Sánchez aleja al PP de los secretos oficiales y prioriza a sus socios para negociar la ley

El anteproyecto de la nueva ley de secretos oficiales echó a andar este lunes en mitad de una fuerte marejada política. Ni siquiera gusta al socio minoritario del Ejecutivo. El contenido ha generado cuantiosas críticas a lo largo de todo el arco parlamentario, desde los apoyos habituales del Gobierno, que no tardaron en mostrar sus discrepancias sobre un texto que contempla periodos de hasta 50 años para desclasificar información reservada, hasta un PP que tampoco escondió su malestar, aunque en su caso más por las formas que por el fondo de la normativa.

En un momento en que el Gobierno considera al PP de Alberto Núñez Feijóo equiparable al de Pablo Casado, sin verdadero interés por llegar a acuerdos, el ministro de la Presidencia, hombre fuerte de Moncloa y supervisor del desarrollo de esta ley, Félix Bolaños, se mantenía inmune a las críticas de sus socios. "Estoy seguro de que habrá una mayoría parlamentaria rotunda que apoye esta ley", afirmó este lunes, tras el Consejo de Ministros. Dijo que la norma es "avanzada y garantista" y que el Ejecutivo "respeta todas las opiniones" de las fuerzas políticas que la critican. Así, cuando se conozca el texto, estudiarán cómo "mejorar" la ley. Parten de posiciones de máximos: hasta 50 años para mantener clasificados documentos, prorrogables otros 15. Las posiciones de sus socios están muy lejos, pero hasta Pedro Sánchez ha afirmado que negociarán y buscarán acuerdos para sacar adelante esta ley.

Teniendo en cuenta que quieren tenerla lista para finales de este año o principios de 2023, y que esto obligaría a negociar en paralelo a la tramitación presupuestaria, que requerirá de acuerdos con sus socios en el Congreso, la primera puerta a la que tocarán será precisamente la de estos grupos. Durante la mañana, el mismo Sánchez volvía a recriminar al PP su falta de voluntad para acordar la renovación del CGPJ y le exigía que cumpla la Constitución no solo "cuando le conviene".

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El marcado giro electoralista de Sánchez ha alejado los compromisos con el PP en asuntos de Estado y la ley de secretos no será una excepción. Al menos de momento, Moncloa prefiere priorizar a sus socios parlamentarios habituales y se abre a revisar y pactar sus propuestas para sacar adelante el trámite en el Congreso, a pesar de la presión procedente de Génova. Pero no será una negociación fácil.

La nueva disposición sobre información clasificada a la que dio luz verde el Consejo de Ministros desterrará de forma definitiva la obsoleta redacción en esta materia, que data nada menos que de 1968 y lleva la firma de Luis Carrero Blanco. La actualización de la ley de secretos oficiales aterriza en Moncloa seis años después de que el PNV hiciese bandera de la necesidad de actualizar una ley caduca; el Congreso aprobó tramitar su propuesta, con el apoyo de los partidos del Gobierno, y allí permanece congelada. Ni siquiera los nacionalistas vascos han celebrado el primer paso para solventar la que consideran una de las grandes asignaturas pendientes del Estado. No es lo que pedían.

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Sin ir más lejos, el proyecto que los 'jeltzales' llevan batallando desde 2016 establecía un plazo máximo de 25 años para la desclasificación de documentos históricos y de 10 años para la información considerada reservada. La propuesta del Gobierno lo duplica, y hasta contempla prórrogas. Solicitaban, además, dejar al margen a la Junta de Jefes de Estado Mayor (un órgano dependiente de Defensa que dejó de existir en 2005) para clasificar o desclasificar materias, así como eliminar el secreto de las sesiones del Congreso en que se reciban informaciones sobre asuntos clasificados.

A falta de conocer la letra pequeña, el PNV ha tildado la iniciativa de "decepcionante", haciendo especial énfasis en la crítica por la falta de diálogo por parte del Ejecutivo. No recibieron siquiera una llamada del Gobierno, explicó su portavoz, Aitor Esteban. Y tampoco dejaron pasar la ocasión de hacer sangre por la tardanza con que Sánchez ha dado viabilidad al proyecto, y pidieron en todo caso "acelerar" los plazos de una tramitación parlamentaria que se prevé larga, y que podría no estar completa en la presente legislatura, lo que supondría que quedara en agua de borrajas. También hay que contar con los informes preceptivos de organismos como el Consejo de Estado, que harán que su andadura sea aún más lenta.

