Moncloa pactará la despolitización de la Justicia con el PP solo si accede a renovar el CGPJ

La iniciativa del PP para promover en el Congreso una reforma del poder judicial que ahonde en la despolitización de la Justicia solo tiene opciones de salir adelante si cuenta con el apoyo de los grupos parlamentarios que sostienen al Ejecutivo. Desde la Moncloa, no se cierran a modificar diferentes aspectos de la ley en línea con lo propuesto por los populares, pero lo condicionan a que previamente se renueve el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Un escenario que ahora mismo parece una quimera, por la ruptura de puentes con el principal partido de la oposición. "La proposición de ley que pactamos está lista para ser firmada cuando el PP quiera y supere el temblor de piernas", indican fuentes del Gobierno, vinculando una reforma pactada entre los dos grandes partidos a un acuerdo global para desbloquear el órgano de gobierno de los jueces.

Desde el Ejecutivo presionan así a los populares y tratan de retratar la iniciativa como un movimiento para descargar responsabilidades por el bloqueo del CGPJ. Si van en serio con su propuesta de ley, entienden que se debería retomar el acuerdo global que finalmente estalló por los aires a finales de octubre antes de firmarlo. El Gobierno no se mueve de ahí y recuerda que no solo incluía los nombres de los vocales, sino también una proposición de ley conjunta. Eso sí, se presentaría en el Congreso una vez renovado el órgano de poder de los jueces con las actuales reglas.

TE PUEDE INTERESAR

El PP registra una ley en el Congreso para que los jueces elijan a los magistrados del CGPJ

Ana Belén Ramos

En la proposición de ley conjunta que negociaron el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons, se incluyen dos de las líneas maestras que ahora los populares han presentado como iniciativa propia. Por un lado, el refuerzo de las mayorías a tres quintos para algunos de los principales nombramientos. Por otro, la prohibición de elegir como vocales a quienes en los cinco años anteriores ocupasen puestos de ministros o diputados.

Además de la reforma pactada, el Gobierno también mantiene vigente, como parte del acuerdo global, su apoyo en el Senado a un magistrado para el Tribunal Constitucional a propuesta del PP. El órgano de garantías constitucionales continúa manteniendo la vacante del magistrado Alfredo Montoya, que presentó su renuncia el pasado julio por motivos de salud. Un magistrado que propuso el PP, y el Gobierno estaría dispuesto a que Génova eligiese a su sustituto para reequilibrar el peso de los conservadores en el TC, siempre y cuando previamente se desbloquee el CGPJ.

TE PUEDE INTERESAR

El PP pide al Gobierno disculparse con el CGPJ tras insultarlo y elegir a dos perfiles que no sean altos cargos

Europa Press

Tanto la reforma del poder judicial para dotarlo de una mayor independencia como el nombramiento de un magistrado conservador en el TC, para reequilibrar mínimamente el peso de los conservadores tras la renovación que inclinó la balanza al lado progresista, siguen sobre la mesa. Ambas cuestiones, según indican desde el Gobierno, se podrían cerrar con una simple firma y en "pocos segundos" si los populares acceden a retomar el acuerdo donde se dejó antes de suspenderse sine die.

Las condiciones de Feijóo

Por su parte, Génova insiste en que existe "voluntad de acuerdo", pero las condiciones que el propio Alberto Núñez Feijóo puso encima de la mesa para retomar la negociación hacen inviable cualquier posibilidad de entendimiento, al menos en lo que resta de legislatura. El PP cree que su proposición de ley se ajusta a los parámetros de independencia judicial que exige Europa, pero asume que el apoyo del partido mayoritario del Gobierno en las Cortes es un escenario utópico.

