Podemos fía su peso en la coalición al escudo social tras los reveses en política exterior

Las costuras de la coalición se han tensado por diferentes puntos en las últimas horas. Para los morados solo cabe esperar que se acepte su plan de choque contra la crisis económica para tomar oxígeno y justificar su presencia dentro del Gobierno. Al nuevo envío de armas a Ucrania y al aumento del gasto en Defensa, se sumaba este viernes por sorpresa la decisión de presidente del Gobierno de reconocer el plan del Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Una rectificación de la posición estratégica que históricamente ha mantenido España. La favorable a la autodeterminación, en línea con las resoluciones del Consejo General de la ONU y aceptable para todas las partes, como también defienden los morados. Un cambio histórico de posición sobre el que la líder de Unidas Podemos en el Ejecutivo, Yolanda Díaz, ni siquiera fue informada, según confirman fuentes de su entorno, mostrando profundas discrepancias.

A todo ello se añade la intención de bajar impuestos, una medida contra la que ya cargó la vicepresidenta segunda los últimos días. Los reveses que ha sufrido el socio minoritario a sus marcos identitarios, desde la fiscalidad y el Sáhara Occidental al anuncio de elevar el presupuesto en Defensa al 2% del PIB, han tenido como consecuencia que Díaz vuelva a coordinarse con la dirección de Podemos para remar en una misma dirección y dejar a un lado sus discrepancias por el futuro de su proyecto político. El objetivo compartido es el de forzar un paquete de medidas, bajo la "convicción de que esta crisis no pueden pagarla los de siempre", en el decreto que se llevará el 29 de marzo al Consejo de Ministros para responder a las consecuencias económicas de la guerra.

La próxima semana será clave para estas negociaciones con la parte socialista, según trasladan desde Unidas Podemos, que en los últimos días han visto cómo el presidente del Gobierno rectificaba en posiciones de política exterior que los sitúan en una gran confrontación. Las perspectivas poco halagüeñas en las relaciones laborales también han llevado a la vicepresidenta segunda a cambiar el paso. A elevar el tono y las exigencias.

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I. Gil

Por un lado, esta semana rechazaba abiertamente el "acuerdo por el acuerdo" con el PP, para reconocer que "es evidente que en el bloque de investidura estamos en esta línea", en referencia a las medidas que los morados proponen. Por otro lado, cargaba contra la bajada generalizada de impuestos, oponiéndose a una rebaja del IVA y apostando por redistribuir la presión fiscal para que paguen quienes más tienen y reducir el IRPF a las rentas bajas.

Desde Unidas Podemos se aboga por activar la reforma fiscal, que Hacienda ha puesto en cuarentena debido a la actual situación, porque "los recursos públicos ahora son más necesarios que nunca". Asimismo, se apuesta por gravar los beneficios extraordinarios de las grandes eléctricas. Una medida que aleja del acuerdo a los populares y que la parte socialista del Gobierno ha evitado confirmar. Con todo, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, aseguró a principios de semana que no estaba sobre la mesa.

La propuesta que están negociando los morados precisa compensarse con subidas de impuestos a los grandes patrimonios y las eléctricas pues, según sostienen, supone un fuerte incremento del gasto social. Solo el plan de un cheque energético de 300 euros costaría alrededor de 5.700 millones de euros. Buscaría beneficiar a 19 millones de hogares y los morados entienden que es "perfectamente viable" y que evitaría la pérdida de poder adquisitivo y la reducción del consumo de los hogares. Otras de las medidas que han planteado pasan por aumentar el ingreso mínimo vital, incluso por encima de la subida del IPC, hasta en un 18%, o ampliar el bono social en energía para aumentar el número de beneficiarios.

Congelación de alquileres

El Ministerio de Transportes, que dirige Raquel Sánchez, está estudiando la posibilidad de congelar el precio de los alquileres durante este año, para que no se actualicen en función del IPC aunque así lo recojan los contratos de arrendamiento. La medida está en estudio, según explican fuentes del Ministerio, pero añaden que se analizará junto a otra serie de propuestas que han trasladado desde Unidas Podemos para adoptar las "más ágiles y eficaces" de cara a combatir la inflación.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, mantiene comunicación constante con la parte socialista del Ejecutivo, según trasladan desde su entorno, para negociar las medidas que los morados pretenden incluir en el decreto que se aprobará el próximo 29 de marzo en el Consejo de Ministros. El denominado Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas de la Guerra.

En materia de vivienda, el gabinete de la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, también está en contacto con el de Transportes, de cara a explorar estas medidas. Más allá de la congelación de los alquileres, desde Derechos Sociales se está empujando para que se vuelva a incluir en el decreto de moratoria de los desahucios una prórroga de los contratos de arrendamiento y una moratoria para los inquilinos de grandes propietarios o empresas públicas.