Así será la crisis del nuevo 'capitalismo de Estado'

No hay alternativa. Mientras la contestación social contra sus medidas económicas se extendía por todo el país, durante la década de 1980, la 'premier' británica Margaret Thatcher haría de ese eslogan uno de los principios fundamentales de su mandato. Años de estancamiento económico y elevada inflación, jalonados por una intensa ola de protestas, huelgas y agitación sindical, habían situado a Reino Unido al borde del colapso durante la década de 1970 y se hacía necesario un rediseño del modelo imperante. La era del keynesianismo, que había dominado desde finales de la Segunda Guerra Mundial, parecía sentenciada; llegaba el turno del neoliberalismo.

Hoy, las tornas parecen haber girado. La crisis del coronavirus ha desencadenado una reacción a favor de un mayor protagonismo del Estado en la configuración del desarrollo económico, alumbrando lo que muchas voces han entendido como una nueva versión de capitalismo de Estado, llamado a desterrar el modelo predominante durante las últimas cuatro décadas.

La contundencia del 'shock' ocasionado por el virus ha obligado a los principales gobiernos mundiales a ofrecer una respuesta sin precedentes, en forma de ayudas masivas a ciudadanos y empresas, para protegerlos ante un daño que desde un primer momento se asumió como temporal. Esta reacción no representa, en esencia, un cambio de modelo. Al fin y al cabo, estaría enfocada a preservar las estructuras de poder económico preexistentes.

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Como observa Rafael Domenech, responsable de Análisis Económico de BBVA Research, "la respuesta dada es la respuesta de manual ante situaciones excepcionales y no es necesariamente un cambio de modelo. Es lo adecuado, porque el único agente económico con el tamaño y la capacidad para proteger a trabajadores, autónomos, etcétera es el Estado".

Sin embargo, algunos movimientos parecen apuntar a que, tras esta primera respuesta a la crisis, muchos gobiernos parecen interesados en prolongar su papel protagonista en la economía. El diseño de planes millonarios de inversión para favorecer la recuperación económica tras el 'shock' del covid (como el Next Generation, de la Unión Europea) parece ofrecer una poderosa palanca al poder político para encauzar el desarrollo económico futuro por unas sendas menos dependientes de la libre evolución del mercado.

Una posibilidad que, curiosamente, es bienvenida por muchas voces de autoridad en los mercados. Un informe reciente del G30, un 'think thank' que tiene entre sus más destacados miembros al expresidente del BCE, Mario Draghi, avalaba la importancia del apoyo público para sentar las bases del crecimiento económico a largo plazo. Con tendencias como la digitalización y la transición energética tratando de abrirse hueco desde hace años –dados los recelos del mundo empresarial a la hora de invertir en dinámicas aún en configuración–, son muchos los expertos que sugieren que el momento actual ofrece la ocasión ideal para que, bajo el patrocinio de los gobiernos, estos procesos logren el empuje necesario para convertirse en las fuerzas tractoras del crecimiento global.

La competencia de China parece empujar a un mayor respaldo público en Occidente

Además, como subraya Gonzalo de Cadenas, economista jefe de Mapfre, Europa y Estados Unidos se enfrentan en este ámbito al desafío de competir con una potencia como China, que acumula años de estímulo público a sus empresas, en una economía que representa el paradigma del capitalismo estatal. La necesidad de competir en igualdad de condiciones parece respaldar la idea de que los gobiernos occidentales se involucren en el desarrollo de las que entiende que serán las tendencias que marcarán el futuro de la economía.

A esto se añade que las facilidades de financiación ofrecidas por las políticas de tipos de interés en mínimos y estímulos monetarios sin precedentes ofrecen a los poderes públicos una potencia de fuego muy elevada, que debería permitirles invertir en la economía sin incurrir en costes insostenibles.

