Unidas Podemos se planta frente a una gran coalición por el temor al cambio de alianzas

Si Yolanda Díaz, que forma parte del equipo negociador del Gobierno para el Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas de la Guerra, solo aspira a acuerdos puntuales con el PP, desde Podemos desechan abiertamente grandes acuerdos para priorizar la actual mayoría de investidura. El temor a una suerte de gran coalición blanda que rebaje el papel de los morados y de la mayoría de la investidura, así como que se abra la puerta a adoptar "medidas neoliberales" (según lo tildan fuentes de Podemos), lleva a la formación a manifestar sus reticencias frente a la intención de Pedro Sánchez de buscar los "grandes acuerdos de país". Un objetivo que ya se buscó para responder a la pandemia del coronavirus. Sin éxito.

"Nosotros estamos trabajando para que la mayoría plurinacional y progresista que sostiene a este Gobierno continúe y sea quien marque las prioridades políticas", señalaba la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, al ser preguntada este miércoles sobre los pactos de Estado a los que apela el presidente del Ejecutivo. "Va a seguir siendo así", afirmaba tajante, para reiterar la necesidad de "cuidar esa mayoría plurinacional y progresista que ha permitido avanzar los dos últimos años".

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La vicepresidenta segunda abogaba por que "lo más importante" era alcanzar acuerdos para cuestiones concretas, entre las que citaba la protección del empleo o los salarios. En materia de fiscalidad no hay muchas expectativas, como dejaba entrever la propia Díaz durante la sesión de control al Gobierno. En su respuesta a las preguntas de la diputada popular Carolina España, le trasladaba que se "encontrarían" si estaba de acuerdo "con que estos grandes beneficios", en referencia a las eléctricas, "sirvan para paliar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores hoy".

Los populares apuestan por bajadas de impuestos en lugar de una tasa a los beneficios extraordinarios de las eléctricas por la especulación en el precio del gas, a la que también se opone la CEOE. Antes de arrancar incluso la ronda de negociaciones, Díaz rebajaba las expectativas porque, como reprochaba a la bancada popular durante el pleno del Congreso, Alberto Núñez Feijóo "le está poniendo la alfombra roja a la ultraderecha". Frente a ello, avanzaba que el Gobierno va a defender a las clases trabajadoras. Una dicotomía que deja entrever las distancias y escaso entusiasmo para buscar grandes consensos con el PP. "Somos diferentes, nosotros estamos para defender a la gente", concluyó la titular de Trabajo.

El paquete de medidas contra la inflación que Unidas Podemos está negociando en el seno del Gobierno también choca de plano con el de los populares. Estos últimos han demandado poner freno al proyecto de reforma fiscal, mientras que el sector morado en el Ejecutivo apuesta por una "reforma fiscal de emergencia" que establezca un nuevo tributo a las grandes fortunas o establecer un recargo del 10% al impuesto de sociedades.

Como actuaciones urgentes, los morados proponen también la creación de un "cheque-ayuda" para mitigar la subida de precio del gas natural, así como un plan excepcional de subvenciones para sustituir las instalaciones domésticas de gas natural. Se pone como ejemplo a seguir el cheque energético para los hogares del Gobierno francés durante la pandemia. Otras propuestas que incluyen en su 'escudo social y verde' son aumentar el ingreso mínimo vital, incluso por encima de la subida del IPC, hasta en un 18%, y ampliar el bono social en energía para aumentar el número de beneficiarios.

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La medida anunciada por Díaz para gravar los beneficios extraordinarios de las grandes eléctricas, y que la parte socialista del Gobierno ha evitado confirmar, sí cuenta con el apoyo de los sindicatos. Asimismo, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Mathias Cormann, quien se reunió el lunes con Sánchez y el martes con Díaz, ha apostado por explorar esta opción.

“Dados los beneficios de las empresas energéticas, hay capacidad para aumentar el nivel de impuestos que están pagando las empresas de este sector y redirigir parte de ese dinero a medidas que amortigüen el impacto” por la actual escalada de precios, aseguró. Tras ello, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, negó que se estuviese valorando por el Ejecutivo. Se trata de una medida que han implantado países europeos como Italia o Rumanía y sobre la que la Comisión Europea reconoció su utilidad en una comunicación, a modo de impuestos temporales para compensar el alza de precios en la luz.