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España se encomienda al desacople del gas para bajar el precio de la luz
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SE GUARDA LA BAZA DE NUEVAS MEDIDAS

España se encomienda al desacople del gas para bajar el precio de la luz

Moncloa confía en que las reformas de Bruselas permitan normalizar la situación y cuantifica en 10.000 millones el coste de prolongar la rebaja fiscal a la electricidad hasta final de año

Foto: Una torre eléctrica en Mahón, Menorca. (David Arquimbau/EFE)
Una torre eléctrica en Mahón, Menorca. (David Arquimbau/EFE)

El Gobierno confía en que la reforma del mercado energético impulsada por Bruselas permita bajar los precios de la luz. Fuentes de Moncloa consideran que el paso dado este martes por la Comisión Europea, en una esperada comunicación que abre la puerta por primera vez a desacoplar los precios de la electricidad y los del gas, logre contener la espiral actual en el mercado mayorista, que ha marcado un nuevo récord al alcanzar los 545 euros el megavatio hora.

En la actualidad, la última energía que entra en el llamado 'pool' eléctrico es la que determina los precios, por lo que, habitualmente, el de la luz viene dado por el que marcan las centrales de ciclo combinado. Estas utilizan el gas, que esta semana ha vuelto batir un nuevo máximo histórico. Como resultado, la electricidad se dispara, dando lugar a un ciclo inflacionista que no ha hecho más que agravarse desde el inicio de la guerra de Ucrania.

Ya a la vuelta del verano, cuando la reapertura de las economías tras el covid inauguró la espiral de los precios de la energía, España se puso a la cabeza de la demanda de cambios en el mercado eléctrico. El Gobierno considera obsoleto el sistema marginalista actual, pensado en su día para compensar la menor rentabilidad de las renovables y que remunera a todas las demás energías al nivel marcado por la más cara, dando lugar a los llamados 'beneficios caídos del cielo' para las empresas eléctricas. Tras muchos meses predicando en el desierto, la coyuntura bélica ha ablandado la posición inicial de algunos países, liderados por Alemania, que siempre se habían opuesto a cualquier cambio. Y Bruselas, que llevaba semanas remitiéndose a la comunicación de este martes, por fin recoge el guante.

Foto: Von der Leyen. (Reuters)

Las nuevas líneas maestras de la Comisión no se concretarán al menos hasta abril, ya que falta el informe preceptivo de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER), que el propio Gobierno español demandó al inicio del otoño. Pero permiten al Ejecutivo ganar tiempo y confiar en que las reformas tengan el calado suficiente para atajar una situación que se vuelve cada vez más insostenible, y que no solo afecta a la electricidad: ante la carestía provocada por la guerra, Moncloa busca ya nuevos mercados para las materias primas, los cereales o los fertilizantes, entre los que están Estados Unidos —que ya es el principal exportador de gas a España—, Argentina o Brasil.

Próxima parada: Versalles

La próxima parada llegará en la cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno convocada por la presidencia francesa para este jueves, donde los socios comunitarios volverán a poner sobre la mesa sus propuestas para el mercado energético. El Ejecutivo no va a dar ningún paso en falso antes de la reunión en Versalles, como quedó claro en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes. Pese a la expectativa de anuncios, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se limitó a afirmar que el mercado energético "está roto" porque no refleja los precios reales debido a la contaminación del gas natural. Claro que para entonces aún no se conocía el documento de la Comisión Europea.

Foto: La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. (Mariscal/EFE)

El Ejecutivo celebra el giro de Bruselas, pero no tiene razones para el triunfalismo: España acumula tres meses seguidos con el recibo más elevado de la historia para los alrededor de 10 millones de hogares acogidos a la factura regulada. Con el camino más despejado, en las próximas fechas podrían conocerse nuevas medidas, como una reforma del hasta ahora ineficiente bono social, un adelanto del ajuste de 3.000 millones de euros en la financiación del régimen especial de las renovables, que estaba previsto para 2023, o nuevas acciones para limitar los 'beneficios caídos del cielo', después de que el hachazo inicial —S&P lo llegó a cuantificar en 3.200 millones— quedase prácticamente sin efecto tras la reforma del polémico real decreto de minoración del gas. La propia Comisión avala esta vía en su documento, que contempla la imposición de tributos temporales sobre las ganancias extraordinarias de las eléctricas.

¿10.000 millones menos de recaudación?

La guerra ha echado por tierra las previsiones iniciales de Moncloa, que el pasado otoño auguraba que los precios de la energía se empezasen a moderar a partir del segundo trimestre, en paralelo con el final del invierno. Pero la invasión de Ucrania y, sobre todo, la contundente repuesta económica de los países occidentales —este mismo martes Estados Unidos aprobó su 'sanción letal', que consiste en detener todas las importaciones energéticas de Rusia— prolongarán las tensiones en el mercado hasta final de año, según la mayoría de los analistas. Un apunte: el cuadro macroeconómico del Ejecutivo para 2022 está construido con un precio medio de petróleo de 60 dólares, menos de la mitad de la cotización actual del barril de Brent.