El documento perfilado por el Gobierno implica una transferencia de poder entre ministerios y propone crear la figura de una nueva autoridad nacional para la protección de los secretos oficiales del Estado, en manos de la cartera de Presidencia, que además ha estado a los mandos en lo que toca a esta ley. Como la Junta de Jefes de Estado Mayor fue desmantelada, a Defensa solo le quedaba una llave de los secretos oficiales, ya que el CNI, que está bajo su mando, es quien debe velar por el cumplimiento de la normativa de protección de información clasificada.

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Bolaños gana peso en detrimento de Margarita Robles y, según Moncloa, la titular de Defensa ha expresado que está de acuerdo con este cambio. Presidencia tendrá ahora "más recursos" con esta nueva ley. Será su ministerio el que proponga la desclasificación, aunque quien tendrá la última palabra en el caso de los documentos más sensibles, considerados "alto secreto", será el Consejo de Ministros.

Podemos, Bildu y ERC piden cambios

Por el momento, fuentes gubernamentales han incidido en que se trata de una primera propuesta abierta a cambios, en función del devenir de las negociaciones con sus socios parlamentarios. Se comprometen, en este punto, a abrir conversaciones con las diferentes fuerzas políticas, priorizando a sus socios habituales. La titular de Defensa, Margarita Robles, instó al PP a apoyar el proyecto, pero, como en anteriores ocasiones, el teléfono sigue sin sonar en Génova. Además, Sánchez apuesta por colocar primero los muebles en su propia casa.

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Unidas Podemos, el socio menor de una coalición con la que Sánchez se ha comprometido a agotar la legislatura, no escondió sus discrepancias respecto al anteproyecto de secretos oficiales. Aunque los ministros con asiento en el Gobierno evitaron pronunciarse, sí lo hicieron los representantes del grupo parlamentario de los morados. Así, mientras Pablo Echenique, portavoz parlamentario, se desmarcaba de la propuesta del PSOE, Jaume Asens, presidente del grupo en el Congreso, estallaba en redes sociales contra un proyecto que trata a la ciudadanía como si fuese "menor de edad", por "ocultar secretos" durante medio siglo o más. "No es propio de democracias maduras tener miedo a conocer", añadió.

En el espacio confederal, esperan negociar sus cláusulas con sus socios en la segunda vuelta, antes de la aprobación definitiva del proyecto. En el ala socialista del Ejecutivo no cierran la puerta a tal posibilidad, a pesar de que la principal reivindicación de los morados pasa por reducir el tiempo en que las informaciones consideradas de alto secreto pueden permanecer ocultas. En este ambiente de disputa y división, los socios gubernamentales acercaron posturas este lunes para tratar de encauzar lo que resta de legislatura: Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se vieron justo antes de la reunión del Consejo de Ministros, casi un mes después de que la vicepresidenta segunda lo reclamase, tras el choque por el incremento del gasto militar impulsado por los socialistas.

En las últimas semanas, el Gobierno se ha volcado también en cuidar la relación con sus socios nacionalistas. Hace unos días, reunió la mesa de diálogo en Moncloa, donde se firmaron nuevas cesiones para el independentismo catalán; y unas semanas atrás, Sánchez firmó un acuerdo con Bildu para tramitar la nueva Ley de Memoria Democrática, en la que también se incluyeron algunas condiciones de los 'abertzales'. Pero ni ERC ni Bildu respaldan hoy por hoy a Sánchez en su último proyecto, lo que le condena a la soledad en los primeros compases de la tramitación de la nueva ley de secretos oficiales.

