El Constitucional se reúne de nuevo para examinar la petición de urgencia del Senado

El Tribunal Constitucional volverá a estudiar antes de lo previsto la suspensión de las dos enmiendas del Gobierno destinadas a precipitar la renovación del órgano. El presidente del TC, Pedro González-Trevijano, ha convocado pleno para esta tarde a las siete para resolver el escrito presentado in extremis por el Senado, personándose en el recurso de amparo e impugnando la medida cautelarísima adoptada. La Cámara Alta ha solicitado en concreto que se resuelva dicha impugnación antes de mañana, por ser esta la fecha prevista para el debate y votación por el pleno del Senado. De forma paralela, el Congreso también ha presentado alegaciones, en sentido similar.

La nueva reunión tiene lugar 48 horas después de la decisión adoptada el lunes, cuando el TC paralizó la tramitación de las enmiendas por un estrecho margen de seis votos frente a cinco. Los dos bloques votaron enfrentados, conservadores contra progresistas. La mayoría del sector más cercano a la derecha y su convicción de que la forma en que el Gobierno buscaba aprobar el cambio era inconstitucional han sido determinantes.

En estas alegaciones de urgencia, el Senado pide en concreto "el levantamiento inmediato" de la suspensión de las enmiendas que califica como "una actuación desproporcionada". Asegura que la decisión es "inédita y de la máxima trascendencia" y le afecta directamente pese a que no fue la Cámara que ha adoptado los acuerdos objeto del recurso de amparo del PP. "El Senado y sus integrantes individualmente considerados se hallan indefensos al adoptarse la medida de suspensión inaudita parte", destaca el órgano que preside Ander Gil.

También destaca el escrito que la hipotética vulneración que alegaba el PP tendría que ser objeto de un recurso de inconstitucionalidad "para depurar tales eventuales vicios", pero no paralizada por un recurso de amparo con la intención "o, como mínimo, con el resultado" de producir unos efectos suspensivos equivalentes a los del derogado recurso previo de inconstitucionalidad contra las leyes.

Asegura que la decisión ocasiona "una perturbación de la máxima gravedad a un interés constitucionalmente protegido". Impide al poder legislativo del Estado español, encarnado en las Cortes Generales que representan al pueblo español, "ejercer con plenitud las funciones que tiene constitucionalmente atribuidas, sin interferencias indebidas que alteren el normal funcionamiento del sistema parlamentario". También apunta a una perturbación particularmente grave en los derechos fundamentales de todos los senadores, ya que se les niega "ejercer en tiempo y forma el derecho a enmendar, debatir y votar".

"La medida adoptada constituye un precedente de impredecibles consecuencias. La posibilidad de que se pueda utilizar el recurso de amparo como medio para perturbar el ejercicio de la función legislativa de las Cortes Generales —como en su día ocurrió con el recurso previo de inconstitucionalidad de las leyes— debería valorarse como un motivo más para levantar de forma inmediata la suspensión acordada", concluye.

La decisión del lunes implica que la tramitación de la iniciativa legal queda paralizada antes de que vote el Senado mañana. La Cámara ha querido intentar una última vez que se prosiga con la votación. Fuentes parlamentarias ya avanzaron ayer que se promovería una proposición de ley en el Congreso, a través de los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno y sus socios, para evitar el veto del Constitucional y volver a impulsar la reforma del poder judicial con el objetivo de desbloquear la renovación del órgano de garantías. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmaba esta mañana, durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, que la iniciativa quedaría en manos de "los grupos parlamentarios" para impulsar el plan B con el que tratarán de forzar la renovación pese a la paralización de las enmiendas en la reforma que se iba a votar este jueves en la Cámara Alta.

Los grupos parlamentarios están a la espera de que el Constitucional comunique el recurso para que, “a la mayor brevedad posible”, se registre la proposición de ley en el Congreso. La intención es que se realice por trámite urgente y lectura única. De este modo, podría estar aprobada en el plazo de tres o cuatro semanas, con la intención de calificarla antes de final de año y llevarla a pleno en enero, habilitando estas fechas aunque están fuera del periodo de sesiones ordinario. Esta iniciativa tampoco requeriría de los informes ni consultas previas a las partes implicadas, pero el procedimiento no sería recurrible.

El presidente del tribunal, Pedro González-Trevijano, y otros cinco magistrados de corte conservador se mostraron favorables a atender las medidas cautelares solicitadas por el PP. Los seis magistrados que forzaron la decisión aprecian una vulneración del derecho fundamental de participación política que recoge el artículo 23.2 de la Constitución, explican las mismas fuentes. La ponencia del magistrado Enrique Arnaldo, de corte conservador, indica que la doctrina existente exige una relación de "homogeneidad" entre las enmiendas que incluían la reforma y la iniciativa legislativa que se pretende modificar, que en este caso es la proposición de ley que en principio solo se refería a aspectos como derogar el delito de sedición y rebajar la pena de la malversación.

"Conforme a dicha doctrina, desde la perspectiva constitucional, cabe extraer una exigencia general de conexión u homogeneidad entre las enmiendas y los textos a enmendar", indicaba el informe favorable al PP. El escrito afirma también, citando esa jurisprudencia, que la enmienda no puede servir de mecanismo para dar vida a una realidad nueva.