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La amenaza de una batalla judicial estanca la ampliación de los regadíos de Doñana
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AVISO DEL GOBIERNO

La amenaza de una batalla judicial estanca la ampliación de los regadíos de Doñana

PP, Cs y Vox piden que la ministra Ribera acuda al Parlamento andaluz y los socialistas tratan de retrasar al máximo la tramitación tras asegurar el Gobierno central que llevará la proposición de ley al Tribunal Constitucional

Foto: Flamencos volando sobre Doñana. (WWF)
Flamencos volando sobre Doñana. (WWF)
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La proposición de ley para convertir en fincas de regadío más de 1.500 hectáreas en la corona norte del Parque Nacional de Doñana sigue su curso en el Parlamento de Andalucía después de que el pasado 9 de febrero PP, Cs y Vox, con la abstención del PSOE, dieran luz verde a su tramitación. El objetivo de los grupos que sustentan al Gobierno de la Junta era impulsar con urgencia y la máxima celeridad una iniciativa que llegó a la Cámara envuelta en polémica, con un aviso serio de la Comisión Europea sobre posibles sanciones, el reproche severo de la Unesco y las asociaciones ecologistas en pie de guerra.

Un mes después, a diferencia de la ley de economía circular, cuya tramitación también se aprobó en ese mismo pleno, la proposición de Doñana sigue pendiente de que se califiquen los comparecientes que acudirán a informar sobre la iniciativa. El PSOE preside la comisión que tramita la proposición y el resto de grupos admite que va "arrastrando los pies". Los socialistas no tienen prisa en que la polémica medida, ante la que se abstuvieron pese a la indicación expresa del Ministerio de Transición Ecológica de que votaran en contra, salga adelante. Más aún cuando los partidos del Gobierno y Vox se han aliado para forzar la presencia en la Cámara de la vicepresidenta Teresa Ribera, que ya ha anunciado que si la proposición de ley ve la luz la llevará al Tribunal Constitucional.

Foto: La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. (EFE/Kiko Huesca)

Los grupos han registrado sus listados con los comparecientes que quieren que pasen por la Cámara. Según ha podido saber este periódico, Cs, PP y Vox propone además de a Teresa Ribera, a la presidenta de la Diputación de Huelva, también socialista, y a cuatro alcaldes de la zona. Los tres grupos suman la mayoría necesaria para exigir la presencia de la ministra en la Cámara y así recabar su posición sobre Doñana. Esto haría evidentes las contradicciones que hay en el seno del PSOE. Los socialistas andaluces, que no ocultaron sus discrepancias con la vicepresidenta del Gobierno e incluso reclamaron su autonomía para decidir en este asunto, estarían en una situación muy incómoda. Agricultores, regantes, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sindicatos y ecologistas completan las solicitudes que aún deben aprobarse. El listado de comparecientes es largo y eso ralentizará la tramitación.

Una guerra judicial garantizada

El Gobierno ya ha anunciado que cuando vea la luz recurrirán la iniciativa al Tribunal Constitucional. La Junta de Andalucía quería que saliera a las puertas del verano, para que entre en vigor antes de que en otoño se convoquen las próximas elecciones. Si en esa fecha no estuviera ya aprobada, decaería con la disolución de la Cámara.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, previa información del de Transición Ecológica, ha enviado una carta a Bruselas en la que anuncia que llevarán la iniciativa al Alto Tribunal si es finalmente aprobada. Ya la Delegación de Medio Ambiente de la Comisión Europea advirtió de multas millonarias si se autorizaban más regadíos en el entorno de Doñana. Y existe una sanción pendiente, de 60 millones de euros, por los pozos ilegales en el entorno del Parque y por la sobreexplotación del acuífero, la principal reserva de agua de este espacio protegido. La vicepresidenta Ribera alertó además de que ese plan de regadíos podía poner en peligro la llegada de fondos de la UE.

El Gobierno ve una "vulneración de la competencia reservada en exclusiva al Estado"

El Gobierno ha remitido una carta a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea en la que recuerda que la Junta de Andalucía carece de competencias para ampliar "unilateralmente" los regadíos, informa EFE tras avanzar la información 'El País'. La misiva insiste en que esta proposición de ley "hace peligrar el cumplimiento de los objetivos ambientales obligados por la Directiva Marco del Agua" y también "el mantenimiento de la integridad del ecosistema", según lo previsto en la Directiva Hábitats, desvirtuando además las medidas contempladas en el proyecto de revisión del plan hidrológico del Guadalquivir para el periodo de 2022 a 2027.

El Ejecutivo advierte de que la Dirección General del Agua y la Confederación Hidrográfica "están definiendo, comprometiendo y destinando los recursos técnicos y económicas necesarios" para cumplir los requisitos exigidos por las autoridades europeas y en este caso la legislación de aguas españolas y en particular el plan hidrológico del Guadalquivir "no dan opción alguna al incremento de extracciones de agua subterránea para el regadío en el entorno de Doñana". Por todo ello, considera que la propuesta es una "vulneración de la competencia reservada en exclusiva al Estado" que no solo "interfiere de forma palmaria", sino que además genera "una falsa expectativa introduciendo un ficticio futuro de ampliación de la superficie de riego" que no se podrá llevar a cabo.

En un paso previo, el Gobierno andaluz se desmarcó de la iniciativa y la achacó al Parlamento. Como respuesta a la contundente carta que remitió la directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Florika Fink-Hooijer, la Junta explicó que "no es una iniciativa del Gobierno andaluz, sino del propio Parlamento" y defendió que esto es un "reflejo de la necesaria división de poderes que debe inspirar todo sistema democrático".

Foto: Invernaderos ilegales en Doñana. (WWF/Jorge Sierra)

No fue ninguna sorpresa, el Gobierno andaluz conocía perfectamente la controversia de este indulto a más hectáreas de regadío en Doñana, que tiene marcados tintes electoralistas, y depositó toda la carga en los grupos parlamentarios. PP y Cs fueron los encargados de registrar la proposición de ley y después la negociaron con Vox. El Gobierno eludió incluso emitir el informe preceptivo que suele aprobar cuando se registra una iniciativa de estas características. En todo momento jugó al despiste sobre si iba o no a pronunciarse y a fijar su posición sobre la iniciativa. La amenaza de multas millonarias estaba detrás de esa ambigua posición como está ahora tras el aviso del Gobierno central de que irá al Constitucional para frenar esta polémica proposición.

La proposición de ley para convertir en fincas de regadío más de 1.500 hectáreas en la corona norte del Parque Nacional de Doñana sigue su curso en el Parlamento de Andalucía después de que el pasado 9 de febrero PP, Cs y Vox, con la abstención del PSOE, dieran luz verde a su tramitación. El objetivo de los grupos que sustentan al Gobierno de la Junta era impulsar con urgencia y la máxima celeridad una iniciativa que llegó a la Cámara envuelta en polémica, con un aviso serio de la Comisión Europea sobre posibles sanciones, el reproche severo de la Unesco y las asociaciones ecologistas en pie de guerra.

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