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La Moncloa sacrifica a su candidato más leal y renuncia a su plan para controlar el TC
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ANTES DE AÑO NUEVO CAMBIARÁN LAS MAYORÍAS

La Moncloa sacrifica a su candidato más leal y renuncia a su plan para controlar el TC

Los progresistas del CGPJ cambiaron de opinión en solo unas horas empujados en gran parte por los deseos de la Moncloa. Ninguno de los escenarios posibles favorecía a la imagen nacional e internacional del Gobierno

Foto: Pleno extraordinario del CGPJ del 20 de diciembre.
Pleno extraordinario del CGPJ del 20 de diciembre.
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Lo que pareció imposible durante meses cristalizó este martes en poco más de cinco minutos. La Moncloa acabó cediendo después de un desgaste de semanas provocado por una crisis institucional sin precedentes. Los planes del Ejecutivo para alcanzar una renovación a su medida del TC mutaron en un campo de minas y forzaron la renuncia de los vocales progresistas a continuar respaldando a su candidato más leal para el TC, José Manuel Bandrés, a cambio de acabar con un conflicto que amenazaba con prolongarse durante los primeros meses de 2023, invadiendo así el arranque de un año electoral en el que Pedro Sánchez se juega la reválida.

Los progresistas del Consejo General del Poder Judicial cambiaron de opinión en solo unas horas empujados en gran parte por los deseos del Gobierno, aseguran fuentes jurídicas y políticas consultadas. De apostar por Bandrés sin dar cabida a otras opciones a apoyar de forma unánime a la magistrada María Luisa Segoviano, destacada representante del sector progresista, pero mucho más alejada de la órbita de la Moncloa de lo que hubiera deseado el Ejecutivo. Para muestra, un botón. La propuesta de Segoviano como candidata para el TC partió del sector más cercano a la derecha y no del de la izquierda. La decisión no se esperaba en el bloque mayoritario. A la magistrada se le atribuye cercanía con la exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, pero numerosas fuentes consultadas la ven poco proclive a cumplir mandatos o instrucciones.

Foto: Pleno del Consejo General del Poder Judicial. (EFE/CGPJ)

La cesión no es, sin embargo, una derrota completa e incluso hay quien la vende como un triunfo. Las idas y venidas legislativas de la última etapa han logrado que se cumpla el principal objetivo del Ejecutivo, que ha sido durante meses la renovación del TC y, con ella, el fin de su actual mayoría conservadora. Aunque el traje no se ha cortado por un sastre, sigue valiéndoles a los de Pedro Sánchez. Tras conocer la decisión del Consejo —que propondrá junto a Segoviano al magistrado conservador César Tolosa—, el Constitucional anunció que convocará de forma inminente el pleno obligatorio para verificar la idoneidad de todos los candidatos. Se espera para finales de esta misma semanas, antes de Nochevieja.

El cambio de signo del tribunal de garantías será un hecho antes de que arranque el nuevo año. Fuentes de la Moncloa señalaban tras el acuerdo la urgencia para que ahora el Constitucional valide también a los otros dos nuevos magistrados nombrados por el Gobierno (la catedrática Laura Díez y el exministro de Justicia Juan Carlos Campo), con la intención de volcar las mayorías en el órgano de garantías constitucionales hacia el lado progresista lo antes posible.

No ha habido un único motivo para el cambio de postura. Las fuentes consultadas apuntan a un cúmulo de circunstancias que se resumen en una sola: ninguno de los escenarios posibles favorecía a la imagen nacional e internacional del Gobierno. Fuentes de la Moncloa señalaban ya la semana pasada que el ruido sobre este choque institucional no gustaba en Bruselas, y que harían todo lo posible por mitigarlo, comenzando por rebajar al tono ante lo que un ministro de la coalición describió como una "prevaricación de libro", en referencia a que los magistrados con mandato caducado del TC interviniesen en el debate sobre su propia recusación.

Hay quien asegura que la Moncloa simplemente asumió que iba a perder la votación, temiendo que uno de los vocales del sector progresista del Consejo, Enrique Lucas, inclinara la balanza a favor de Segoviano y Tolosa y evidenciara más aún la derrota. Lucas, hermano de otro de los propuestos (el magistrado del TS Pablo Lucas), niega, sin embargo, esas intenciones.

Los dos factores que más han pesado han sido los avisos de Europa y el riesgo de prolongar la agonía hasta el infinito

La mayoría de los consultados indican que los dos factores que más han pesado han sido los avisos de Europa y el riesgo de prolongar la agonía hasta el infinito, alargando, además, el dominio conservador del TC. Bruselas no veía con buenos ojos la reforma exprés judicial que quedó paralizada por intervención del Constitucional, y su advertencia sobre la necesidad de sosiego y el respaldo de informes que la apoyaran seguía estando activa frente al plan de volver a tramitarla a través de una proposición de ley de lectura única.

