El Parlamento andaluz 'invita' a Ribera a posicionarse sobre los regadíos en Doñana

El Parlamento andaluz avanza en los trámites para aprobar la proposición de ley sobre el regadío en el condado de Huelva próximo al Parque Nacional de Doñana. Este miércoles se ha reunido la mesa de la comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio sobre la que ha recaído la proposición para acordar los comparecientes que en audiencia pública informarán sobre la norma. Entre quienes están citados para fijar su posición, PP, Cs y Vox han incluido a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. La cita trata de ahondar en las diferencias sobre este texto legal en las filas socialistas.

La tramitación de la proposición de ley que pretende convertir unas 1.500 hectáreas de suelo forestal en regadío en la corona norte de Doñana, con un serio aviso de la Unesco y la advertencia de graves multas de la Comisión Europea por seguir esquilmando el agua del parque natural, se comenzó a tramitar el pasado 9 de febrero con los votos a favor de PP, Cs y Vox y la abstención del PSOE. Tanto los diputados no adscritos de Adelante Andalucía como Unidas Podemos se han mostrado radicalmente en contra de esa norma, que tiene a las asociaciones ecologistas en pie de guerra, y han pedido su paralización urgente.

Los socialistas andaluces optaron por la abstención en contra del criterio de la vicepresidenta Ribera, que había pedido expresamente que se frenara esa proposición de ley y había informado al líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, de la frontal oposición del Gobierno a esa ampliación del regadío en Doñana. La ministra envió una carta al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno (PP), reclamándole desistir de la iniciativa, avisando de “enormes perjuicios” y “cuantiosas multas” desde la Unión Europea.

El secretario general de los socialistas andaluces advirtió de que no iban a invadir su “autonomía” y argumentó la abstención en que había que dar una salida a los agricultores de la zona. De fondo late la honda preocupación del PSOE andaluz por el malestar del campo y la pérdida de votos del partido en localidades que eran tradicionalmente feudos socialistas. El PP promovió esta iniciativa también por intereses electorales y ante el avance de Vox entre los agricultores de Doñana.

La ministra de Transición Ecológica informó a Bruselas, para calmar los ánimos de la comisaría de Medio Ambiente, de que si la proposición de ley finalmente ve la luz, lo que se espera al final de este periodo de sesiones, antes de verano, el Gobierno recurriría al Tribunal Constitucional. La batalla legal está servida.

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Las comparecencias se celebrarán el próximo 29 de marzo en horario de mañana y tarde. La lista, que se registrará este jueves y a la que ha tenido acceso El Confidencial, incluye a los alcaldes de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer, Rociana del Condado así como a la presidenta de la Diputación de Huelva. Están llamados también la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva, la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), la asociación agraria Asaja, el Consejo de Participación del Parque Nacional de Doñana, la asociación ecologista WWF, los sindicatos UGT y CCOO, la asociación de productores de fresa Freshuelva y representantes de varias comunidades de regantes. La mesa de la comisión, con el aval de los letrados, decidió que acudieran todos los comparecientes que hubieran sido solicitados por dos o más grupos. Quedan fuera Ecologistas en Acción o el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, así como la Estación Biológica de Doñana.

La cita es voluntaria

Desde el Ministerio no se posicionaron sobre si la vicepresidenta acudirá o no. Fuentes socialistas aseguraron que es “la primera vez en la historia del Parlamento andaluz” que se pide la comparecencia de un miembro del Consejo de Ministros para posicionarse sobre una ley autonómica. La ministra Ribera puede declinar sin más problema la invitación. La fase de audiencia pública de un proyecto de ley no es obligatoria en ningún caso.

Nada tiene que ver con las citas que reciben por ejemplo los comparecientes en una comisión de investigación parlamentaria. En ese caso hay obligatoriedad de acudir salvo los miembros del Consejo de Ministros. Hay precedentes de un informe del Consejo de Estado que fija que los miembros del Gobierno central no pueden ser llamados por un Parlamento autonómico, posición que ratificó recientemente la Fiscalía.

PP, Cs y Vox reclaman la presencia de la vicepresidenta Ribera. Sin embargo, el Gobierno andaluz eludió emitir el preceptivo informe para pronunciarse sobre la proposición de ley de Doñana. El Consejo de Gobierno regional jugó al despiste para finalmente eludir fijar su posición, como suele ser habitual en las proposiciones de ley de iniciativa parlamentaria. La Cámara reclamó al Ejecutivo autonómico su informe entre el 14 y el 24 de enero, antes de votarse su tramitación, pero no se envió.

El Gobierno ya afronta una sanción pendiente por los regadíos en Doñana que alcanza los 60 millones de euros y la Unión Europea ha alertado de que esa multa puede incrementarse de salir adelante la proposición de ley andaluza. Exteriores se dirigió por carta a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea advirtiendo de que acudirá al Constitucional y sosteniendo que la Junta no tiene competencias para ampliar “unilateralmente” los regadíos. En un paso previo y ante la advertencia de sanciones, el Ejecutivo de Moreno se dirigió también a Florika Fink-Hooijer, directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, para desmarcarse, explicando que “no es una iniciativa del Gobierno andaluz, sino del propio Parlamento”. Este es el motivo que late tras la negativa del Ejecutivo a emitir un informe fijando su posición. Se da la paradoja de que los partidos que sustentan la Junta piden que el Ejecutivo central fije su posición, más que conocida, cuando el autonómico aún no lo ha hecho.