Javier Cercas: "El 23-F fue un golpe sin documentos, lo todavía secreto es irrelevante"

El escritor Javier Cercas (Cáceres, 1962) publicó en 2009 ‘ Anatomía de un instante’. Está considerada una de las narraciones más completas sobre el 23-F y la obra fue llevada después al cine y al teatro. Cercas ha dedicado mucho tiempo de su vida a investigar el golpe de Estado de 1981, al que otorga la condición de mito fundacional de la democracia española. Con esa autoridad, se muestra escéptico respecto a que la nueva ley de secretos oficiales pueda aportar grandes novedades de aquel pasaje porque "lo esencial ya se conoce". “El 23-F fue un golpe sin documentos. Pongo la mano en el fuego a que informes del 23-F no van a encontrar ninguno”, dice. A pesar de ello, no duda de que habrá quien seguirá alimentando la tesis de que el rey Juan Carlos estuvo implicado.

“Vaya por delante que yo soy partidario —como cualquier persona con dos dedos de frente— de que haya una ley de secretos como Dios manda, homologable con las europeas y la de EEUU, por ejemplo”, dice el también autor de la novela ‘ Soldados de Salamina’, ambientada en la Guerra Civil española. Afirma tener la “absoluta certeza de que gente seria, altos cargos de Inteligencia en el pasado, quería que hubiese una ley de secretos seria y no la vieja ley franquista [que data de 1968], y que por motivos de politiquerío eso no se llevó a cabo en 40 años de democracia”.

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Cercas hace, eso sí, una salvedad. No sería partidario de desvelar información que ponga en peligro operaciones de seguridad o la integridad de personas. Pero fuera de eso, “pasado un tiempo razonable que no puede ser de 40 años, porque eso es un disparate, tiene que estar al alcance de los historiadores y la ciudadanía”. La nueva norma para regular los secretos oficiales del Estado que prepara el Gobierno ha supuesto un jarro de agua fría para sus socios parlamentarios, que llevan años pidiendo que se desclasifiquen los archivos que todavía hoy permanecen bajo llave sobre el golpe de Estado del 23-F, hace ahora 41 años.

"No conocemos la marca de calzoncillos que llevaba Armada, pero lo esencial lo conocemos"

A la espera de la tramitación parlamentaria y la redacción final de la norma, el anteproyecto elaborado por Moncloa contempla una protección de hasta 50 años antes de poder acceder a los documentos considerados más sensibles. “El gran secreto del golpe de Estado del 23 de febrero es que no hay ningún secreto, eso es lo que traté de demostrar en ‘Anatomía de un instante’, que lo esencial lo conocemos desde hace muchos años”, tercia el escritor. A su juicio, es el día del que más se sabe de la historia de España, como acredita la infinidad de libros que se han escrito sobre esa fecha y que él denomina “la industria del 23 de febrero”.

“No conocemos la marca de calzoncillos que llevaba el general Armada [ex secretario del Rey, condenado por los hechos], pero lo esencial lo conocemos. Por supuesto, venden mucho más las leyendas, los mitos, las medias verdades que reconocer esta verdad. Lo que ocurre con la verdad es que suele ser más aburrida”, prosigue Cercas, que defiende con rotundidad que apenas hubo rastro documental: “Tejero [el teniente coronel de la Guardia Civil que entró por la fuerza en el Congreso], en el año 78 cometió un error, que fue comentar con gente, militares, que quería llevar a cabo un golpe de Estado, le pillaron y le metieron un juicio. Esa lección la aprendió y el golpe del 23 de febrero lo planearon poquísimas personas, te las puedo decir con nombres y apellidos y se me podría escapar una, no más, está el bando de Milans del Bosch y ya no sé qué más”.

Las grabaciones del Congreso

Lo que sí confía que pueda haber son informes anteriores y posteriores, porque había amenazas de golpe cada día, pero incluso en este punto advierte de que muchos se han publicado ya. Sobre documentos que prueben el conocimiento de servicios de Inteligencia extranjeros también afirma que había “poquísimo”, quizá de EEUU, pero insiste en que en esos días había amenazas de asonadas casi a diario. “Hay un documento que no conocemos del todo —concede—, que son las grabaciones que se hicieron ese día en el Congreso”. Explica que, “después de que entren en el Congreso, Francisco Laina, al que el Rey nombra presidente en funciones, decide grabar las conversaciones desde el Hotel Palace [frente al Parlamento]. Esas grabaciones existen y se escucharon el 24 en una reunión de seguridad con el Rey y Adolfo Suárez en una reunión de seguridad”.

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No obstante, Cercas vuelve rápido a su escepticismo: “Esas grabaciones no van a aportar ninguna sorpresa espectacular”. Se le escapa la risa cuando admite que le extrañaría mucho que esas grabaciones estuvieran bajo secreto clasificado: “No sabemos dónde están”. “El 98% son conversaciones entre Tejero y la gente de fuera”, aclara al ser preguntado si esos audios podrían arrojar información sobre la actuación de políticos como Felipe González, Adolfo Suárez o Alfonso Guerra. “Hay una que es la que mantienen Armada, Tejero y Milans en un despacho del edificio nuevo del Congreso que es sin la más mínima duda la que delata a Armada. Cuando Suárez y el Rey la escuchan, comprenden que Armada estaba en el ajo. Sabemos en lo esencial lo que se dijo por testimonios y lo que se dijo en el juicio. Un papel firmado de Felipe González apoyando a Armada no lo va a haber, es imposible, entre otras cosas, porque Felipe no habló con Armada".