De hecho, Feijóo no ha hecho sino elevar el precio de un acuerdo con la Moncloa para renovar el órgano de gobierno de los jueces. A la exigencia de profundizar en la despolitización de la Justicia, el líder del PP sumó como requisito dar marcha atrás en la eliminación del delito de sedición y en la rebaja de la malversación y pactar una reforma del Código Penal entre los dos grandes partidos para tipificar la convocatoria de un referéndum ilegal, como se comprometió Sánchez durante la campaña de las generales de noviembre de 2019. El bloqueo, por tanto, está más que garantizado.

"La despolitización de la Justicia es absolutamente incompatible con la politización del Código Penal", resumió Núñez Feijóo el pasado 20 de diciembre, cuando compareció en Génova para valorar el fallo favorable del Tribunal Constitucional a su recurso de amparo contra la reforma judicial que planteaba Sánchez. Fuentes de la dirección del partido insisten en que sus condiciones "no han cambiado", con lo que asumen que la posibilidad de reabrir una negociación con el Gobierno es nula. Vuelta, por tanto, a la casilla de salida.

TE PUEDE INTERESAR

El Gobierno ya no ve urgente la reforma del CGPJ, pero la justifica ante "bloqueos futuros"

Iván Gil

Génova registró su proposición de ley en la Cámara Baja el pasado 30 de diciembre. La iniciativa supervisada por Feijóo y elaborada por Cuca Gamarra y Esteban González Pons se parece, y mucho, a la propuesta que Pablo Casado llevó al Congreso en octubre de 2020 para volver al sistema anterior de la reforma socialista de 1985, en que la máxima volvía a ser la de que "los jueces elijan a los jueces". Todo apunta a que esta vez, y como en aquella ocasión, la mayoría del Parlamento tumbará la toma en consideración de la propuesta del PP.

Fuentes de la dirección subrayan que la proposición de ley forma parte del "plan de regeneración institucional" que presentará Génova en las próximas semanas, una iniciativa que anunció el propio Alberto Núñez Feijóo durante el balance del año 2022 y que ya se encontraba en los planes de la nueva dirección desde hace meses. "Habrá otros muchos elementos que no tienen por qué vehicularse como iniciativa parlamentaria", añaden en la cúpula, donde ponen el foco en revertir el "nepotismo" y el "control de las instituciones" que, a su juicio, ha ejercido Sánchez durante su mandato.

Guerra entre Ferraz y Génova

Gobierno y PP han entrado en una dinámica de culparse mutuamente por el bloqueo, alejando cualquier posibilidad de acuerdo. Si desde Génova se acusa al Ejecutivo de promover las puertas giratorias en la Justicia, desde el Gobierno insisten en situar a Alberto Núñez Feijóo fuera de la Constitución por no pactar la renovación. La situación ha llegado a un punto de no retorno en el que el contexto preelectoral tampoco ayuda, con la Moncloa y Ferraz coordinando esfuerzos por contradecir la etiqueta de moderación y hombre de Estado con que Feijóo accedió a Génova hace nueve meses.

TE PUEDE INTERESAR

Feijóo facilitará a Sánchez su primer decreto del año pese a la voladura de puentes con Moncloa

A. B. Ramos

"La injustificable actitud de la derecha, que se sitúa fuera del marco constitucional al persistir en un inaceptable bloqueo en la renovación de las instituciones, solo persigue un objetivo: revertir por cualquier medio los derechos y conquistas sociales alcanzados en esta legislatura con la razón democrática de los votos", denunciaba Pedro Sánchez en una carta dirigida a la militancia antes de fin de año.

Los socialistas tienen claro que para revertir el trasvase de votos al PP y movilizar al electorado progresista, la estrategia pasa por personificar todos los ataques en un Feijóo dispuesto a pactar con la ultraderecha y con una "visión restrictiva de la Constitución". Todo ello, cuando no han comenzado todavía a asomar los argumentarios electorales más duros. En privado, en cambio, ya se van deslizando. Anticipando lo que está por venir, fuentes de la Moncloa alertaban los últimos días, en referencia a la crisis institucional, de que los populares "están en una dinámica que hemos visto con Trump".