Sánchez quiere zanjar su reforma judicial en enero, acotada al TC y de la mano de sus socios

Pedro Sánchez quiere zanjar la polémica reforma que afecta al Tribunal Constitucional lo antes posible. En enero, como mucho. A pesar de las presiones de sus socios de Unidas Podemos y de aliados parlamentarios como EH Bildu, el ala socialista del Gobierno de coalición circunscribe esta proposición de ley a los aspectos de la norma que reforman el delito de malversación y de sedición, que fueron congelados por el Tribunal Constitucional, en respuesta al recurso de amparo del PP.

A horas de que esta ley logre el aval del Senado y, por tanto, se vea ratificada definitivamente, el Gobierno, por decisión del ala socialista y de Yolanda Díaz, aguarda para conocer el fallo del TC, que prevén inminente, y que les permitirá culminar la proposición de ley que llevarán al Congreso de los Diputados entre el jueves y el viernes, de cumplirse sus cálculos. Más allá de su interés por conocer los razonamientos del TC, hay motivos estéticos: no tendría sentido dar a conocer la proposición de ley, de la que ya circula un borrador desde la noche del pasado martes, antes de que el fallo sea público, argumentan.

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Distintas fuentes parlamentarias sostienen que el PSOE dará la orden de llevarla a registro este mismo jueves, cuando se prevé que el TC notifique su resolución. El plan de los partidos de la coalición es armar un frente muy amplio, que desborde la mayoría de investidura, para dar una sonora respuesta al Constitucional, al que acusan de haber invadido las competencias del Parlamento.

La norma, en esencia, reproducirá las dos enmiendas que fueron retiradas del dictamen de la ley de la sedición por exigencia del Constitucional, a pesar de las presiones de quienes reclaman ir más allá y aprovechar el contexto para rebajar las mayorías necesarias para elegir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Gobierno enfriaba este miércoles la opción de una reforma dura, que pase también por acabar con el requisito de contar con 3/5 partes de la Cámara para nombrar a los vocales del CGPJ, cuyo mandato expiró hace cuatro años.

La proposición de ley volverá a encontrarse con un rechazo expreso del PP, que ya plantea volver al órgano de garantías con un nuevo recurso contra una propuesta que consideran "del todo inconstitucional" y que permitirá al Ejecutivo incidir de lleno en el sistema de nombramientos del CGPJ y eliminar la potestad del Tribunal Constitucional para verificar la adecuación de nuevos nombramientos, lo que pondría alfombra roja a la entrada de Juan Carlos Campo y Laura Díez como nuevos magistrados del órgano.

El problema que ahora atisban en Génova no es tanto de forma, sino de fondo, por lo que no intentarán paralizar la tramitación de la proposición de ley con un recurso de amparo, como hicieron con las dos enmiendas a la iniciativa para modificar el Código Penal. "El procedimiento es irregular, pero no ilegal", sintetizan en la dirección del partido. Los populares denuncian que el Gobierno recurra, de nuevo, a la vía de urgencia para acelerar su agenda legislativa y alejarla en la medida de lo posible, según su análisis, de las elecciones de mayo. Presionaron, de hecho, para que el Ejecutivo recurriese a la aprobación de un proyecto de ley para contar con "informes preceptivos" y con "comparecencias de expertos", pero este trámite se dilataría meses.

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"Sánchez ha querido jugar a la estrategia del olvido, pero no lo ha logrado", se congratulan en la cúpula del PP, donde venden como una "victoria" el fallo del Tribunal Constitucional porque, pese a que el Gobierno impulsará una iniciativa similar con otro procedimiento, han conseguido descolocar el calendario legislativo de Sánchez y "acercar" la controvertida reforma a las autonómicas de mayo. En el partido, ha sentado especialmente mal que Sánchez sugiriese en su último cara a cara con Feijóo en el Senado que el TC sea "el brazo político" del PP, y fuentes de la dirección aseguran, incluso, que a ellos también les sorprendió que el órgano de garantías convocase pleno urgente y aceptase las cautelarísimas. "No estábamos preparados", aseguran.

"Ahora traen la reforma bien empaquetada para que no se la frene Europa", aseguran en la dirección del Grupo Popular en el Congreso. Y no es una cuestión baladí. El toque de atención de Bruselas hace casi dos años, cuando llevaron su rebaja de las mayorías para elegir al CGPJ en el Parlamento, para después retirarla, preocupa al PSOE a seis meses de que el España se haga con la presidencia rotatoria de la UE, un hito para el Ejecutivo de Sánchez. Mientras ERC se muestra “a disposición”, aliados como EH Bildu reclaman actuar para desbloquear el TC cuanto antes.

El CGPJ, más adelante

Esta es también la posición de Podemos, y hasta hace escasos días era la que defendían en IU y los comunes. Tras dos reuniones con la vicepresidenta segunda, una en el Ministerio de Trabajo y otra en el Congreso, estos actores han moderado el tono y hoy sostienen que toca ir paso a paso: primero la ley que enmienda la actuación del TC, más adelante tocará hablar del CGPJ.

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Por su parte, Podemos no está en esas. Si bien había un compromiso de su dirección para respetar los tiempos del PSOE, este miércoles su número dos y ministra de Igualdad, Irene Montero, reclamó actuar “de forma inmediata en los dos frentes”. Se trata, según el diagnóstico de los morados, de un problema político y no jurídico, y aunque reconozcan que es necesario ser jurídicamente impecables, también esgrimen que hace falta dar una respuesta a un TC que ha “doblado el brazo a Sánchez”, como espetó al presidente en plena sesión de control en la Cámara Baja la portavoz del PP, Cuca Gamarra. Su partido también había apostado abiertamente por desobedecer al TC en el Parlamento —como hiciera IU—, antes de que su portavoz, Pablo Echenique, asumiese que el PSOE había “zanjado” este debate.

Mientras tanto, los aliados parlamentarios están expectantes. Sánchez tiene claro, y nadie en su espacio lo rebate, que la norma debe tramitarse como proposición de ley, y no como proyecto del Gobierno. Sus socios secundan esta decisión. Primero, por el protagonismo que les brinda, pero fundamentalmente porque entienden que es la respuesta que toca ante un Constitucional que ha anulado preventivamente un debate y una votación del legislativo.

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La respuesta, como reclaman PSOE y Unidas Podemos, debe partir de la serenidad, pero también ser “contundente”, como enfatizan fuentes del socio minoritario. La decisión del Constitucional ha estado presente en decenas de intervenciones del pleno que estas jornadas acoge la Cámara Baja, con reproches cruzados entre las bancadas de la izquierda y la derecha. Más allá del enfado que sus señorías usaban para salpimentar sus intervenciones, había incertidumbre por los tiempos que marquen los socialistas.

Varios grupos dan por hecho que habrá más de un pleno extraordinario en enero, mes inhábil a efectos parlamentarios, pero que en los tres años de legislatura siempre ha tenido cierta actividad. Para los aliados del Gobierno, la respuesta al Tribunal Constitucional debe llegar cuanto antes y dejarle muy claro que el Congreso no puede ser “amordazado”. De hecho, mientras el PP celebra en público la actuación del TC, en el Ejecutivo hay quienes sostienen que se ha pasado de frenada y que a medio plazo el tiro va a salirle “por la culata”.