Feijóo diseñará el programa del PP sin consultar sobre el aborto o vientres de alquiler

El debate de la gestación subrogada dejó en evidencia la semana pasada uno de los puntos débiles del Partido Popular, que lleva sin actualizar sus estatutos desde 2017, con Mariano Rajoy aún al frente del partido. Fue el último congreso nacional con un debate ideológico, ya que las siguientes convocatorias —la de julio de 2018, que acabó con la victoria de Pablo Casado; y la que encumbró a Alberto Núñez Feijóo tras la caída política de su predecesor, en abril de 2022— tuvieron un carácter extraordinario, lo que no obliga a reabrir este debate. Como publicó El Confidencial, sectores en las filas populares ven prioritario renovar la ponencia social antes de las próximas elecciones generales, con el objetivo de definir el cuerpo ideológico de la formación y que este quede impreso en el programa electoral que presentará Feijóo en el cuerpo a cuerpo con Pedro Sánchez en las urnas.

Pero el líder nacional ya ha cerrado esa puerta. Fuentes de Génova desoyen las llamadas de alerta y ratifican que no habrá debate ideológico antes de las próximas generales —previstas para final de año—, ni a través de una convención política, ni mucho menos mediante la convocatoria de un congreso nacional, que los populares pospondrán sin atisbo de duda a después de los comicios. Esta determinación implica que Feijóo diseñará su programa electoral sin haber consultado al resto del partido sobre las cuestiones sociales más espinosas, como el aborto, la eutanasia o los vientres de alquiler. La polémica suscitada en torno a este último punto por el caso protagonizado por Ana Obregón ha resucitado la profunda división que existe en el PP al respecto, con una corriente favorable a su regularización; y con otra proclive a su completa prohibición.

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Tal es la fractura, que el partido ni siquiera pudo llegar a un consenso en el cónclave de 2017. En la ponencia social que entonces se debatió se aprobó un texto lleno de ambigüedades respecto a la maternidad subrogada, fruto de la falta de acuerdo entre los dos sectores que expusieron sus diferencias en el cónclave. El compromiso entonces fue abrir en el futuro un debate en profundidad, en connivencia con los expertos, para tomar partido por una u otra corriente. Pero el asunto se congeló por completo. Y no será un debate que el PP abra en el corto plazo, pese a la urgencia que atisban algunos sectores respecto a tener una postura consensuada de cara a la confección de un programa electoral que deberá ser representativo de todo el partido.

La decisión de no abordar este puntal ideológico puede provocar, incluso, una fractura en el seno del grupo parlamentario, donde también conviven las dos corrientes del PP respecto a la gestación subrogada. Hace unos días, Ciudadanos rescató en el Congreso el proyecto de ley que encabezó Albert Rivera en la Cámara Baja en 2017 sobre la regularización de los vientres de alquiler bajo el parámetro del altruismo, cuestión en la que coinciden potencialmente sectores de los populares, encabezados en este caso por el portavoz del PP en la Cámara Alta, Javier Maroto. Aunque no se prevé que la proposición llegue a pleno en el presente período de sesiones por la falta de cupo de los naranjas, la votación podría dividir por primera vez a los diputados del Grupo Popular: fuentes del partido abonan la posibilidad de que el Comité Ejecutivo Nacional active la libertad de voto en conciencia por tratarse de un asunto que no está definido en sus estatutos, y que además cuenta con una clara vertiente ética.

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Y algo parecido sucede con el aborto. Alberto Núñez Feijóo dio un golpe encima de la mesa tras cambiar notablemente la postura histórica del Partido Popular en esta cuestión. El líder del PP se sirvió del fallo desfavorable del Tribunal Constitucional a su recurso contra la ley de Zapatero, que el primer partido de la oposición presentó hace más de una década. Con este marco, y pese a las críticas internas procedentes del ala más conservadora del PP, el político gallego reconoció el aborto como "un derecho" de la mujer, aunque no "fundamental". En todo caso, esta afirmación choca con la concepción que tienen los populares sobre la interrupción voluntaria del embarazo en sus estatutos, donde literalmente aparece que el aborto en ningún caso puede ser entendido como un "derecho" de la mujer.

Como publicó este diario, Génova ve viable modificar el artículo 54 de la ponencia social de los estatutos del PP para recoger el nuevo sentir del primer partido de la oposición respecto a la concepción del aborto, no como una prerrogativa intrínseca de la mujer, pero sí como un derecho acotado a las condiciones establecidas por la ley de plazos. Pero, de nuevo, el PP se cierra por completo a abordar esa actualización estatutaria en el corto plazo. Feijóo irá a las elecciones generales con unos estatutos que cuentan con seis años de antigüedad.

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El ala del PP que se alinea con la demanda que hizo pública Cayetana Álvarez de Toledo en la Junta Directiva Nacional de marzo de 2022, donde se cerró la etapa de Pablo Casado, quedará por el momento sin respuesta. Entonces, Génova optó por no aceptar la petición de aprovechar el congreso extraordinario de Sevilla para debatir una nueva ponencia política. El partido estaba entonces completamente dividido, y lo que buscaba Feijóo era servir de nexo y no abrir nuevas fisuras internas. Ahora, los populares se escudan en el ajustado calendario electoral, primero en mayo con las autonómicas y municipales y a final de año con las generales, para posponer sin fecha esa actualización ideológica.

El PP ha conseguido soslayar ese debate en el programa marco de las elecciones autonómicas y municipales, donde Feijóo pasa de puntillas por los principales charcos ideológicos. El documento, coordinado por el exministro de Fomento, Íñigo de la Serna, no hace referencia alguna al aborto, ni tampoco a la regularización (o no) de la gestación subrogada. Se centra en este caso en la política de baja fiscalidad del PP o en la defensa de los pactos de Estado en materias comunes y complejas, como el agua, el fortalecimiento de la sanidad pública, la inmigración o la lucha contra la violencia de género.