Todo lo que Sánchez planea para abaratar la energía... y lo que podría hacer en realidad

El Gobierno baraja una serie de reformas con las que busca aplacar la crisis energética actual. Con la luz, el gas, los combustibles y el carbón en máximos históricos, fruto de la incertidumbre en los mercados internacionales por el conflicto entre Rusia y Ucrania, el Ejecutivo de Pedro Sánchez trata de frenar el encarecimiento de estos bienes de primera necesidad con el objetivo de que la inflación no se desboque. Con el IPC más elevado en más de tres décadas (+7,4%), los responsables gubernamentales tratan de evitar una crisis económica cuando aún el país no se ha recuperado del daño causado por el coronavirus.

Según explican fuentes al tanto de los planes del Ejecutivo, el principal objetivo del Gobierno actualmente es evitar que el precio del gas contagie al de la electricidad. Sin embargo, una reforma del mercado eléctrico necesitaría del aval de Bruselas, ya que se rige por una directiva comunitaria. En ese sentido, el Ministerio para la Transición Ecológica se ha llevado un espaldarazo de la Comisión Europea, que este martes ha avalado la toma de medidas excepcionales y poder limitar los precios de la electricidad durante el tiempo en que se mantengan la crisis y el actual nivel de precios, que multiplica por 10 los costes de los últimos 10 años. No obstante, el paquete de medidas Toolbox 2 se debatirá en el Consejo de Versalles, que reúne esta semana a los jefes de Estado y de Gobierno. España pide celeridad.

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El departamento de Teresa Ribera estaría debatiendo la posibilidad de establecer un precio diferenciado para la electricidad producida con ciclos combinados de generación con gas y el resto de tecnologías, cuyos costes de producción son muy inferiores. Hasta mayo de 2021, había en España un precio máximo de 180 euros MWh, pero la CNMC lo eliminó por requerimiento de Bruselas. La idea sería ahora, con la conformidad del Ejecutivo comunitario, restablecer un precio máximo como tope, aún alto, pero lejos de los más de 500 euros MWh actuales.

El visto bueno de Bruselas, que se pronunciará de forma definitiva en las próximas semanas, es fundamental, ya que de no hacerlo, si el Gobierno quisiera implementar esta medida, tendría que cerrar sus interconexiones para que fuera eficaz, ya que dispondría de una electricidad más barata que querrían comprar otros. Aun así, hay quien cree que ante la hecatombe que se está produciendo, si Bruselas no actúa los países miembros tomarán medidas por su cuenta. Con esta medida, el precio de la luz en el mercado mayorista sería muy inferior para el 80% de la generación que no se produce con gas, quien marca precio al resto tal y como está el mercado. Cambiar el mercado es algo que vienen reclamando España y otros países desde el pasado otoño y siempre se han encontrado con la negativa de Alemania, Holanda o los países nórdicos.

Otra medida que pretende el Ejecutivo es eliminar el exceso de retribución a las renovables con prima, conocidas como 'recore', lo que le permitiría disponer de más de 2.000 millones para pagar los cargos de la factura, una parte del recibo que pagan todos los consumidores. Estas tecnologías tienen asignada una retribución que ronda los 55 euros MWh, pero como cobran del mercado se están llevando en la actualidad más de 500 euros MWh, un exceso que cada tres años deben ajustar. La propuesta es que el ajuste se adelante.

Además, el presidente del Gobierno ya anunció que se prorrogarían las rebajas de impuestos a la electricidad (IVA, impuesto especial e impuesto a la generación) hasta junio. Pedro Sánchez también prometió que pagaría el 80% de los peajes a la industria electrointensiva, una medida también avalada en la comunicación que la Comisión Europea ha hecho pública este martes. Con esto pretende equipararse con Alemania, que juega con esta ayuda de Estado con permiso de Europa desde hace años.

A lo anterior hay que añadir las subastas de energía inframarginal que se comprometió a lanzar en 2021 y por las que se obligaría a Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP a ofrecer a precios asequibles parte de su producción nuclear e hidráulica. El Gobierno mantiene la intención de celebrar dicha subasta.

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La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, advirtió este martes en el Senado de que están elaborando una normativa que les permita recuperar el canon hidráulico que pagan las plantas hidroeléctricas y que recientemente había tumbado el Tribunal Supremo. Según ha explicado, la idea es acabar con esos beneficios caídos del cielo, otra de las reivindicaciones de España en Bruselas que la Comisión ha respaldado en su nueva comunicación de medidas para combatir a Rusia. Se refiere a la posibilidad de tomar la retribución extra que logran nucleares, hidráulicas y renovables gracias a las subidas del gas.

Europa, que se había mostrada contraria a la medida española vigente desde otoño, se abre a poder tomar esos 'windfall profits' y los generados por el CO2 para paliar los efectos de los altos precios. El problema es que la medida apenas tiene impacto y no contempla los contratos bilaterales, pese a que muchos se firman teniendo en cuenta los precios récord actuales. El Gobierno trata de sacar esos 'windfall profits' que se firman fuera del mercado 'spot', pero la medida es compleja y las eléctricas bilateralizan toda su producción actualmente sabiendo que así la esquivan.

Además de lo anterior, el Gobierno trabaja en cómo desvincular a los consumidores vulnerables del PVPC, tarifa regulada vinculada el mercado mayorista, que está absolutamente desbocado. Las fuentes consultadas señalan que aunque actualmente vulnerables y vulnerables severos tengan una bonificación del 60% y del 70% de sus recibos, si estos han crecido de forma exponencial, nos encontramos ante la paradoja de que, para pagar ese 40% y ese 25% en cada caso, son cantidades mayores que lo que pagaban antes de ampliar este bono social sobre precios mucho más moderados. De nuevo, la Unión Europea ya habla explícitamente de la posibilidad de adoptar precios regulados mientras dure la crisis.