Respecto a la prolongación de la crisis, flotaba en el aire una amenaza a la que la Moncloa no era ajena. Si la reforma hubiera salido al final adelante en enero, los conservadores del CGPJ habían advertido que recurrirían al Supremo el nombramiento de los candidatos que salieran. La modificación exigía que se nombraran por mayoría simple y vetaba a los miembros del Consejo votar a más de uno. Tan a medida era que fue bautizada en el órgano como la reforma Bandrés, ya que garantizaba su elección. Además de recurrir, pensaban reclamar que se elevara una cuestión prejudicial por injerencia del poder ejecutivo en el judicial. De nuevo Europa. "La Moncloa ha matado a Bandrés para salirse del avispero de la reedición de sus enmiendas vía nueva proposición, que solo podía valer para desgastarlo aún más", resume un vocal consultado.

Foto: El presidente del Tribunal Constitucional, Pedro José González-Trevijano. (EFE/Fernando Alvarado)

Todos esos riesgos han desaparecido. Aunque el Ejecutivo mantiene aún activa su idea de impulsar la reforma, reconoce que ya no existe urgencia. Todas las fuentes consultadas coinciden en que ya no tiene sentido y creen que Sánchez ha ordenado abandonar la vía del enfrentamiento. La máxima ahora pasa por activar el modo electoral y arrancar enero en estos parámetros, sin el ruido ensordecedor de un choque institucional y tratando de manejar la agenda, para lo que se prioriza el gasto social y los asuntos económicos.

En este contexto, desde el Gobierno valoraron "muy positivamente el acuerdo del CGPJ para la renovación del TC", aun tratando de descargar responsabilidades sobre el PP: "Los episodios vividos en los últimos días ponen de manifiesto que el señor Feijóo y el PP han sido capaces de tensionar las instituciones democráticas hasta límites insospechados, sin importarles el prestigio del TC y de sus magistrados".

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante los medios tras el Consejo de Ministros celebrado en el Palacio de La Moncloa en Madrid este martes. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)

Tanto fuentes de la Moncloa como del Grupo Socialista defienden que el desbloqueo del Constitucional cambia las formas de la reforma prevista por el Gobierno, pero no el fondo. Deslizan así que la iniciativa seguirá adelante, aunque no con la urgencia contemplada hasta ahora. La vía exprés planteada durante los últimos días pasaba por una proposición de ley conjunta con los socios parlamentarios a través de tramitación urgente y en lectura única para tenerla lista antes de finalizar enero. Según avanzaba en la mañana de ayer el jefe del Ejecutivo, si bien "la urgencia no sería la misma" ante el hipotético desbloqueo que finalmente se materializó horas después, estaría justificado "hacer algunas reformas que impidan que en el futuro se puedan producir este tipo de bloqueos, que lo que hacen es erosionar a las instituciones".

Presión de los socios

La posición ambivalente del Ejecutivo, cuya prioridad era desbloquear el TC, ha hecho que los socios eleven su presión para mantener la reforma. Desde los socios de Gobierno, Unidas Podemos, hasta los parlamentarios, como Más País, dando a entrever que el Gobierno podría echarse atrás en la reforma, más allá de dejar de verla urgente.

Los morados consideran que la renovación del TC no soluciona el problema de fondo mientras no se renueve también el CGPJ. Su portavoz, Pablo Echenique, apostaba incluso por ir un paso más allá y "cambiar las mayorías de renovación del CGPJ en el Congreso". Esto es, retomar la reforma dura del poder judicial rebajando las mayorías parlamentarias para renovar el órgano de poder de los jueces sin el concurso del PP. El portavoz de Más País, Íñigo Errejón, reclamaba que se garantizase la repetición del "secuestro de las instituciones por el PP". "El Gobierno debería mantenerse firme y no ceder en sus compromisos", añaden fuentes del partido para concluir que, de lo contrario, los socialistas no dejarán de ser "un inquilino en el Estado".

Desde la Moncloa esquivan estas presiones para apuntar directamente a los populares. Aun sin conminarlos a retomar la negociación para la renovación del CGPJ, lo cual parece tarea imposible tras romper todos los puentes y elevar el tono de enfrentamiento a las puertas del ciclo electoral, concluyen que el Gobierno "desea la normalización de las instituciones de nuestro país" y que "el único que falta por cumplir con la Constitución y la renovación del CGPJ es el PP".

Lo que pareció imposible durante meses cristalizó este martes en poco más de cinco minutos. La Moncloa acabó cediendo después de un desgaste de semanas provocado por una crisis institucional sin precedentes. Los planes del Ejecutivo para alcanzar una renovación a su medida del TC mutaron en un campo de minas y forzaron la renuncia de los vocales progresistas a continuar respaldando a su candidato más leal para el TC, José Manuel Bandrés, a cambio de acabar con un conflicto que amenazaba con prolongarse durante los primeros meses de 2023, invadiendo así el arranque de un año electoral en el que Pedro Sánchez se juega la reválida.

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