España prepara medidas "adicionales" contra la inflación ante el temor de pinchar en la UE

El Gobierno fía el grueso de su plan de choque contra la inflación, que llevará al Consejo de Ministros del próximo martes, a cerrar un acuerdo en el seno de la UE para desacoplar el precio del gas del de la electricidad. Una propuesta que el Ejecutivo viene defendiendo desde el pasado mes de octubre. En un principio con escaso éxito, pero con la que ha abierto camino debido a la invasión rusa de Ucrania y el agravamiento del problema energético. Pedro Sánchez viene de realizar una gira europea para recabar apoyos a esta reforma del mercado eléctrico, abogando por fijar precios máximos. Sin embargo, sigue habiendo dudas de que los Veintisiete consensúen esta medida en el Consejo Europeo de este jueves y viernes. Alemania, a quien penalizaría esta reforma del sistema de fijación de precios por su alta dependencia del gas, se muestra refractaria, al igual que Países Bajos.

Nada garantiza en estos momentos el acuerdo que busca España, junto a los países del sur, con el respaldo de Francia y Bélgica. Ni mucho menos que pueda ser inmediato. La oposición de Alemania y Holanda amenaza así con frustrar los planes de Sánchez o al menos rebajarlos considerablemente. Un escollo que no ha logrado salvar el presidente, pese al ambicioso 'tour' en el que logró la sintonía de Francia, Portugal, Italia, Grecia, Rumanía o Eslovaquia. Ante el temor de que fracase el plan A del Gobierno, en Moncloa comienzan a argumentar que todas las opciones están sobre la mesa para combatir las consecuencias económicas de la guerra. Se preparan medidas "adicionales" para contener los precios, indicaron fuentes gubernamentales si la respuesta de la UE es insuficiente.

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Las propuestas de partida de España son ambiciosas: además de desacoplar los precios mayoristas del gas y los de la electricidad (“hay que atajar esta toxicidad que supone el precio del gas sobre el precio de la electricidad”, insiste Moncloa), se busca impulsar la oferta de renovables, mejorar la interconexión de España con el resto de Europa, empezando por Francia, y acordar compras conjuntas de gas por parte de la UE en el mercado mayorista.

Una posición que se acerca más a la que se mantenía antes de la cumbre de Versalles, de donde el Gobierno salió con altas expectativas de sacar adelante su propuesta. Entonces, la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, argumentaba que España no descuidaría todo el margen que tiene de actuación "si es imprescindible" para "adelantarnos con medidas adicionales". Con todo, "lo prudente", según se sigue insistiendo, es esperar a conocer el resultado de la cumbre para ultimar las medidas económicas contra la crisis.

El denominado Plan de Respuesta a las Consecuencias Económicas de la Guerra se ha quedado así a la espera de que se sustancie el debate en la UE. Para desesperación de sus socios de coalición y de los grupos parlamentarios que apoyan al Ejecutivo. Todos ellos exigen concretar medidas y hacerlo de forma urgente. El presidente del Gobierno ni siquiera comparecerá en el Congreso para explicar el giro histórico en la posición sobre el Sáhara hasta después de celebrarse el decisivo Consejo Europeo, con el objetivo de dar cuenta de ambos asuntos. Los grupos políticos del Congreso acusaron a Sánchez de emprender una huida hacia adelante y en solitario.

“Todos los países europeos somos conscientes de que hay que buscar una solución. Algunos países pedimos soluciones inmediatas a una situación insoportable”, explican fuentes de Moncloa. El problema es que mientras que unos piensan en la seguridad del suministro, es decir, los más dependientes del gas ruso, como Alemania, “otros piensan en la diversificación”, como es España. “Y todo eso hay que aunarlo” a nivel comunitario, reseñan las fuentes consultadas.

La sensación en el Gobierno es de urgencia, cuando este miércoles se cumplen tres días de parón en la flota pesquera y multinacionales como Heineken o Danone advierten de una interrupción inminente de su actividad en España si continúa el paro de los transportistas. El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Planas, reconocía este martes que el sector está ante “una situación muy complicada”. A la presión se suma Unidas Podemos, que echa de menos “un poco más de celeridad y valentía en las medidas”, en palabras de su portavoz parlamentario, Pablo Echenique.

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Los tiempos de crisis pueden ser propicios, como es el caso de Emmanuel Macron, gran favorito a la reelección en Francia, en unos comicios a dos vueltas, en abril y mayo, que a día de hoy presentan poca intriga. Sánchez ha trazado las líneas maestras de su gran ambición, convertir España en la gran plataforma de distribución de gas en el flanco sur de Europa. Pero en esto vino la cuestión del Sáhara Occidental, que le ha costado la partida del embajador argelino, al tiempo que regresaba a su puesto la embajadora marroquí, y una enésima bronca con su socio de gobierno, que no fue informado del anuncio, que llegó por sorpresa y por una nota de la Casa Real alauí.

La oposición y varios de los socios parlamentarios de la coalición de gobierno (PNV, EH Bildu, ERC, Más País, Compromís, Nueva Canarias) han reclamado a gritos una comparecencia extraordinaria del presidente en el Congreso para explicar los detalles del giro español en el Sáhara Occidental. El Grupo Parlamentario Socialista se negó en la junta de portavoces a cambiar el orden del día de este miércoles, por lo que la comparecencia será el día 30 y en un formato diluido, que no monográfico, ya que el presidente abordará la cuestión junto con el Consejo Europeo de este jueves y viernes, tal como confirmó la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. El Pleno quedará eclipsado por las medidas extraordinarias para contener los precios, que aprobará la víspera el Consejo de Ministros.

Mesa técnica de negociación

Desde Unidas Podemos, se están tratando de negociar una serie de medidas para paliar las consecuencias económicas por la inflación, pero asumen que hasta después del Consejo Europeo no habrá avances. Por el momento se ha creado una mesa técnica, que por la parte morada lidera el número dos de Díaz, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, y que está intercambiando documentos con los gabinetes de otros ministerios. Este mismo miércoles se celebró una reunión con el equipo de la vicepresidenta Ribera, al que también acudió por parte de los morados el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.

Sus prioridades pasan por que las grandes eléctricas asuman parte del coste del escudo social, ya sea vía impuestos o recorte de beneficios, congelar las rentas de alquiler y crear un cheque-ayuda de 300 euros a las familias para hacer frente al coste de la electricidad. En materia de impuestos, los morados no se cierran a que se produzcan bajadas, siempre y cuando no sean generalizadas, para que beneficie a los tramos más bajos del IRPF. De abrirse este debate sobre la fiscalidad, explican desde Unidas Podemos, su propuesta es que se implante un sistema progresivo en el que se aumente la presión fiscal sobre quienes más tienen, sin descartar un impuesto a las grandes fortunas.

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No está previsto que la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios de este jueves, el órgano encargado de preparar los asuntos que se someten a deliberación del Consejo de Ministros, aborde el paquete de medidas.

La preocupación por el hecho de que la inflación pueda llegar a dos dígitos en un plazo no muy lejano, una vez que se reconoce que no se controlará en pocos meses, obliga a valorar otras medidas extraordinarias en clave nacional. La inflación galopante, que antes del estallido del conflicto armado ya se situaba en máximos desde hacía 30 años —7,4% en febrero—, se ha convertido en uno de los principales problemas económicos y políticos del Ejecutivo.