El misterioso empeño de un abogado por acabar con el jefe de gabinete de González Laya

¿Por qué un abogado de Málaga está empeñado en que un juez de Zaragoza impute a un teniente general del Ejército del Aire y a un director general que fue jefe de gabinete de la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya? Ese es el objetivo, desde hace ya un par de meses, del letrado Antonio Urdiales Gálvez, de Torremolinos.

Desde su despacho en la avenida Carlota Alessandri, en Torremolinos, el abogado Urdiales considera que aquellos que permitieron la entrada de Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario, en España pudieron incurrir en prevaricación, encubrimiento y malversación. Los motivos que le han llevado a poner una denuncia son cuando menos confusos.

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Enfermo grave de covid, Ghali, de 72 años, llegó a la base aérea de Zaragoza el 18 de abril a bordo de un avión de la presidencia argelina. De ahí fue trasladado, junto con uno de sus hijos, hasta el hospital San Pedro de Logroño en una ambulancia del Servicio Riojano de Salud. Fue acogido en España “por razones estrictamente humanitarias”, según recalcó entonces Arancha González Laya, que era ministra de Asuntos Exteriores.

Ghali disponía de un pasaporte diplomático argelino, expedido a su nombre, que no tuvo que mostrar al desembarcar, como tampoco lo hizo su hijo, que fue su acompañante a bordo y que posee una tarjeta de residente en España. En el hospital, sí fue registrado por una persona con otra identidad. ¿Hizo ese trámite un activista saharaui o un agente de la Inteligencia argelina para ocultar su presencia? A día de hoy, no se sabe con certeza.

Esa omisión del control de pasaportes y de aduana es lo que ha dado pie a la denuncia de Antonio Udiales, que fue admitida a trámite por el juez Rafael Lasada, quien envió sendas providencias a Asuntos Exteriores y Defensa con preguntas sobre las circunstancias de la entrada de Ghali. De las respuestas obtenidas, queda claro que Camilo Villarino, que era entonces director de gabinete de González Laya, fue el alto funcionario que puso a punto la acogida del líder saharaui.

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Al teniente general Francisco Javier Fernández Sánchez, segundo jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, le indicó Villarino el 18 de abril que “no era preciso [someter a Ghali a un control de pasaportes], siendo esta respuesta perfectamente coherente con la práctica establecida y con la legislación vigente aplicable”.

Se trataba, prosigue el escrito de Villarino al magistrado, de un vuelo oficial para los que el reglamento de Schengen prevé excepciones. Cuántas veces este periodista no ha constatado en la base aérea de Torrejón (Madrid) que vuelos oficiales con, a bordo, presidentes del Gobierno y ministros españoles o delegaciones extranjeras desembarcaban sin pasar por control alguno aunque procedieran de fuera de la UE.

Aun así, el letrado Urdiales persiste en su empeño. Actúa por cuenta propia, explica al teléfono. “Soy yo mi propio cliente”, insiste. “Nadie me ha pagado un dirham [divisa marroquí] por poner esta denuncia”, prosigue. “Lo hago porque soy uno de los perjudicados” por la crisis entre España y Marruecos. “Estoy casado con una marroquí; tengo familia en Marruecos y no puedo ir a visitarles desde hace meses, como hacía antes con regularidad embarcando en Tarifa (Cádiz), a causa de esta crisis entre nuestros dos países”, concluye. No es la crisis sino la pandemia lo que provocó, ya en marzo de 2020, la interrupción por motivos sanitarios del tráfico marítimo para pasajeros a través del Estrecho.

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En una entrevista con los diarios digitales 'InfoTalQual', que se publica en Barcelona, y el marroquí 'Risalat al Oumma', Antonio Urdiales dio una explicación más política de su motivación a la hora de poner la denuncia. Consideró que España había “provocado un conflicto diplomático con Marruecos”. Fueron las autoridades marroquíes las que, en realidad, empezaron a tensar la cuerda con España cancelando 'sine die', el 10 de diciembre pasado, la cumbre entre los dos gobiernos.

Antonio Urdiales es un abogado controvertido. En el llamado caso Malaya fue, en 2010, el letrado del constructor Rafael Gómez, apodado 'Sandokán'. El diario 'Sur' de Málaga ensalzó entonces su actuación. Tiene una “cabeza privilegiada”, escribió. Siete años después, la 'Revista el Observador' narró 'in extenso' sus trifulcas con el Ayuntamiento socialista de Torremolinos que, cuando gobernaba el PP en la ciudad, le habría abonado casi 1,5 millones de euros a lo largo de 16 años por trabajos no siempre bien justificados. “Tengo las facturas de todo”, aseguró Urdiales a la revista.

Villarino fue designado por González Laya para ser embajador de España en Moscú. Diplomático de carrera, fue jefe de gabinete de esta ministra y de sus dos predecesores, Alfonso Dastis y Josep Borrell. Ahora, el nuevo jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, debería llevar su nombramiento al Consejo de Ministros, pero si Urdiales consigue que le imputen, es posible que el ministro renuncie a ello.

La Asociación de Diplomáticos Españoles publicó el jueves un comunicado en el que asegura “tener la certeza de que el Ministerio de Asuntos Exteriores (…) y la Abogacía del Estado llevarán a cabo una defensa firme en el plano judicial de la integridad profesional de nuestro compañero y de su honorabilidad”.

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Si Albares cede ante las maniobras diplomático-judiciales marroquíes, Rabat se habría así cobrado una segunda pieza, después de la propia ministra González Laya, cuya cabeza el presidente Pedro Sánchez ya ofreció al llevar a cabo la remodelación del Gobierno el 10 de julio. La ministra se había convertido en la bestia negra de las autoridades marroquíes por haber apostado por hospitalizar a Ghali en España y no comunicar de inmediato esa decisión a Rabat. Fue duramente atacada por su homólogo Nasser Bourita y por la embajadora marroquí, Karima Benyaich, que fue llamada a consultas a finales de mayo. Los términos que empleó esta última “deberían hacer imposible su regreso a Madrid como jefa de misión”, opinan varios diplomáticos españoles.

Pese a las maniobras de Urdiales en Zaragoza, pese a la renuncia de varios militares marroquíes a seguir este año el curso del Estado Mayor en Madrid, pese a las denuncias por Forbidden Stories del uso masivo del programa malicioso Pegasus por parte de un servicio secreto marroquí, el ministro Albares solo mencionó un país en su toma de posesión el 12 de julio: Marruecos. "Apuesto por reforzar las relaciones con Marruecos, gran amigo y vecino del sur", declaró. Aun así, a día de hoy aún no ha conseguido efectuar ese anhelado viaje a Rabat que supondría el principio de la reconciliación.