Las fuentes consultadas señalan que estas son las principales medidas que se pueden tomar. Menos optimistas se muestran con el elevado precio que estamos pagando por los hidrocarburos, con los que, señalan, el Gobierno tiene menos margen de maniobra al estar expuestos a los mercados internacionales. Aun así, el Ejecutivo estaría barajando la posibilidad de reducir impuestos a la industria intensiva en consumo de gas. Hay que tener en cuenta que el sector gasintensivo está preparado para producir con el gas a 30 euros MWh y actualmente roza los 300 euros MWh (el equivalente en petróleo sería 600 dólares por barril, según los analistas). De continuar esta situación, se pueden ver abocados a parar su producción, por lo que se prevén ayudas de Estado compatibles con Bruselas para evitar que la invasión de Vladímir Putin de Ucrania no entorpezca la economía española más de lo que ya lo está haciendo.

En el caso del consumidor minorista de gas natural, el Gobierno prevé prorrogar el tope a la tarifa regulada de gas, conocida como TUR (Tarifa de Último Recurso) que desde el pasado mes de septiembre sólo puede aumentar un 4% cada trimestre pese a que en base a su fórmula de cálculo debería haberse incrementado más de un 30% dado el exponencial aumento del coste de la materia prima. No obstante, esta medida, pensada para finalizar el 30 de marzo (momento en que se pensaba amainaría la crisis energética internacional), sirve para paliar la situación actual, pero el coste del gas que asumen las compañías comercializadoras tendrá que ser devuelto más adelante, con lo que el sistema está acumulando déficit por esta partida que tarde o temprano tendrá que ser devuelta.

Estas son las medidas que baraja el Ejecutivo, además de otras reformas de medio plazo como aumentar las interconexiones gasistas, elevar la presencia de renovables o incrementar la eficiencia energética, que sin embargo no sirven a corto plazo para evitar la dependencia de Rusia (Europa importa el 40% de su gas, el 27% del petróleo y el 45% del carbón). No obstante, aún hay algunas reivindicaciones que "no están sobre la mesa", apuntan las fuentes al tanto de los planes del Gobierno, que podrían aliviar más el golpe al bolsillo de los ciudadanos.

El Gobierno no contempla por ahora rebajar el IVA o el impuesto sobre hidrocarburos al gas y a los combustibles, como han hecho otros países como Italia o Polonia. Una medida que supondría un freno claro a la inflación y evitaría distorsiones territoriales en España, ya que el uso de carburantes es mayor en zonas frías y rurales. Sin embargo, se trata de una fuente enorme de recaudación. Máxime, cuando se están viendo precios de la gasolina que se acercan a los dos euros por litro. El Brent denominado en euros ya está en el mayor nivel de la historia. Como mucho, la crisis de precios en los combustibles fósiles frenará la agenda legislativa del Gobierno en el corto plazo, que pretendía subir el diésel y meter una tasa a las gasolinas y al gas para bajar la electricidad (con el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico). Ambas medidas están congeladas, dada la situación actual.

El Gobierno no contempla bajar el IVA o el impuesto sobre hidrocarburos al gas y a los combustibles, como han hecho Italia o Polonia

Aunque no parece una medida inminente, los analistas empiezan a considerar las restricciones de consumo como una forma de combatir la dependencia de Rusia en Europa. De hecho, creen que es la más eficaz, ya que las amenazas por ambas partes de dejar de comprar o de vender hidrocarburos lo que están provocando es que se disparen los precios, con la ganancia de ingresos que ello implica para el Kremlin. Francia ya está pidiendo contención en el uso de calefacción y la vicepresidenta Ribera dijo en el Consejo de Ministros de este martes que la reducción del gasto energético es una medida a tener en cuenta, pero no especificó de qué forma.

La Agencia Internacional de la Energía, que se compromete ahora a liberar petróleo para estabilizar los precios, ya ha hecho mención a esta posibilidad y cuenta con una guía de medidas para situaciones límite como la actual. Entre las mismas, incluye la restricción al vehículo, la rebaja de temperatura de las calefacciones o incentivar el teletrabajo como medida para evitar desplazamientos, además de reducir billetes y tasas en transportes comunes y menos dependientes de petróleo y gas como el tren, metro o el autobús.

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España ya ha aplicado alguna de estas medidas en diferentes episodios. Tras la irrupción de la Primavera Árabe en 2011, y con una subida del crudo inferior a la actual, el Gobierno de Zapatero redujo la velocidad máxima permitida en carreteras. La medida corrió a cargo del entonces ministro Alfredo Pérez Rubalcaba. Años más tarde, dada la elevada contaminación en Madrid, también se establecieron limitaciones de velocidad bajo el mandato de Manuela Carmena, lo que buscaba contribuir a un menor consumo de carburantes. De forma mucho más reciente, la crisis del covid-19 generalizó en 2020 las comunicaciones telemáticas y deprimió el uso del vehículo, lo que provocó también una depresión de precios por falta de demanda.

Dichas herramientas permitirían, a ojos de los expertos, rebajar la dependencia de hidrocarburos de Rusia y por tanto su capacidad de financiar la guerra contra Ucrania. Ahora falta ver si hay voluntad política y la población europea está dispuesta a soportar la rebaja de sus niveles de bienestar para frenar a Putin.