Y, sin embargo, resulta difícil no observar con cierto escepticismo las intenciones que subyacen detrás de algunos pasos dados por distintos gobiernos nacionales. Los planes de desarrollo industrial del Gobierno alemán o el francés, los esfuerzos del Gobierno británico durante las negociaciones del Brexit por garantizarse un mayor margen para apoyar a aquellas empresas e industrias que considere esenciales, los pasos de Italia hacia la nacionalización de un amplio número de compañías para asegurar su supervivencia o las propuestas en España de una fuerza con representación en el Ejecutivo como Unidas Podemos de establecer un mecanismo para fomentar la participación de los trabajadores en el capital de sus empresas parecen estar perfilando un escenario en el que el papel del Estado en la economía vaya a ser mucho más destacado que en los últimos años.

Modelo necesitado de ajustes

Detrás de estos planteamientos subyace la idea de que el capitalismo neoliberal imperante en las últimas décadas –aunque con muy diversas variedades– ha fallado a la hora de alumbrar una sociedad más próspera e igualitaria. La crisis del coronavirus habría representado así la puntilla a un modelo que parecía herido, por la sucesión de fallas del mercado y la percepción de que sus costes han recaído sobre las capas más desfavorecidas, mientras las clases altas han podido sacar rédito de las políticas de estímulo implementadas por los bancos centrales, que han supuesto, sobre todo, un impulso al precio de los activos financieros.

En ese contexto, no escasean las voces que reclaman ajustes al modelo, por su propia supervivencia. No en vano, la creciente desafección social, motivada por una extendida frustración de expectativas, ha acabado derivando, según diversos análisis, en el auge de los populismos políticos. "Los gobiernos tienen que actuar para compensar rentas y reducir la pobreza porque, si no, los problemas irán a más", advierte De Cadenas, que pone el ejemplo de Latinoamérica en la última década del siglo XX y la primera del XXI como reflejo de las políticas que pueden acabar triunfando si no se lograr dotar de un perfil más social al modelo económico.

Precisamente, en pos de un capitalismo social abogaba en un informe reciente el economista jefe de Natixis, Patrick Artus. "Para evitar ser rechazado por una parte creciente de la población, el capitalismo deberá evolucionar muy rápidamente en varias direcciones", señala el economista francés, que resalta como las principales palancas de ese cambio una aceleración de la transición energética, una distribución de ingresos justa, la financiación de un aumento de la riqueza general –para lo que, curiosamente, propone una vía como la planteada por Podemos, de impulsar la participación de los trabajadores en el capital– o una suavización de la competencia fiscal entre países.

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"Es muy posible que el capitalismo lleve a cabo rápidamente estos tres cambios y, bajo la amenaza de su desaparición, se transforme del capitalismo neoliberal al capitalismo ecológico y social", apunta Artus.

Pero si estos ajustes pueden resultar deseables, el intervencionismo del Estado en el desarrollo de la economía no representa, como ya ha quedado de manifiesto, una novedad, sino que nace de corrientes históricas ya ensayadas y que acabaron colapsando. Como observa Pablo Martín-Aceña, catedrático de Historia Económica de la Universidad de Alcalá, la victoria de Thatcher en Reino Unido y, poco después, de Ronald Reagan en Estados Unidos, fue la manifestación de una reacción contra unas políticas que se entendía que habían fracasado.

"La crisis del petróleo en 1973 fue el detonante. Pero ya desde antes existía la percepción de que el Estado había ido demasiado lejos, había exceso de regulación, se habían ido acumulando muchas ineficiencias. Se había producido un exceso de intervencionismo público que ahogaba la iniciativa privada", indica Martín-Aceña. Y también De Cadenas redunda en esta visión: "La imposición estatal no genera innovación. En un momento como este es necesario que el Estado esté presente, pero no que se quede ahí".

Uno de los temores más evidentes es que, al primar los criterios políticos, las decisiones de los gobiernos en el campo económico acaben derivando en actuaciones de escasa eficiencia. La historia está repleta de ejemplos de actuaciones económicas motivadas por el poder político que han resultado en fiasco, desde el buscador francoalemán Quaero a la empresa de automoción British Leyland o la aerolínea italiana Alitalia.