El deseo de los socios de Sánchez

Conocer qué pasó en torno a la intentona golpista en toda su dimensión y todos los implicados, incluyendo el conocimiento que tuvo la Casa Real, es una de las reivindicaciones históricas del PNV. Tras los nacionalistas vascos, se sumaron el resto de aliados parlamentarios del Ejecutivo y el propio socio de gobierno, Unidas Podemos. En junio de 2021, el pleno del Congreso aprobó una proposición no de ley pactada entre el PSOE, Unidas Podemos y los independentistas que instaba al Gobierno a modificar la ley de secretos oficiales para poder desclasificar específicamente los documentos escritos, sonoros o de vídeo relativos al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

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La iniciativa partía de un texto firmado por ERC, JxCAT, PDeCAT, la CUP, Bildu y el BNG, y contó con el rechazo del PP, Vox y Ciudadanos. El PSOE y Podemos se sumaron tras enmendar el redactado original. La enmienda pactada comprometía literalmente a lo siguiente: "Promover los cambios necesarios en la ley de secretos oficiales para desclasificar y dar a conocer los documentos escritos, sonoros o de vídeo que permitan conocer con exactitud los hechos vinculados al golpe de Estado del 23-F, de acuerdo a los criterios establecidos en la nueva legislación". Es decir, los partidos del Ejecutivo asumieron el compromiso de desclasificar la información, pero no decían cuándo.

"Aunque se desclasifiquen todos los papeles, las teorías conspiranoicas seguirán existiendo"

Cercas desliza un cierto hastío respecto a esa 'industria' en torno al 23-F, por eso dice que está deseando que el Gobierno levante el velo cuanto antes en todo lo referente al golpe: “Se lo pido de rodillas, que desclasifiquen lo que tengan, sea lo que sea. Pero pongo la mano en el fuego a que es irrelevante, lo que no es óbice para que la industria siga con su actividad, porque es muy lucrativa”. Asume que "el gran secreto" que buscan nacionalistas e independentistas es la participación del rey Juan Carlos. “Aunque se desclasifiquen todos los papeles, las teorías conspiranoicas seguirán existiendo, como existe la teoría de que los hombres no llegaron a la luna. Veremos a Rufián decirlo como hizo en el 40 aniversario”, zanja.

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Lo que se ha conocido del anteproyecto de ley aprobado este lunes por el Gobierno estipula que los plazos de desclasificación van de los cuatro a los 50 años en función de la categoría, y en algunos casos podrían prorrogarse más allá, según fuentes de Moncloa. Esta medida no ha contentado a los firmantes de aquel pacto hace ahora más de un año. Según la elaboración del texto —que ha corrido a cargo del Ministerio de Presidencia, que dirige Félix Bolaños—, se establecen cuatro categorías de secretos siguiendo el patrón de la UE y la OTAN: alto secreto, secreto, confidencial o restringido.

En caso de que el 23-F fuese incluido en la categoría más alta, el plazo para acceder a los datos sería de al menos 50 años. Otro de los detalles por conocer es si esa cuenta arrancaría ahora o se descontaría el tiempo ya transcurrido. En el mejor de los casos, quedarían más de ocho años todavía para la ansiada desclasificación. Medio siglo es el doble de tiempo máximo propuesto en su día por el PNV. Cuando hace más de un año el Gobierno se comprometió con sus socios, los nacionalistas vascos ya manifestaron su desconfianza respecto a las verdaderas intenciones del Ejecutivo.

A juicio del portavoz del PNV, Aitor Esteban, para desclasificar los documentos sobre el 23-F no hace falta modificar la ley aprobada en 1968, en pleno régimen franquista. Bastaría una decisión del Consejo de Ministros. "Si todo fue tan modélico, lo que necesita ahora la monarquía es esa desclasificación", dijo Esteban, que se quejó de que el Gobierno tuviese desde 2020 la reforma parada. Mientras, los demás partidos nacionalistas e independentistas aprovecharon sus intervenciones para cuestionar el relato oficial de la Transición y exigir que se conozca el verdadero papel que jugó Juan Carlos I en el intento de asonada. Al anterior Rey se le concede un papel clave a la hora de frenar el golpe militar y afianzar así la democracia parlamentaria.

“Cuando escribí el libro, hablé con mucha gente. Quien quiera decir que el Rey planificó el 23-F lo va a seguir diciendo, porque no hay documentos. Es una idea disparatada que se usa no por interés por la Historia, sino porque se cree que les va a beneficiar políticamente, la verdad no importa, así de sencillo”. Fuentes jurídicas consultadas por este periódico informan de que el Tribunal Supremo ha dado luz verde a profesionales para estudiar el sumario judicial mediante el cual se procesó y condenó a los autores de la asonada, incluidos Armada, Milans del Bosch y Antonio Tejero. Estas fuentes creen que nada que afectase al derecho de defensa de los acusados podría haber permanecido en secreto. Entre el material, hay cintas con horas de grabaciones en el domicilio de Tejero y a alguno de los líderes de la considerada trama civil del golpe.

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“La mayor parte de ese sumario se ha publicado”, asegura también Cercas, al tiempo que recuerda que el juicio fue cubierto por decenas de periodistas. “Es como decir que el sumario del 'procés' es secreto y no podemos conocer la verdadera historia del 'procés”, añade. Las pruebas y legajos de la investigación están en una sala acorazada del Tribunal Supremo. Entre estos efectos de gran valor histórico, hay multitud de cintas sobre las escuchas del caso y los hechos. Para consultarlos, hay que pedir permiso formal a la Sala de Gobierno del alto tribunal, que se reúne periódicamente para abordar estas reclamaciones. El sumario está compuesto por un total de 89 legajos, que incluyen la causa original que se instruyó y enjuició en el Consejo Supremo de Justicia Militar. El Supremo llevó a cabo hace tiempo la digitalización de toda la causa que, al menos hasta 2021, había sido consultada por cerca de 10 personas.