Marejada en la Fiscalía tras el informe que pide exculpar al Gobierno por el covid

El informe presentado este martes por la Fiscalía ante del Tribunal Supremo ha levantado críticas entre varios miembros de la carrera que consideran que su tono confirma los peores temores que provocó la elección de la exministra de Justicia Dolores Delgado al frente de la institución. Representantes del Ministerio Público consultados por El Confidencial lamentan tanto el fondo como la forma del escrito en el que se sienta el criterio sobre la gestión del Gobierno frente al Covid, observan una excesiva defensa del modo de proceder del Ejecutivo ante la pandemia y dudan de que el alto tribunal atienda esta solicitud automática y general de archivo de todos los procedimientos que se dirigen en su contra.

Respecto a la forma, la herida sangra por la negativa de la fiscal general de recabar el criterio técnico de la Junta de Fiscales antes de pronunciarse sobre las consecuencias de la gestión del Gobierno. Un sector del Ministerio Público clamaba desde hace meses por armar el informe con el apoyo y la recomendación de la cúpula fiscal. La propuesta fue descartada por Delgado que encargó la valoración al teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas. El resultado de la decisión es un informe en el que, muchos, ven una influencia directa de la fiscal general que se abstuvo formalmente del conocimiento del asunto.

La propia Fiscalía General se ocupó de explicar tras hacerse público el informe que conforme a los artículos 15 y 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, no resulta competente la Junta de Fiscales de Sala para su elaboración. En lugar de reunir a la Junta, en la que se sientan voces discrepantes, se prefirió que en la elaboración del informe colaboraran el fiscal jefe de lo Penal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos y la fiscal delegada en materia de Tutela y Protección de los Intereses de las Víctimas en el proceso penal, Pilar Fernández Valcarce.

Fiscales consultados lamentan la decisión que ha alentado, con razón, las críticas de falta de apariencia de imparcialidad, no ya de Delgado, también de la institución. "La Fiscalía no está para defender al Gobierno", se quejan. Otros señalan el golpe para el prestigio y la confianza que supone esta solicitud de "carpetazo sin más" y la absoluta carencia de un esfuerzo de mínima investigación en aquellas querellas que lo merecían. "Han tratado de apagar el fuego pero lo han avivado", dice uno de ellos.

La 'marejada' venía intuyéndose desde hace meses. La Asociación de Fiscales reclamó públicamente que, en aras de la complejidad y trascendencia que se adivina en los procedimientos derivados de las denuncias y querellas se convocara a la Junta para garantizar el rigor técnico-jurídico de los informes. También pedían una abstención de Delgado expresa y reflejada por escrito, que no se ha producido.

Lagunas técnicas

A este malestar se une la convicción de algunos de que este "intento de exculpación general del Ejecutivo" no será atendido por completo por el Supremo. Fiscales consultados ven encaje penal en algunas de las querellas presentadas y se refieren en concreto a la cursada por los sindicatos médicos por la carencia de material de protección y sus consecuencias. Aseguran que se dan en el informe evidentes "lagunas técnicas" que la Sala de lo Penal, la que debe decidir, no asumirá sin más.

En el informe en cuestión, la Fiscalía solicita el archivo de las primeras 20 querellas interpuestas contra los miembros del Gobierno por la gestión de la crisis del covid-19. Pide la inadmisión de todas ellas. A lo largo de 300 páginas analiza cada caso y llega a la conclusión de que no se ha acreditado prueba suficiente en ningún supuesto ni se ha demostrado que exista una relación causa efecto entre decisiones políticas o de la Administración y las muertes por el virus. Argumenta que no es lógico pensar que todos, al margen de su ideología política, fueran negligentes. Defiende que la actuación fue "idónea y razonable para contener la pandemia". En los casos en que observa indicios de responsabilidad, la atribuye a terceros ajenos al Gobierno.

A esta veintena de querellas ya valoradas se suman 36 denuncias dirigidas contra el presidente del Gobierno y otros miembros del Ejecutivo, así como presidentes de comunidades autónomas, entre ellos, la madrileña Isabel Díaz Ayuso por la gestión de las residencias, sobre las que aún no se ha informado. Todas, tanto querellas como denuncias, van contra cargos con fuero, es decir, su investigación y en su caso enjuiciamiento son potestad del Tribunal Supremo. El contenido de la veintena ya valorada por la Fiscalía se refiere, sobre todo, a la supuesta vinculación entre decisiones de esas autoridades y la transmisión del coronavirus. Por ejemplo, por falta de material de protección o por el momento tardío en que se decretó el estado de alarma. También se analiza la manifestación del 8-M el fin de semana anterior a la declaración del estado de alarma