Mantener de forma ilimitada el sustento a empresas y negocios poco productivos y difícilmente viables sin el auxilio público puede conllevar una distribución ineficiente de los recursos y retrasar las transformaciones necesarias para la readaptación del sistema económico. Un peligro, este último, especialmente relevante en un mundo en cambio como el que se espera que surja tras la pandemia.

"El sector empresarial que emerge de esta crisis no debería verse exactamente como antes, debido a los efectos permanentes de la crisis y la aceleración por la pandemia de tendencias existentes, como la digitalización. Los gobiernos deberían fomentar las transformaciones y ajustes empresariales necesarios o deseables en el empleo. Esto puede requerir cierta cantidad de 'destrucción creativa', a medida que algunas empresas se reducen o cierran y se abren otras nuevas, y cuando algunos trabajadores necesitan moverse entre empresas y sectores, con una capacitación adecuada y asistencia para la transición", resalta el citado informe del G30.

Conviene tener en cuenta, como destaca Fernando Escalante en 'Historia mínima del neoliberalismo' (Turner, 2015), que, frente a lo que se suele asumir, el neoliberalismo no es una ideología contraria a la intervención estatal. "Contra lo que proclaman algunos propagandistas, no pretende eliminar al Estado, ni reducirlo a su mínima expresión, sino transformarlo, de modo que sirva para sostener y expandir la lógica del mercado. O sea, que los neoliberales necesitan un nuevo Estado, a veces un Estado más fuerte, pero con otros fines", sostiene el sociólogo hispano-mexicano.

El intervencionismo público también puede servir para apuntalar las dinámicas previas

Esto obliga a cuestionarse si un mayor intervencionismo público en la actualidad vendría en menoscabo del sistema imperante o, por el contrario, serviría para apuntalarlo. No en vano, como resalta Luke Cooper, investigador asociado a la unidad de conflicto y sociedad civil de la London School of Economics (LSE), hasta el momento, "la intervención estatal se ha utilizado para proteger las estructuras existentes de inversión y financiación. Durante décadas, estas estructuras han beneficiado sistemáticamente al capital sobre el trabajo. La pregunta ahora es si estas intervenciones están diseñadas para cambiar estas estructuras y democratizar la economía o construir un capitalismo aún más rentista".

Si el libre mercado puede desembocar en situaciones traumáticas, el intervencionismo público no está a salvo de replicar ineficiencias semejantes y aún peores. "A medida que el Estado desempeñe un papel más importante en la economía posterior a la crisis, la cultura de 'sobornos y amiguismo' de los nuevos nacionalistas ofrecerá una alternativa tentadora a un modelo mucho más redistributivo", advierte Cooper. Incluso los sistemas de intervención pública, aparentemente más equitativos, han acabado generando unas élites extractivas que atentan en contra del principio de equilibrio social.

Como recuerda Domenech, la historia ofrece una clara guía del peligro que tienen las posiciones extremas, tanto las que propugnan un capitalismo sin cortapisas de cualquier tipo como las que apuestan por una economía dirigida desde las tribunas políticas. "Lo importante es gestionar bien. Necesitamos un mix adecuado, con un sector público que funcione bien y que facilite la iniciativa privada", observa el experto de BBVA Research, para quien "más que un cambio de modelo, de lo que se trata es de arreglar lo que no funciona", lo que en el caso de la economía española requeriría reformas para, entre otras cuestiones, solventar las ineficiencias estructurales del mercado laboral.

Si Thatcher defendía hace 40 años que no había alternativas a su programa económico neoliberal, la crisis del coronavirus parece haber abierto la puerta a ensayar una fórmula diferente. Una fórmula que, no obstante, se compone de unos ingredientes semejantes a los del modelo al que la controvertida gobernante británica vino a dar la puntilla cuando ya se encontraba socavado por unos resultados económicos desalentadores.

Se puede discutir si lo que está en marcha ahora representa un nuevo modelo o un simple ajuste del imperante en las últimas décadas y se puede adornar con los más diversos epítetos (capitalismo estatal, neokeynesianismo, capitalismo social, capitalimo verde...); pero será necesario que sea capaz de configurar unas reglas de juego diferentes si no quiere reeditar los errores que ya propiciaron una vez su caída.