, no era tan raro. Normalmente, los trabajadores nacionales no se apuntan porque la oferta se hace con mucha antelación y confían en que les salgan otros empleos. Los sindicatos denuncian además que apenas hay publicidad de estas ofertas. Después, siempre hay posibilidades, cada vez hay más portales web, por ejemplo, que ofertan contratos.

Las nueve temporeras inmigrantes que han denunciando presuntos abusos laborales y sexuales en una finca. (EFE)
Las nueve temporeras inmigrantes que han denunciando presuntos abusos laborales y sexuales en una finca. (EFE)

El sistema de contratación en origen se diseñó a finales de los noventa y desde entonces ha ido evolucionando. Con estos datos, la comisión de los flujos migratorios, dependiente del Ministerio de Empleo y con participación de Gobierno central, Junta, organizaciones agrarias, sindicatos mayoritarios, UGT, CCOO y diversas ONG, comenzó a trabajar para perfilar un contingente. En enero, el Gobierno autorizó 10.400 nuevos contratos en origen en Marruecos y otros 6.000 repetidores. El mecanismo es fácil. Los empresarios trasladan sus necesidades a su organización agraria y esta las lleva a la mesa de la comisión. A Freshuelva le adjudicaron 5.700 contratos, 3.000 a Asaja, 1.000 a los citricultores, 700 a Fresón de Palos y 200 a la Unión de Pequeños Agricultores.

Una vez aprobados estos contratos, es el Gobierno marroquí, a través de su oficina de empleo, Anapec, quien preselecciona al personal. Hay colectivos sociales que han denunciado que esta selección no es transparente, que los requisitos que piden los empresarios son caldo de cultivo para los abusos y discriminatorios. La realidad es que las organizaciones agrarias piden mujeres menores de 45 años y alegan que son más “delicadas” al recoger los frutos. La oferta que llega al Servicio Andaluz de Empleo debería ser la misma que llega al Anapec, la autoridad laboral marroquí. Legalmente, sería discriminatorio pedir mujeres con cargas familiares, lo que supuestamente las haría más vulnerables y sumisas, según alertan sindicatos como el SAT. Son las propias oficinas de empleo las que discriminan a favor de mujeres con cargas familiares a la hora de adjudicar los contratos. También el Gobierno prioriza este perfil para garantizar el regreso al país de origen.

Campaña de la fresa en la provincia de Huelva. (EFE)
Campaña de la fresa en la provincia de Huelva. (EFE)

“Una vez hecha la preselección, las organizaciones agrarias, siempre con la tutela de las administraciones y sindicatos en la Mesa, seleccionan al personal definitivo”, señalan desde Asaja. “No es cierto que se exija que estas mujeres tengan cargas familiares, pero por la horquilla de edad de estas trabajadoras es lo normal”, agregan desde la patronal agraria. “Toda la selección, todo el proceso, es absolutamente transparente”, defienden desde Asaja.

Eventuales y ligados a la carga de trabajo

Serían contratos eventuales vinculados a la carga de trabajo en el campo, que fluctúa, y se garantizan un mínimo de peonadas, para que al trabajador le merezca la pena trasladarse desde su casa. Sobre el papel, cualquier empresario está obligado a devolver al trabajador a su país si da por rescindido su contrato. Para todos rige el convenio del campo, que en Huelva, para el recolector de frutos rojos, es de 40,39 euros por jornadas de seis horas de trabajo. El contrato conlleva alojamientos en condiciones dignas, aunque los asentamientos chabolistas siguen a la vista cerca de los pueblos con mayor producción de fresa, Lepe, Almonte, Moguer, Palos de la Frontera...

Desde asociaciones humanitarias como Asnuci, señalan que buena parte del problema de lo ocurrido este año en Huelva está en el contingente. Consideran que no se pedían tantos trabajadores en origen desde 2011 y que la oferta fallida en el Inem obligó a retomar los contratos en origen con muchas prisas, lo que ha provocado que se trajeran 17.000 mujeres marroquíes de golpe sin garantías. Denuncian que “en ese acuerdo de los gobiernos, patronal, sindicatos, quedaron cabos sueltos”. Por ejemplo, señalan, “se permitió el contrato en pruebas de 30 días”. Las organizaciones agrarias y los sindicatos niegan que eso sea verdad. El contrato es igual que el de cualquier otro eventual, vinculado al tajo. Si no hay, se da por finalizado.

