La ministra Ribera alerta de que el plan de Doñana pone en peligro los fondos UE

El Gobierno no se anda con rodeos ante la proposición de ley que se tramita en el Parlamento andaluz por iniciativa de PP, Cs y Vox y con la abstención del PSOE, que legaliza unas 1.500 hectáreas de regadío en la corona Norte de Doñana. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, aseguró en el Congreso que el Ejecutivo no quiere verse en la misma situación que Polonia, que no tiene acceso a los fondos europeos “precisamente” por incumplimiento de sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, algo que apunta que "probablemente llegaría a aplicar a España en caso de que siguiera adelante esta iniciativa".

Las advertencias de Ribera llegan después de que trascendiera que el PSOE andaluz actuó con “autonomía”, así lo defendió el líder andaluz, Juan Espadas, que justificó la abstención de su grupo en contra de la indicación expresa que había dado el Gobierno, que pidió un voto en contra alertando de las consecuencias en la Unión Europea de esa ampliación del regadío en el entorno del Parque Natural.Ribera afirmó que “es mentira” y es “imposible” legalizar nuevas hectáreas de riego en el entorno de Doñana, salvo que se expropien los derechos del agua de los regantes legales porque “simplemente, no hay agua”. Durante su intervención en el pleno del Congreso de los Diputados, la vicepresidenta rspondido así al diputado de Más País-Verdes Equo, Íñigo Errejón, respecto a las medidas del Gobierno para frenar la iniciativa impulsada en el Parlamento de Andalucía.

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Para la ministra, esta iniciativa, ante la que el PSOE andaluz se abstuvo para pedir una alternativa a los agricultores de la zona, es una “barbaridad”. Consideró que es una forma del Gobierno andaluz de esconder “su incapacidad para poder responder a las necesidades de diversificación económica de esa zona”. El Gobierno va a seguir trabajando en la “misma línea de firmeza y defensa de la legalidad” que ha hecho hasta ahora para reivindicar una “reacción responsable” por parte de las administraciones andaluzas.

“Es inadmisible, es indignante utilizar la falsedad y la mentira para destrozar algo que es Patrimonio de la Humanidad como es Doñana”, apostilló. Agradeció a Errejón que se sume a los esfuerzos del Gobierno de España, en línea con lo que reclaman la Unesco y la Comisión Europea. La Comisión Europea dijo que “estaba dispuesta a llegar a donde sea para frenar esta barbaridad, para frenar esta inmensa ilegalidad”.

De la mano de la Fiscalía

El Gobierno está trabajando “estrechamente” con la Fiscalía de Medio Ambiente, que está reforzando la inspección y la sanción. De hecho, ha precisado que en este momento está en tramitación el cierre de 141 pozos ilegales. Tal y como pidió el PSOE andaluz, el Gobierno aseguró que se están impulsando las obras hidráulicas que permitan emplear agua de superficie, de modo que los riegos legales que usan agua subterránea puedan ser frenados y que buscan el crecimiento cero de regadíos, según recoge el Plan Hidrológico del Guadalquivir, que será aprobado en los próximos meses y que recoge 177 millones de euros para obras.

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El diputado Errejón reprochó al Gobierno que en cualquier otro país un parque como Doñana estaría “protegidísimo” mientras que en España está “gravemente amenazado”. “Esto es una irresponsabilidad en un contexto de cambio climática y de sequía persistente, apretar el acelerador para la destrucción del Parque”, advirtió Errejón, que recordó que ya se sabe “como acaba esto” tras lo ocurrido en el Mar Menor. “Es simple y llanamente un 'ecocidio'", sentenció el líder de Más País. Si la iniciativa se consuma España se puede enfrentar a multas diarias del Tribunal de Justicia Europeo; que los agricultores que sí cumplen pueden verse sometidos a un agravio comparativo y que, además, esto puede perjudicar a la imagen exterior de los productos agrícolas españoles.