entre la pandemia y el desacuerdo

Crisis institucionales: el covid, Cataluña y el bloqueo político gripan España

Recorrido rápido por las crisis institucionales coincidentes, que se reflejan en la foto del acto de Barcelona, sin Rey, con un CGPJ en precario, una Fiscalía cuestionada y sin la Generalitat

Foto: El rey Felipe VI y Pedro Sánchez, en el Palacio de Marivent, en agosto. (EFE)
El rey Felipe VI y Pedro Sánchez, en el Palacio de Marivent, en agosto. (EFE)

Hay instituciones en crisis por la terrible pandemia del coronavirus y sus efectos; hay otras que están en crisis por la falta de reformas en 40 años de historia constitucional y hay otras que lo están por intervención política humana. Y en algunas de esas instituciones se mezclan todas esas causas hasta convertirlas en instituciones en estado crítico.
La imagen del acto de este viernes en la sede de la Escuela Judicial de Barcelona es algo más que la foto de un acontecimiento concreto y se convierte en la de la última cena de 'Viridiana', la película de Luis Buñuel.

La primera crisis afecta a la institución que no estuvo presente materialmente en el acto, pero sí políticamente: la monarquía.

El rey Felipe VI no ha estado presente en el acto de entrega de diplomas a los nuevos jueves porque Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha decidido que no es oportuno que el Rey esté en Barcelona, en un acto con jueces, mientras se ultima la sentencia que condenará al presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, y le sacará de su cargo.

El presidente del Gobierno quiere ahora apaciguar y desescalar la tensión en Cataluña y consideraba que la presencia del Rey en ese acto era un obstáculo.

La primera crisis de la monarquía es la que se resume en la presencia del rey emérito en Emiratos Árabes, mientras la Fiscalía del Tribunal Supremo estudia si es posible abrir un procedimiento penal contra él. Pero los ciudadanos ya saben que Juan Carlos I, jefe de Estado durante cuarenta años, tenía dinero opaco que movía en paraísos fiscales como Suiza. Hay ya certeza porque su hijo y actual Rey lo admitió en un comunicado y él mismo lo ha hecho en dos cartas en las que hacía referencia al dinero que entregó a su amante.

Su crisis se materializa también en la extraña situación de que los viajes del jefe de Estado a una zona concreta del Estado esté rodeada de controversia y polémica. Hace meses, cuando visitó todas las comunidades autónomas con motivo de hacerse visible durante la pandemia, su presencia en Cataluña se limitó a una estancia de horas en un monasterio y sin presencia de autoridades locales. El monarca sólo se reunió con los monjes.

Este mismo viernes, uno de los portavoces de Unidas Podemos, Jaume Asens, aseguró que ojalá que el Rey no vaya nunca a Cataluña por su discurso del 3 de octubre de 2017. Unidas Podemos forma parte del Gobierno central.

Los reyes Felipe y Leitizia visitan el Monasterio de Poblet como único acto de su agenda en Cataluña. (EFE)
Los reyes Felipe y Leitizia visitan el Monasterio de Poblet como único acto de su agenda en Cataluña. (EFE)

La crisis de la institución se cruza con la intervención de otras. Porque el presidente del Gobierno veta su presencia en el acto de Barcelona, provocando una situación sin precedentes; el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, anuncia que su partido tendrá como objetivo cambiar la forma de Estado hacia la república y el poder legislativo tiene en este momento más representantes que nunca de partidos que cuestionan la monarquía.

Eso hace que el orden del día del Congreso incluya debates sobre la institución que representa el Rey como la de esta semana a propósito de una iniciativa de Unidas Podemos, uno de los partidos que forman el Gobierno, sobre la necesidad de preguntar a los españoles sobre la monarquía.

Las controversias del poder judicial

En la foto de este viernes en Barcelona está también Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, acompañado por el ministro de Justicia del Gobierno, Juan Carlos Campo. (EFE)
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, acompañado por el ministro de Justicia del Gobierno, Juan Carlos Campo. (EFE)

Sin entrar en polémicas concretas sobre decisiones judiciales determinadas, Lesmes preside una institución cuya forma de elección sigue siendo controvertida y cuestionada por una parte del Parlamento.

También ha estado sometida a controversia desde años por el uso que han hecho los partidos, por ejemplo, porque nombraron vocales a sus diputados o porque pactaron el nombre de su presidente para imponérselo a sus miembros que son los que deben elegirlo en su primera reunión. Un mensaje de un portavoz del PP en el Senado explicó perfectamente el alcance de ese acuerdo y lo que supone de manejo de la institución.

Y, además, como el líder del PP, principal partido de la oposición, se niega a acordar su renovación como exige la Constitución, el CGPJ está en precario desde hace varios años y en esa situación de falta de legitimidad hace nombramientos decisivos en la cúpula judicial.

No consta que los 20 vocales actuales vayan a dimitir para forzar su renovación.

Algo parecido ocurre con otras instituciones que tienen capítulo propio en la Constitución, como el Defensor del Pueblo, que tiene al frente en funciones a Francisco Fernández Marugán desde hace ya tres años. Tampoco se atisba el final de esa situación de precariedad y crisis institucional.

