¿Vuelven los controles de precios? Las presiones inflacionarias reabren el debate

Los test de antígenos para la detección del coronavirus han pasado esta semana a engrosar la lista de bienes y servicios cuyos precios vienen influidos por el Gobierno. 2,94 euros es el tope fijado por el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez para estos productos, después de semanas de polémica por el elevado precio que habían alcanzado en las farmacias, en medio de una demanda masiva durante el periodo navideño.

Desde su estallido, la pandemia se ha convertido en un gran impulsor de medidas intervencionistas en el terreno económico, en un movimiento que ha llevado a algunos expertos a hablar de un resurgir del denominado capitalismo de Estado, con los gobiernos asumiendo un papel director en el rumbo de la economía.

Si desde el prisma liberal imperante en Europa este mayor protagonismo estatal en las decisiones económicas es habitualmente observado con recelo, esto resulta mucho más notorio en casos como el de la fijación de precios, una palanca que suele provocar un rechazo casi unánime entre los economistas. "En general, a los economistas serios la regulación pública de precios no nos parece la mejor opción", observa Ferran Brunet, profesor titular de Economía Europea en la Universidad Autónoma de Barcelona. Pero la política no la hacen siempre los economistas serios y, cuando sí son ellos los que la hacen, tienen otros incentivos además del de ser fieles a la teoría económica. Fijar un precio máximo es la vía más simple para que parezca que el Gobierno de turno está haciendo algo para solucionar un problema complejo de oferta y demanda.

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La teoría es clara y responde a una lógica difícilmente rebatible. La fijación de un precio arbitrario por debajo de su valor real puede desincentivar su comercialización por parte de los vendedores, elevar artificialmente la demanda o ambas cosas. Y esto, en última instancia, puede derivar en una situación de escasez. Así, fueron muchas las voces que alertaron del riesgo de desabastecimiento cuando, en los primeros compases de la pandemia, el Gobierno determinó una medida similar en el caso de las mascarillas.

El hecho de que aquellos presagios no se hicieran efectivos y que desde entonces la oferta de mascarillas haya sido más que suficiente para satisfacer la demanda a precios incluso claramente por debajo del dictado entonces por el Ejecutivo parece haber cargado de razones a los gobernantes españoles para recurrir de nuevo a esta herramienta, que al fin y al cabo, no deja de ser, en cierto sentido, una práctica común en las políticas económicas internacionales.

Según datos de Eurostat, el 13,2% de los precios al consumo de la eurozona se sitúan en la categoría de precios administrados, es decir, fijados directamente o influidos de forma significativa por los gobiernos. Esta cifra se elevó en casi un punto porcentual en 2021, para registrar el dato más elevado en una década. En países como Países Bajos o Francia, esta proporción se eleva por encima del 21 y el 17%, respectivamente.

En 2021, la proporción de precios administrados en la Eurozona marcó máximos de una década

España, en cambio, figura entre los países de la región con una estructura de precios más liberalizada, alcanzando los precios administrados apenas al 6,8% del total. Sin embargo, casos como el de la mascarilla o los test de antígenos son claros indicios de que la intervención de los precios no es, ni mucho menos, una palanca ignorada por los políticos españoles, que no solo han recurrido a ella para hacer frente a las emergencias derivadas del coronavirus. La crisis energética desencadenada a mediados del año pasado también motivó una serie de actuaciones por parte del Gobierno español para intervenir los precios de la electricidad y el gas. Y la ley de vivienda que prepara el Ejecutivo —y que este viernes recibió un varapalo judicial por parte del CGPJ— también introduce mecanismos para la fijación de precios máximos para el alquiler.

Algunos expertos consideran que estos movimientos pueden formar parte de una tendencia más general hacia un creciente papel de los controles de precios en Europa. "Las altas tasas de inflación de los últimos meses volvieron a poner el fenómeno de la inflación en el centro de atención política después de años. Esto también ha ido acompañado de llamados más fuertes a la intervención de los formuladores de políticas, incluido el control de precios", explicaba en una nota reciente Stefan Bruckbauer, analista jefe para Austria del banco italiano UniCredit.

Brunet coincide en que la conjunción de presiones inflacionarias con ciertas tendencias desglobalizadoras y un auge de las políticas populistas puede implicar un impulso a las políticas de regulación de precios que, en cualquier caso, confía en que sería transitorio, porque "al final las leyes del mercado se acaban imponiendo".

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Aunque la lectura general de las políticas de control de precios que hacen los economistas suele ser negativa, la mayoría reconoce que pueden darse situaciones críticas en las que es preciso que el Gobierno intervenga para asegurar el acceso a determinados bienes y servicios de segmentos de la población que pueden ser más vulnerables a un repunte repentino de precios. Es, en cierto modo, la lógica que sustenta las políticas de distribución de productos farmacológicos, que suelen estar afectados por unos precios fijados por la administración pública.

