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El CGPJ, obligado a renovar con nuevas reglas impuestas por Sánchez
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No se votará en el pleno ordinario

El CGPJ, obligado a renovar con nuevas reglas impuestas por Sánchez

El sector conservador atribuye a los progresistas, que no se han movido de su apoyo al candidato preseleccionado, toda la responsabilidad de este último fiasco

Foto: El presidente del CGPJ, Rafael Mozo (c), preside el pleno extraordinario. (EFE/CGPJ)
El presidente del CGPJ, Rafael Mozo (c), preside el pleno extraordinario. (EFE/CGPJ)
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A pesar de que la fecha del 22 de diciembre ha sido repetida hasta la saciedad como una especie de meta a la que llegaría el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su largo camino hacia la renovación del Tribunal Constitucional, el día ha llegado y no se espera que ocurra nada. El fracaso en la primera intentona real de nombramiento de los dos candidatos del órgano ha cerrado la puerta, al menos de momento, a nuevos intentos. El sector conservador no ve posible solución y considera que no podrá designar hasta que el Gobierno acabe por aprobar sus nuevas normas. Atribuyen a los progresistas, que no se han movido de su apoyo al candidato preseleccionado (José Manuel Bandrés), toda la responsabilidad de este último fiasco.

Las reglas para acelerar impuestas por el Gobierno de Pedro Sánchez se encuentran paralizadas de momento pero será cuestión de semanas que se aprueben de nuevo, en este caso a través de una proposición de ley de lectura única. Mientras en el Consejo, la elección de candidatos para el TC ni siquiera está en el orden del día. "Nos están empujando a plegarnos a lo que quiera Sánchez", asegura uno de los vocales consultados. Otras fuentes indican que el presidente suplente, Rafael Mozo, tuvo en su mano acabar con la escalada de tensión. Este martes, los dos candidatos que proponía el sector más cercano a la derecha —César Tolosa y Pablo Lucas— obtuvieron 10 votos, a solo uno del espaldarazo final. Mozo, al ser el de mayor edad, votó el último. Su asentimiento hubiera permitido desbloquear la situación.

Foto: Fachada del Tribunal Constitucional. (EFE/Ballesteros)

Siete meses de tira y afloja y una crisis institucional sin precedentes que sigue alargándose. Con la elección, el Consejo habría puesto punto y final a la herida aún abierta por la decisión del tribunal de paralizar este lunes dos enmiendas destinadas precisamente a empujar de forma urgente la renovación. Ya no habría tenido sentido la discusión sobre la entrada aislada en el órgano de los candidatos del Ejecutivo, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y Laura Díez, y se hubiera allanado el camino para pasar de pantalla.

El desbloqueo ha venido tras varias intentonas fallidas. En esta última, el pleno del CGPJ, formado por 18 vocales y con mayoría conservadora, votó a tres candidatos solo unas horas después de que el Tribunal Constitucional detuviera las enmiendas que les hubieran obligado a un cambio en el sistema de votación. Con las actuales reglas, el mínimo para sacar adelante los nombramientos exige el apoyo de tres quintas del Consejo, es decir, 11 votos: el magistrado progresista José Manuel Bandrés, propuesto por los progresistas, se quedó en siete, mientras que los magistrados César Tolosa y Pablo María Lucas Murillo, propuestos por los conservadores, reunieron 10. No se ha dado opción desde ninguno de los dos bloques a sondear nuevos apoyos a candidatos distintos.

Mientras esto sucede, fuentes parlamentarias ya avanzaron ayer que se promovería una proposición de ley en el Congreso, a través de los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno y sus socios, para evitar el veto del Constitucional y volver a impulsar la reforma del Poder Judicial con el objetivo de desbloquear la renovación del órgano de garantías. La nueva intentona podría estar aprobada en el plazo de tres o cuatro semanas, con la intención de calificarla antes de final de año y llevarla a pleno en enero, habilitando estas fechas, aunque están fuera del periodo de sesiones ordinario. Esta iniciativa tampoco requeriría de los informes ni consultas previas a las partes implicadas, pero el procedimiento no sería recurrible.

Foto: Tribunal Constitucional. (EFE / Zipi)

Con la aprobación final por parte de las cámaras, el sector progresista se asegura el nombramiento de Bandrés. La enmienda establece que si el nombramiento no se lleva a cabo en un plazo máximo de tres meses por la mayoría habitual de tres quintos, los vocales del Consejo podrán proponer candidatos que se someterán a votación de los vocales presentes, sin necesidad de un quorum mínimo y en una votación única. "Cada vocal podrá votar a un solo candidato o candidata, resultando elegidos los dos magistrados o magistradas que hayan obtenido un mayor número de votos", agrega el texto.

El pleno extraordinario de este martes se celebró a petición del bloque conservador del CGPJ. Nueve vocales forzaron la reunión para tratar de adelantarse a las nuevas reglas que imponía el Gobierno para nombrar a los candidatos del Constitucional. Fracasaron. Solo queda esperar acontecimientos después de que el Constitucional confirmara en la noche del miércoles su decisión inicial y mantuviera la paralización de las enmiendas.

A pesar de que la fecha del 22 de diciembre ha sido repetida hasta la saciedad como una especie de meta a la que llegaría el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su largo camino hacia la renovación del Tribunal Constitucional, el día ha llegado y no se espera que ocurra nada. El fracaso en la primera intentona real de nombramiento de los dos candidatos del órgano ha cerrado la puerta, al menos de momento, a nuevos intentos. El sector conservador no ve posible solución y considera que no podrá designar hasta que el Gobierno acabe por aprobar sus nuevas normas. Atribuyen a los progresistas, que no se han movido de su apoyo al candidato preseleccionado (José Manuel Bandrés), toda la responsabilidad de este último fiasco.

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