La Junta rinde cuentas en Bruselas ante la amenaza de multas por los regadíos de Doñana

La amenaza de sanciones por parte de Europa si se aprueba el proyecto de ampliación de los regadíos en la corona norte de Doñana ha obligado a la Junta a mover ficha en Bruselas. El objetivo, darle la vuelta a la "campaña de desinformación" que, a juicio del presidente Juanma Moreno, están impulsando las entidades ecologistas y los partidos de izquierda. De momento, WWF ha conseguido que importantes supermercados suscriban una carta remitida al presidente andaluz en la que expresan su "preocupación" por el impacto ambiental de la propuesta. Firmas como Aldi, Asda, EDEKA, Lidl, Migros, Sainsbury's y Tesco se han sumado a la iniciativa.

La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, mantuvo una entrevista este martes con el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius. Le trasladó, según precisó Moreno, toda la información de la que dispone el Ejecutivo andaluz sobre el proyecto legislativo impulsado en el Parlamento regional por PP, Cs y Vox. No dio más detalles de la intermediación de la Junta ante la Comisión, órgano que ya antes de que llegase la propuesta a la Cámara regional advirtió de la posibilidad de sanciones.

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A principios de febrero, la directora general de Medio Ambiente, Florika Fink Hooijer, consideró "desconcertante" la iniciativa, recordó que Europa ya había impuesto sanciones a España en otra ocasión y remarcó que la Comisión no dudaría en volver a recurrir a la Justicia y a las sanciones. Y ante estos casi dos meses de llamadas de atención por parte también de la Unesco y del Gobierno central, la Junta finalmente ha decidido rendir cuentas.

"Es categóricamente falso que se haya planteado una amnistía a los regadíos ilegales", defendió Moreno este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. "Es un debate falso", insistió el presidente andaluz, una "campaña de desinformación" impulsada por determinados partidos y asociaciones que no hacen sino "repetir un mantra que no es cierto".

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Moreno contraatacó y ante los reproches de unos y otros defendió que el proyecto buscar "dar solución a un problema", la concesión de derechos de agua a los agricultores. El presidente remarcó que la zona que podría beneficiarse de la iniciativa "no está ni el parque ni en el preparque, sino a 30 kilómetros de Doñana". "Se está generando una confusión, una alarma desproporcionada, que no es real", ahondó.

La imagen en Europa

El presidente andaluz además señaló que la polémica podría solucionarse si el Gobierno central diese respuesta a la demanda de los regantes con medidas como los trasvases de la Demarcación del Tinto-Odiel-Piedras. Moreno señaló que en todo momento se cumplirá con la ley y se escuchará a aquellos profesionales o familias que consideren que pueden resultar perjudicadas. "Por eso hemos tramitado un proyecto de ley, no un decreto, para que no sea una imposición, sino para escuchar a todo el mundo, para que tomemos la decisión más acertada.

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Las explicaciones de la Junta ante la Comisión Europea llegan además un día después de que WWF hiciese público que importantes supermercados de Europa y empresas del sector frutícola habían suscrito una carta contra el proyecto de ampliación de los regadíos. En la misiva, dirigida a Moreno y también remitida al ministro de Agricultura, Luis Planas, y a la de Transición Ecológica, Teresa Ribera, advertían del impacto reputacional que podía acarrear la iniciativa.

De hecho, las compañías aseguraban que se habían comprometido a garantizar que los productos que venden "se produzcan de manera sostenible", además de recordar que una de sus metas es que sus proveedores "minimicen sus impactos ambientales y sociales". Este, precisamente, es uno de los temores que en más de una ocasión han expresado algunos agricultores, cómo puede influir en la demanda los hábitos de compra de unos consumidores cada vez más concienciados con cuestiones como la sostenibilidad.

A este respecto, Moreno señaló que no había recibido "ninguna carta" suscrita por los supermercados, sino una misiva "de una organización ecologista". "Hasta ahora ninguna cadena de distribución se ha dirigido a Andalucía", zanjó.