Díaz se alinea con Moncloa e impone a UP esperar al TC antes de presentar una nueva ley

Yolanda Díaz y la Moncloa no quieren mover ficha antes de conocer el auto del TC que ha paralizado la tramitación de las dos enmiendas que afectaban al propio Constitucional, que el Gobierno quiere revertir con una nueva proposición de ley en el Congreso lo antes posible. La vicepresidenta segunda ha trasladado este miércoles a la dirección de su grupo parlamentario que hay que esperar a conocer los fundamentos que sustentan el fallo del TC, que el Ejecutivo prevé conocer en las próximas horas o días, antes de registrar una proposición de ley que permita volver a impulsar los preceptos legales suspendidos. Hoy más que nunca, pide calma y ausencia de ruido, como reclamó el martes en otra reunión, en la sede del Ministerio de Trabajo, a la que no asistió Podemos, que sí estuvo presente el miércoles.

Es una posición que hoy ha expresado en público, y después ha enfatizado a la interna. Fuentes del entorno de Díaz han explicado que esta ha sido su reclamación ante la dirección de su espacio político, reunido en el Congreso, en el que hay voces que reclaman actuar cuanto antes, sin siquiera esperar al auto, dada la gravedad de la situación. La propia ministra de Igualdad y número dos de Podemos, Irene Montero, reclamó este miércoles tomar medidas "de forma inmediata", para "garantizar el normal funcionamiento de las instituciones", acabando "con el bloqueo de CGPJ y del TC".

Montero ponía voz al pulso entre Podemos y la vicepresidenta, secundada por otras fuerzas del espacio político, que han modulado su discurso para pasar de defender la desobediencia al TC y reclamar protestas sociales a decir que no se puede mezclar la reforma de las mayorías del CGPJ con el impulso de la norma bloqueada por el tribunal de garantías. A juicio de parte del espacio, lo primero es recuperar la norma paralizada, para después abordar una reforma del CGPJ que el PSOE enfría.

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El martes, Unidas Podemos llamó a conformar un bloque con sus aliados parlamentarios y otras fuerzas, para presentar cuanto antes esta norma, y para visibilizar el importante respaldo con el que cuenta en el Parlamento. También se comprometieron a respetar los tiempos del PSOE y, al final de la tarde, desde la parte socialista del Gobierno, se transmitió la idea de que esta modificación era inminente, si bien debería cumplir dos requisitos: ser impulsada desde el Congreso, como proposición de ley de los grupos (y no como proyecto de ley del Ejecutivo, que dilataría los tiempos y obligaría a requerir informes al CGPJ o al Consejo de Estado), como también ha defendido el propio Pedro Sánchez, pero también que debería registrarse tras el análisis de los votos particulares contra el fallo y el propio auto.

Unas horas después, el miércoles, la ministra de Hacienda y número dos de los socialistas, María Jesús Montero, dejaba claro que esta era una prioridad para el Gobierno, "para ver en qué se ampara" el tribunal de garantías. El diagnóstico de parte de Podemos, sin embargo, es que, si bien hay que garantizar que la nueva norma tenga el necesario rigor jurídico, el problema actual es eminentemente político, y no jurídico, y, por tanto, deberían responder cuanto antes.

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Tras una reunión de portavoces convocada por Podemos para estudiar los siguientes pasos, el martes —un brainstorming, en palabras de Aitor Esteban, portavoz del PNV—, los grupos han mantenido discretas conversaciones sobre esta proposición de ley, que podría llegar a registro esta semana.

Previsiblemente, las enmiendas rebajarán la mayoría de tres quintos a la hora de nombrar en el CGPJ a los magistrados al Constitucional, además de modificar el tribunal de garantías eliminando el examen de la idoneidad a los nuevos magistrados, habilitando también la opción de renovar por sextos y no por tercios, lo mismo que ha paralizado el TC. La pelota, aseguran desde Unidas Podemos, ERC y otros grupos, está en el tejado del PSOE, que es quien decidirá cuándo dar esta batalla.