Por su parte, el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, se limitó a sugerir en las redes sociales que la nueva ley no cambia nada respecto a la normativa procedente del periodo franquista, aunque es conocida la reivindicación del nacionalismo catalán de aportar luz en documentos relacionados con el 23-F y los GAL, una exigencia que comparten con sus homólogos de Bildu. "Más allá de la versión oficial, existen fundados indicios de que el golpe del 23-F fue algo planificado y orquestado no por cuatro militares descontentos, sino por toda una operación de Estado que permitiese salvar el régimen del 78 hasta nuestros días", apuntaron en un manifiesto conjunto, firmado también por Junts, PDeCAT, la CUP y el BNG en junio de 2021.

Sin embargo, el rechazo más contundente lo protagonizó EH Bildu. Las primeras líneas del comunicado que la formación hizo público nada más trascender los pilares del anteproyecto del Ejecutivo no dejaban lugar a dudas. "El Gobierno debe rectificar (...). Un Estado que se dice democrático no puede mantener en el olvido, sin conocer ni resolver, actuaciones delictivas por parte de sus aparatos, sean policiales, judiciales o políticos. No es aceptable que la reforma no toque los principales elementos de una ley franquista que mantendrá en secreto todo aquello que atacó los derechos y libertades de miles de vascos y vascas".

El plazo propuesto por el Gobierno de 50 años prorrogables conllevaría una tardía desclasificación de los documentos sobre el intento de golpe de Estado del 23-F, así como la investigación secreta sobre los GAL y otros episodios de especial relevancia para la formación 'abertzale', como la "práctica sistemática de la tortura", la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria o los Sanfermines del 78.

"Sánchez arriesga la seguridad del Estado"

'A priori', el rechazo de sus socios hace muy difícil que el proyecto pueda salir adelante con el bloque de la investidura. Pero antes de abrirse a negociar con el PP, el Gobierno se plantea escuchar las demandas de sus principales aliados parlamentarios y hacer al menos cesiones parciales a cambio de obtener su apoyo al anteproyecto. En Génova, no dan crédito. Creen que no se lo han puesto precisamente difícil a Sánchez para aprobar un proyecto sin necesidad de "sudar" con sus socios.

Este lunes, Feijóo se ofreció al PSOE para aprobar la nueva normativa, pero exigió a cambio que no mirase a Bildu ni le permitiese manejar los resortes sobre la información sensible del Estado. Oficialmente, los populares no desvelaron su posición respecto al anteproyecto del Gobierno. Piden conocer el texto completo antes de hacer cualquier consideración. Pero fuentes autorizadas del partido confirman que no ven con malos ojos la apuesta temporal del ala socialista del Gobierno para desclasificar secretos de Estado. Opinan, no obstante, que el Ejecutivo debería sopesar que haya materias que queden exentas de tales plazos, como cuestiones relacionadas con el terrorismo o con la protección de infraestructuras críticas.

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En público y en privado, el PP ha elevado el tono y tilda de "muy grave" la actitud de Sánchez ante la tramitación de una ley que debería estar orientada a aguantar "más de una legislatura". Las fuentes consultadas advierten de que negociar la nueva normativa con formaciones nacionalistas, que "buscan utilizar los secretos oficiales" para "destruir" el Estado, es un "error" que "puede poner en riesgo la propia seguridad nacional".

Alberto Núñez Feijóo sigue esperando la llamada de Pedro Sánchez. Aunque ninguno de los pactos que ha puesto encima de la mesa han obtenido respuesta, el líder del PP creía que el jefe del Ejecutivo levantaría "más" el teléfono para al menos acercar posturas en asuntos de Estado. En concreto, ese contacto para pactar la ley de secretos oficiales sí se esperaba en la sede nacional de los populares, según reconocen en el partido, sobre todo por la complicada aritmética parlamentaria del Gobierno y el rechazo inicial de sus socios a aceptar el texto con las limitaciones planteadas por el PSOE.

Pero Sánchez evita mirar a Feijóo, y los populares se preparan ya para una batalla en el Congreso contra las nuevas "cesiones" en materia de información reservada a sus socios nacionalistas. No hace demasiado que el Gobierno avaló la entrada de Bildu y resto de formaciones independentistas a la llamada comisión de secretos oficiales, entendida entonces como contraprestación a sus aliados parlamentarios para tratar de calmar los ánimos por el estallido del caso Pegasus.