Con todo, como advierte Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research, esa compuerta puede conducir por un camino casi infinito en el que los gobiernos tratan de determinar el precio justo para cada producto al margen de las leyes del mercado. En su opinión, la de los controles de precios es una herramienta que debe usarse de forma muy puntual y para hacer frente a situaciones monopolísticas, en las que el poder de fijación de una o unas pocas empresas puede llegar a atentar contra el interés general de los consumidores.

¿Justifica eso actuaciones como las adoptadas durante el verano para contener el precio de la energía a costa de las ganancias de las empresas del sector? "Se justificaría si, en efecto, el Gobierno ha detectado que el sector está siendo objeto de prácticas monopolísticas o que las empresas se están saltando la ley. Pero no se puede perder de vista que la subida de los precios de la luz se ha derivado en gran medida de un fuerte encarecimiento de los precios del gas a nivel internacional", apunta Cardoso.

Aquella actuación se plasmó durante semanas en un doloroso golpe a las cotizaciones de las empresas eléctricas españolas que no solo vino a reflejar el deterioro de sus perspectivas de negocio, sino la desconfianza que la medida del Gobierno generaba en los inversores internacionales. Y un caso similar tuvo lugar este mismo viernes en Francia, cuando el Gobierno de Emmanuel Macron decretó que la empresa semipública EDF deberá subastar energía por debajo del coste del mercado, lo que ocasionó un derrumbe de sus acciones cercano al 15%.

Daño a la seguridad jurídica, perjuicio a la rentabilidad empresarial y riesgo de escasez se entremezclan como las principales amenazas que se derivan del intervencionismo público en las dinámicas de precios. Por eso, entre los expertos es común defender la conveniencia de buscar alternativas antes de recurrir a este mecanismo.

"Puede ser útil en algún momento, pero lo ideal es que no tengamos que recurrir al control de precios y tengamos unas reglas de juego que nos permitan evitarlo, suficiente competencia, suficiente suministro…", señala Santiago Carbó, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Granada, quien lamenta la falta de estrategia que trasciende de las actuaciones sobre los precios de las mascarillas o de los test de antígenos. "Nunca es bueno que el Gobierno actúe solo ante el descontento, es importante que sea proactivo", observa.

En el caso reciente de los test de antígenos, han sido frecuentes las recomendaciones para que, en lugar de fijar un precio máximo, el Gobierno recurriera a un incremento de los canales de venta, permitiendo su distribución a través de las cadenas de supermercados. De este modo, la mayor capacidad de abastecimiento de los grupos de distribución y la entrada en juego de nuevos competidores deberían facilitar una rebaja de los precios dictada por las leyes de la oferta y la demanda, tal y como ha ocurrido en otros países.

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De hecho, es reseñable que el límite máximo fijado por el Gobierno se sitúa claramente por encima de los precios de venta de estos test en países como Alemania o Portugal, donde sí está permitida la distribución en supermercados.

En el caso de los test, aunque algunas farmacias han elevado sus quejas por las pérdidas a las que les aboca la nueva norma, el precio fijado por el Ejecutivo parece garantizar un margen suficiente para que su comercialización siga siendo atractiva y no se produzcan situaciones de desabastecimiento de forma generalizada. Más recelos genera, en cambio, la pretensión del Gobierno de llevar los controles de precios al ámbito de la vivienda, para acotar las rentas de los alquileres en las grandes ciudades. Son varios los estudios que evidencian que medidas similares en otros países han provocado restricciones adicionales de la oferta que han acabado resultando contraproducentes. "Mucha gente puede decidir sacar su casa del mercado si la rentabilidad que puede obtener no le compensa", corrobora Cardoso.

¿Desregulación excesiva?

Dadas las reducidas cifras, en términos relativos con los grandes países de la eurozona, de intervención pública de los precios en España, podría quedar la sensación de que en España podría haberse dado un proceso de desregulación excesiva. Frente a este extremo, Brunet sentencia tajante que "la desregulación de los precios nunca puede ser excesiva". Esta frase la fundamenta en la idea de que "la libre competencia es la base del progreso técnico. Cuanta mayor libertad haya para que las empresas puedan competir en el mercado, mejor. Lo que hay que asegurar es que exista esa competencia y evitar que se produzcan situaciones de monopolio", observa el profesor de la UAB.

Cardoso tampoco cree que se pueda leer como negativa la situación de los precios al consumo en España. "Solo hay que mirar la experiencia de los últimos 12 años, donde el crecimiento de los precios se ha situado alrededor de un punto por debajo del de la eurozona. Para esto no ha sido necesaria la intervención de los precios, sino que ha sido el propio mercado el que ha generado ese proceso".