En la foto del acto de Barcelona se aprecia también la ausencia del presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, que se excusó tras conocer que no estaría el Rey. En si mismo ese hecho ya constituye una parte más de la crisis institucional.

Se suma al hecho de que cuatro magistrados del Tribunal Constitucional quedan también en precario porque el PP también se niega a pactar su renovación. Y eso que en este caso el acuerdo es fácil: dos propuestos por el PSOE y dos propuestos por el PP. Por cierto, que uno de esos magistrados debe comparecer en breve como imputado en el Tribunal Supremo, acusado de malos tratos a su mujer.

Sánchez explicó hace meses que la Fiscalía depende de él y, aunque rectificó, reflejó así los defectos de fábrica de la institución

Del funcionamiento del Constitucional da idea el dato de que un recurso concreto, el presentado contra la ley del aborto, lleva 11 años en un cajón. Y eso que ese tribunal acepta cada día recursos contra resoluciones de otros tribunales por dilaciones indebidas.

En la foto está también la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado. Un día antes, la principal asociación de fiscales (AF) hacía un comunicado en el que se dice que “nunca se ha dado una situación como la actual, con el mayor descrédito de la carrera fiscal, que nace con el nombramiento, sin solución de continuidad, de la diputada del PSOE y ministra de Justicia, como Fiscal General, y llega hasta la actualidad, en la que hemos tenido que sufrir los ataques que desde la figura del número dos de la carrera se han vertido sobre los compañeros, ante el silencio cómplice de la señora Delgado”.

La institución siempre ha sido controvertida, porque su diseño institucional no siempre es entendido. De hecho, el actual presidente del Gobierno explicó hace meses que la Fiscalía depende de él y, aunque días después rectificó, reflejó así los defectos de fábrica de la institución, que ni el presidente del Gobierno tiene claro. O sí.

A eso hay que sumar las decisiones polémicas durante 40 años y ahora lo que se considera pecado original de la actual etapa: el paso de la cartera ministerial y el escaño partidario directamente a la FGE. De hecho, se ve obligada a abstenerse de participar en asuntos que afectan al Gobierno.

Más recientemente, la crisis ha estallado porque el número dos de la Fiscalía, Luis Navajas, ha acusado a destacados miembros de la carrera, entre ellos una exFGE y hoy fiscal del Supremo, de presionarle. Lo hizo con expresiones como “tropa” dirigida a su compañeros. Esa pelea institucional promete seguir viva durante un tiempo.

Carlos Lesmes, el Rey y Dolores Delgado, en el acto de inauguración del año judicial. (EFE)
Carlos Lesmes, el Rey y Dolores Delgado, en el acto de inauguración del año judicial. (EFE)

En la foto del acto no está el presidente de la Generalitat de Cataluña porque desde hace tiempo no acude a este tipo de acontecimientos institucionales. Hay un expresidente viviendo en Waterloo para no ser encarcelado por sedición, como algunos compañeros del proceso independentista, y el actual presidente está esperando confirmación de su condena por desobediencia que le aparta del cargo.

De esa forma, las instituciones catalanas quedarán en crisis por falta de presidente y a la espera de que en unos meses se celebren elecciones autonómicas y en plena pandemia.

Y el Gobierno central busca una fórmula, con un cambio legal o con indultos, para excarcelar a los condenados por ese proceso independentista, en busca de un acuerdo que ponga fin a esa crisis institucional. Y el PP anuncia que lo recurrirá.

El acto es retransmitido por RTVE, que tiene una administradora provisional desde hace dos años y no tiene Consejo de Administración por falta de acuerdo de los partidos y porque dejaron sin acabar un concurso que iniciaron ellos mismos.

Defectos que parecían ocultos

El panorama institucional se puede completar con efectos directos de la pandemia como la propia gestión de la crisis sanitaria o la dificultad de la administración para tramitar medidas sociales urgentes como el Ingreso Mínimo Vital o los ERTES.

La pandemia ha deteriorado también las instituciones y ha puesto de manifiesto defectos que parecían ocultos.

Hay gobiernos autonómicos como el de Madrid que admiten estar desbordados por el coronavirus y denuncian falta de instrumentos legales para hacerle frente. Y sólo cuatro días después de crear un "espacio de entendimiento" con el Gobierno central, ya discrepan ambas instituciones sobre las medidas contra la pandemia. La crisis institucional, en este caso, se manifiestan en la resistencia de las dos administraciones en ir a medidas más drásticas para no asumir el desgaste político. Como dijo el domingo en ABC en consejero de Sanidad, pedir el estado de alarma sería "claudicar".

El Parlamento arrastra la negativa a renovar su funcionamiento, celebra plenos teatrales y aprobó hace meses conclusiones de una Comisión de Reconstrucción que no se han implementado. Ni procede a la renovación de las instituciones por negativa del segundo partido en número de diputados.

A su vez hay graves escándalos que afectan a esos partidos y uno de ellas, el llamado caso Kitchen, se refiere al uso de las Fuerzas de Seguridad del Estado para actividades parapoliciales que buscaban ocultar pruebas. La Guardia Civil tuvo su propio escándalo hace meses y aún tiene pendiente algún proceso judicial. Y no hay ninguna comisión independiente que haga una auditoría sobre el funcionamiento del Estado durante la pandemia.

Salimos más fuertes.

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