Yolanda Díaz discrepa sobre la decisión de Sánchez de aumentar el gasto en Defensa

Podemos se ha desmarcado de las intenciones del presidente del Gobierno de aumentar el presupuesto en Defensa, tachando esta prioridad como "totalmente secundaria". La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que lidera el sector de Unidas Podemos en la coalición, también ha reconocido sus discrepancias "lógicas" con estas intenciones, aunque desde su entorno trasladan que respetan la decisión de Sánchez. Estas mismas fuentes subrayan que la decisión se ha producido en el marco de la UE y que Defensa es uno de los departamentos considerados de Estado que, según el acuerdo con sus socios, corresponde a los socialistas marcar las líneas políticas. Con todo, añaden que el incremento del gasto en Defensa debería determinarse en los próximos presupuestos y estos todavía no se han negociado en el seno de la coalición.

El portavoz de la formación morada, Pablo Fernández, ha priorizado invertir en un nuevo "escudo social y verde", un paquete de medidas que desde la formación han trasladado a Sánchez para mitigar las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania. Fernández ha querido desvincular a su partido del anuncio realizado por Pedro Sánchez anoche durante una entrevista en La Sexta, remarcando que se trata de "una decisión que toma el presidente". Su posición, según ha añadido, es que "hay otras prioridades más acuciantes" a las que destinar el dinero público. Desde la parte morada en el Ejecutivo han evitado a entrar a valorar esta decisión, dejándola en mano de los portavoces orgánicos, quienes también han prescindido de los ataques directos.

El incremento del gasto en Defensa con el horizonte de situarlo en el 2% del PIB, al que se ha comprometido Sánchez, coincide con el objetivo fijado por la OTAN. El presidente del Ejecutivo había evitado hasta ahora adherirse a este objetivo, pero el pasado viernes desde París ya lo puso sobre la mesa tras el acuerdo entre los Veintisiete durante el último Consejo Europeo informal. El jefe del Ejecutivo estimó que España destina actualmente a Defensa el 1,4% del PIB. Subirlo seis décimas más hasta el 2% supondría un gasto de unos 7.200 millones de euros, siempre que se mantuviese inalterable el PIB. Sin embargo, hay discrepancias sobre estas cifras, y algunos expertos sitúan el gasto total en poco más del 1%. De hecho, el propio Sánchez se marcó el objetivo tras la Cumbre de Versalles de rematar la legislatura “por encima del 1,24% del PIB en el capítulo de Defensa”.

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La dirección de Podemos considera que estas cantidades "deberían invertirse en ampliar el escudo social y verde para proteger a la ciudadanía". En un contexto de enorme incertidumbre, según ha explicado Fernández durante una entrevista en TVE, "es momento de dar certezas y proteger el bienestar de la ciudadanía; sin duda, para nosotros esa es la prioridad". De ahí que se valore el compromiso de realizar un mayor esfuerzo en Defensa como un gasto "totalmente secundario en estos momentos", porque "lo que debería hacer el Gobierno es volcarse en proteger y amparar a la ciudadanía".

La respuesta del Gobierno a la guerra en Ucrania ha generado tensiones entre los socios de Gobierno, principalmente tras la decisión de enviar armas ofensivas a la resistencia ucraniana. Desde la dirección de Podemos mostraron su oposición, hasta el punto de acabar tildando a los socialistas como "partido de la guerra". Una descalificación que posteriormente retiraron asegurando que se referían al PSOE. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien sí cerró filas con Sánchez en política exterior y le mostró su total apoyo, intervino para intentar rebajar las tensiones.

El Ejecutivo volverá a realizar un nuevo envío de armamento militar letal a Ucrania, según confirmó Sánchez. "Un pueblo indefenso", argumentaba anoche el presidente, "tiene que protegerse de una potencia nuclear". Al mismo tiempo, calificaba como un error la oposición de sus socios. Fuentes de Moncloa argumentaban respecto a estas tensiones que "lo que tenemos enfrente es tan gordo y grave que la situación trasciende la dinámica del socio de gobierno".

La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, volvía a enmarcar la posición de su formación en el 'no a la guerra' el pasado viernes durante una reunión del máximo órgano de dirección, el Consejo Ciudadano Estatal. Belarra alentó a la movilización social para presionar en esta línea. "Somos conscientes de que, sin un movimiento social y ciudadano fuerte que exija paz y no guerra, es muy difícil que quienes pueden hacer algo apuesten por las vías diplomáticas", apuntó Belarra preparando el terreno en este sentido. En la dirección del partido defienden que, "en estas últimas semanas, desde Podemos hemos vuelto a elegir el camino más difícil en un momento clave", considerando que se trata del "camino correcto".

Sobre el nuevo escudo social que promulgan para hacer frente a la crisis económica generada por la guerra, la titular de Derechos Sociales avisaba de que "no es tiempo de parches, ni de volver a pedirle a la gente que posponga sus urgencias, es tiempo de abordar los problemas desde su raíz". Para ello, recordó algunas de las principales medidas que han puesto sobre la mesa. En primer lugar, un "plan de emergencia energético", que establezca un recorte adicional de los denominados beneficios caídos del cielo de las eléctricas para trasladarlos a la factura y cheques-ayuda para subvencionar el coste de la electricidad a las familias vulnerables.

El cheque, a semejanza del que se implantó en Francia durante la pandemia, sería de 300 euros, a través de un pago puntual, y beneficiaría a 19 millones de hogares. Una medida que costaría alrededor de 5.700 millones de euros y que desde la formación morada entienden que es "perfectamente viable" y que evitaría la pérdida de poder adquisitivo y la reducción del consumo de los hogares. Por otra parte, se propone establecer un recargo adicional a las empresas energéticas del 10% en el impuesto de sociedades para costear en parte estas medidas. Se incide también en desarrollar la reforma fiscal, ahora aparcada por el Ejecutivo debido a las previsiones de freno en la recuperación económica, para blindar el estado de bienestar y crear ayudas directas a las pequeñas y medianas empresas para que puedan hacer frente al aumento de costes.