Foto: El presidente de EEUU, Joe Biden. (Evelyn Hockstein/Reuters)

En este contexto de caos energético, las medidas tomadas por el Ejecutivo resultan claramente insuficientes para amortiguar el impacto de los récords del mercado mayorista en el bolsillo de los españoles. Mientras asociaciones de consumidores como Facua denuncian que la factura media rozará los 300 euros este mes si se mantienen los precios actuales, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuantificaba —durante una comparecencia en el Senado— en más de 5.000 millones el coste de las rebajas fiscales emprendidas por el Gobierno desde el pasado verano. Entre ellas, se encuentran la reducción del IVA desde el 21 hasta el 10%, la del impuesto de la electricidad desde el 5,4 hasta el 0,5% y la suspensión del impuesto de generación eléctrica.

Las actuales medidas, que ya han sido prolongadas anteriormente, caducan pronto: el 30 de abril las dos primeras y el 31 de marzo la última. Pese a que no estaba en sus planes, el Ejecutivo no descarta nuevas extensiones, incluso durante todo lo que queda de año. Sin embargo, esto dispararía los costes: desde los 3.000 millones de euros proyectados inicialmente hasta los 10.000 millones que, calculan en Moncloa, podrían necesitarse en el peor de los casos. Una merma de recaudación muy sensible que va en línea con el aplazamiento 'sine die' de la reforma fiscal —es decir, de la subida de impuestos—, anunciado por la socialista Montero la semana pasada en contra del criterio de sus socios de Unidas Podemos.

Foto: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (Zipi/EFE)

El propio presidente, Pedro Sánchez, ha reconocido en los últimos días que la escalada bélica amenaza la recuperación, y la prioridad ahora es garantizar una salida justa de la crisis pandémica, como prometió el Gobierno para la segunda mitad de la legislatura. Incluso a costa de atrasar aún más la consolidación fiscal demandada por los principales organismo internacionales, en un momento en el que la deuda pública alcanza máximos históricos. La revisión de las reglas fiscales europeas, suspendidas durante el covid, no puede llegar en un contexto más inoportuno, pero el Ejecutivo considera que se trata de un debate incipiente y lo primero es asegurar el crecimiento. Así lo sostenía la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, antes de la guerra y así lo sostiene el Gobierno ahora con razones más poderosas.

Un papel estratégico

Paradójicamente, la nueva situación avala algunos de los movimientos del Ejecutivo durante los últimos meses, ya sea con respecto al mercado energético o a las reglas fiscales. E incluso puede brindarle a España un papel estratégico que hasta ahora había rehuido. La visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a Madrid el pasado sábado situó a nuestro país como puntal de la nueva política energética de la Unión, que pretende reducir en dos tercios las importaciones de gas ruso —actualmente representan el 41%— de aquí a final de año. La menor dependencia de España —apenas un 8,9%— y su apuesta por las energías renovables la sitúan como un actor privilegiado en este contexto, que podría reforzarse en un futuro si consolida su liderazgo como vía de entrada del gas natural licuado (GNL) a Europa.

Foto: La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. (Fernando Alvarado/EFE)

Después de mucho tiempo de perfil, el Ejecutivo ya habla abiertamente de recuperar el gasoducto Midcat, que uniría la red nacional con Europa a través de Cataluña. Pero pone una condición: la nueva infraestructura la debe pagar Bruselas, para que no suponga un incremento más en la factura de los consumidores españoles. La mejora de las interconexiones con el continente permitirían aprovechar la capacidad regasificadora de nuestro país, que asciende a un tercio del total europeo, mientras España aumenta sus importaciones de GNL y mantiene el abastecimiento convencional a través de Argelia. El Estado magrebí ha asegurado el suministro después de la llamada del pasado domingo entre Sánchez y el presidente argelino, Abdelmajid Tebboune, según constata el Gobierno.

La cumbre de la OTAN en Madrid, que se celebrará el próximo junio, debería reforzar ese renovado papel internacional, tras un comienzo muy dubitativo en la crisis ucraniana debido a los encontronazos entre las dos patas del Ejecutivo, que ya se dan por superados. Fuentes de Moncloa califican el encuentro como un hito "muy relevante" en la historia de la Alianza y confirman que están trabajando en una inédita cena informal entre la OTAN y la Unión Europea. "Es un momento de cambio en el orden internacional", concluyen. Y confían en que este también llegue a la política española tras el desembarco de Alberto Núñez Feijóo en la presidencia del PP.

El Gobierno confía en que la reforma del mercado energético impulsada por Bruselas permita bajar los precios de la luz. Fuentes de Moncloa consideran que el paso dado este martes por la Comisión Europea, en una esperada comunicación que abre la puerta por primera vez a desacoplar los precios de la electricidad y los del gas, logre contener la espiral actual en el mercado mayorista, que ha marcado un nuevo récord al alcanzar los 545 euros el megavatio hora.

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