Asnuci advierte de que muchas temporeras llegaron sin todas las garantías y en un contingente que ha sido caldo de cultivo para los abusos

Cuando llegaron muchas de estas mujeres era tarde, la fresa ya estaba casi recogida, no había suficientes peonadas o no trabajaban bien y eran despedidas. La obligación del empresario es devolverlas a su país, pero la mayoría pedían quedarse. “Muchas han hipotecado hasta sus casas para venir, cuentan desde el pasado noviembre con este trabajo de tres meses y traen unas expectativas económicas”, explican desde Asnuci. “Algunos empresarios de mala fe, para ahorrarse el viaje, y otros muchos de buena fe, para ayudarlas, optaban por otra opción B que permite el acuerdo: se les firma un finiquito y se permite que se queden”, agregan.

Contratos vinculados al regreso

Eso ha provocado que muchas mujeres se hayan quedado deambulando por los campos de Huelva, sin trabajo, en situación de total vulnerabilidad, expuestas a trabajos en negro, de fines de semana, y ahí siempre surge algún desaprensivo, según el relato de Asnuci. “Entre ellos se ayudan, algunos inmigrantes que llevan más tiempo en España les tratan de echar una mano. Otros también directamente crean mafias y se aprovechan”, explican sobre una realidad con muchas aristas.Lo que exigen es que en la próxima negociación del convenio todo esto se analice, que se perfeccionen los contratos, que no haya agujeros negros, que no haya tantas facilidades para rescindir contratos y que estas miles de mujeres vengan lo más protegidas posible.

“Es absolutamente falso que tengan un mes de prueba. El regreso del trabajador una vez que ha terminado su periodo de trabajo obligatorio, así lo determinan las autoridades españolas y marroquíes, es una condición ineludible dentro del sistema de contrataciones de trabajadores extranjeros”, señalan desde Asaja. “El regreso se organiza de forma escalonada y la fecha de fin de contrato depende por ejemplo de la meteorología, no hay un máximo o un mínimo de tiempo”, agregan. Desde la patronal agraria tampoco tienen constancia de que haya un mercado negro con estas trabajadoras. “No tenemos constancia de esa realidad. La contratación de personas en situación irregular en todo caso es un delito en nuestro país, es imposible contratar a nadie que no tenga sus papeles en regla”, señalan.

UGT anima a que haya inspecciones sorpresa en las plantaciones de la mano de policía y guardia civil, y la Junta promete mediadores para la próxima campaña

Desde UGT Huelva, Luciano Gómez señala que el contingente sí funciona bien, aunque tiene margen de mejora, y sitúa el problema en lo que ocurre una vez que las temporeras llegan al campo a trabajar. No hay inspectores de Trabajo que garanticen que se cumple la ley y tampoco mediadores sociales y culturales que ayuden a esta gran bolsa de braceras, que en la mayoría de los casos no saben ni desenvolverse en español y están en una situación de gran vulnerabilidad. Ahora mismo, los mediadores son personal nombrado por la patronal agraria, y UGT exige que sean nombrados por las administraciones públicas para garantizar su “imparcialidad” ante situaciones de abusos. Los inspectores, avisan, deben multiplicarse, y además animan a que se hagan inspecciones sorpresa de la mano de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Denunciar, "un acto heroico"

Los mecanismos existen, pero no se aplican. Hay un Procedimiento de Coordinación Institucional, acordado en 2012, que debería aplicarse de forma automática en caso de denuncia de abuso laboral o sexual de la mano del Instituto Andaluz de la Mujer. “Estas mujeres no tienen vehículos para denunciar estos abusos. Cuando lo hacen, es una acción heroica”, señaló la abogada y miembro del SAT Pastora Filigrana. “Las administraciones obligan a estas mujeres a denunciar, cómo, con qué herramientas, cuando trabajan en fincas a kilómetros de cualquier núcleo urbano, cuando no conocen el idioma, cuando eres una mujer pobre de Marruecos sin ninguna red en el Estado español”, agregó. En 2014, ya hubo una condena firme contra tres hombres por una denuncia de acoso y contra la integridad moral contra unas trabajadoras.

Imagen de un invernadero de fresas en Huelva. (EFE)
Imagen de un invernadero de fresas en Huelva. (EFE)

Desde la Junta de Andalucía, la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, anunció la firma de un protocolo con el sector fresero de Huelva que incluirá formación de género para los capataces y manijeros de las fincas agrícolas y la designación de mediadores, tal y como pedían los sindicatos.

El sindicato UGT pide revisar y mejorar el contingente, dando entrada a las universidades para que estudien los aspectos técnicos, y que haya un seguimiento permanente al contingente una vez que estén en España. También reclaman mejoras en el convenio del campo con un incremento salarial sustancial y mejoras en las condiciones de trabajo de los túneles de los invernaderos.

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